Invertir en la atención a la salud materna es prioritario para el desarrollo humano, por lo que es urgente revertir la tendencia de reducir el gasto en salud y la que busca debilitar los servicios públicos a favor de su privatización, sostiene la investigadora Martha A. Castañeda.
En el estudio El presupuesto para reducir la muerte materna en Oaxaca: Seguimiento al Programa Arranque Parejo en la Vida, sostiene que de continuar con la política de colocar bases deficientes para atención a las más pobres, será mayor la discriminación social y de género en nuestro país.
La integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población-Oaxaca explica que la investigación muestra que además de la reducción del presupuesto en salud, en esa entidad se invierte más en patrullas que en ambulancias y más en policías que en personal médico, lo que favorece los rezagos en atención a la salud con un alto costo para las mujeres.
Indica que entre 1999 y 2002, el personal médico de las instituciones públicas de salud de Oaxaca disminuyó en 3.8 por ciento y el número de policías aumentó 40.7 por ciento, por lo que en 2002 había en esta entidad un médico o enfermera por cada mil 17.8 personas y un policía por cada 311.2 habitantes.
Castañeda añade que durante ese mismo periodo se adquirieron con recursos municipales y de la beneficencia pública 50 ambulancias, en tanto que se compraron 450 vehículos para las corporaciones policíacas con recursos federales y estatales, lo que plantea la necesidad de una distribución del presupuesto de manera equitativa.
LA MUERTE MATERNA
En su investigación, la también integrante del Centro para los Derechos de las Mujeres Nääxwiin indica que el gobierno mexicano no ha podido cumplir con el compromiso de reducir en 10 años la tasa de mortalidad materna a la mitad, a pesar de que es uno de los países latinoamericanos con el Producto Interno Bruto más alto y que pertenece a la Organización Mundial de Comercio.
Martha Castañeda expuso que son las mujeres indígenas las que menos han merecido la atención de los gobiernos federal y estatal, en especial en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde las tasas de mortalidad materna en 1999 doblaron y hasta quintuplicaron la media nacional.
Esta situación, dice, está relacionada con la falta de cobertura y calidad de los servicios de salud, originado por presupuestos bajos para la atención médica en las comunidades y que origina altas tasas de muerte materna.
Describe que 90.6 por ciento de las mujeres que fallecieron durante 2000 y 2002 no tuvieron derecho a la seguridad social, sólo estaban cubiertas por los servicios de la Secretaría de Salud (SS) o del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Otro problema es que la atención del embarazo y parto en hospitales de la SS en Oaxaca cuesta, entre gastos directos e indirectos cerca de cuatro mil 621 pesos, cantidad que resulta casi inalcanzable para la población cuyos ingresos mensuales van de cero a dos mil 400 pesos.
Aunado a ello, estos hospitales carecen de la infraestructura necesaria, no disponen de transporte en caso de emergencia, ni tienen dinero para cubrir los gastos de gasolina y honorarios del chofer.
Martha Castañeda afirma que los datos que hablan de la imperiosa necesidad de invertir en transporte de emergencia es que de 2000 a 2002 41.4 por ciento de las mujeres fallecieron en un hospital, 52.6 por ciento en su casa y seis por ciento durante el traslado a la clínica y al hospital.
También sostiene que los servicios de salud de la entidad cuentan sólo con 39 ginecobstetras para 11 hospitales, que atienden a 856 mil 547 mujeres en edad reproductiva, lo que satura los servicios.
ARRANQUE PAREJO
El programa Arranque Parejo en la Vida (APV) pretende reducir en 30 por ciento la tasa reportada en 2000 y alcanzar una tasa de 47 en 2006 en Oaxaca, el problema es que este programa se lleva a cabo sin focalizar los municipios de atención prioritaria, se realiza con la infraestructura existente y lo que es peor aún sin partida presupuestal.
Castañeda advierte que entre los resultados de la investigación encontró que el Fondo de Apoyo para Servicios de Salud Asistenciales (FASSA), asignado por la Federación al estado de Oaxaca, no contempló partida alguna para infraestructura básica para 2002 y 2003.
En los años anteriores se redujo el presupuesto en los rubros de atención a la salud materna, el de medicamentos (27 por ciento) y el de mantenimiento de instalaciones, equipo y vehículos (46 por ciento).
La investigadora de Nääxwiin apunta que FASSA reproduce la inequidad, pues mientras a Oaxaca le destina poco más de 17 millones de pesos, a Nuevo León (con una tasa de mortalidad materna tres veces menos a la de Oaxaca) 40.8 por ciento más de presupuesto, es decir casi 24 millones de pesos.
En ese sentido, insiste Castañeda es necesario revisar las fórmulas de asignación de los fondos para que el reparto sea más equitativo, pues considerando sólo a la población que no tiene seguridad social, Oaxaca obtuvo fondos por casi 382.77 pesos per cápita y Nuevo León, pese a sus mejores condiciones de salud, dos mil 289 pesos por habitante.
PRIVATIZACIÓN: UNA AMENAZA
Castañeda, autora de la investigación, informa que hay una fuerte tendencia a privatizar los servicios públicos de salud y como ejemplo cita que en el año 2000 el área de salud reproductiva de los servicios de salud de Oaxaca ejerció cerca de nueve millones de pesos del presupuesto federal.
Para los dos años siguientes no contó con presupuesto alguno, pero por gestiones de los directivos se consiguieron donaciones de anticonceptivos, así como apoyos para el Programa de Ampliación de Cobertura y Progresa.
Para 2003, añade, se fijo un presupuesto irreductible, aunque insuficiente de 300 mil pesos, «en Oaxaca el apoyo más directo que se ha recibido del APV para allanar el camino hacia la disminución de la mortalidad materna, es el equipo médico donado por Teléfonos de México con una inversión superior a 10 millones pesos y que se distribuyó en diversos hospitales».
Preocupa, puntualiza la investigadora, la recomendación que hiciera el Banco Mundial al gobierno mexicano de aumentar «moderadamente» los recursos federales a los tres estados más pobres: Oaxaca, Chiapas y Guerrero, bajo la condición de evaluar la eficiencia en l2 programas de salud, pero sin considerar el presupuesto, lo que ubica a Oaxaca en los tres últimos lugares de eficiencia.
Sin embargo, una evaluación hecha por los servicios de salud de Oaxaca con los mismos datos, pero incorporando la variable presupuesto, colocó al estado de Oaxaca en los tres primeros lugares de eficiencia, es decir, se hace mucho con muy poco.
04/SJE/GBG
