Para una mujer, migrar por la frontera sur de México, entre Chiapas y Guatemala, significa asumir un atentado sexual forzado, y en ocasiones tener conciencia de que el cuerpo puede ser usado como una forma de negociación para continuar la ruta hacia Estados Unidos, dijo la experta en migración Ana Silvia Monzón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Guatemala.
Incluso, agregó, el cuerpo femenino se usa para conseguir más dinero con el mismo fin: continuar la ruta migratoria.
Carolina Rivera Farfán, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señaló que las niñas, los niños y adolescentes migrantes son una población que enfrentan escenarios de riesgo y mayor vulnerabilidad al viajar solos o acompañados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta que cada año México deporta entre 5 y 8 mil niñas y niños de Centroamérica que viajan acompañados y solos, cuyo objetivo era llegar a EU o encontrar un empleo que les permitiera subsistir y a la vez estar cerca de su país de origen.
Monzón remarcó la necesidad de que Guatemala y México realicen a la brevedad una inversión más fuerte para fortalecer las investigaciones políticas, económicas y culturales del fenómeno migratorio, a fin de enfrentar el problema desde una perspectiva de género y de total respeto a los Derechos Humanos (DH)
Para la especialista, la vivencia migratoria es diferente para una mujer mestiza, indígena monolingüe o una niña indígena.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur Martha Luz Rojas Wiesner, explicó que muchas migrantes centroamericanas se ven obligadas a desempeñarse en el comercio sexual, como una labor que les permita seguir migrando hacia el norte del país.
Sin embargo, acotó, están en riesgo latente de caer en las redes de explotación sexual comercial: "Son chantajeadas de que serán denunciadas para que las deporten a sus países de origen, si no complacen a los consumidores que les exigen tener relaciones sin condón". La violación sexual es otra situación que enfrentan las mujeres y las niñas en su paso por la frontera sur.
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), las inmigrantes llegan a Chiapas como refugiadas políticas o por ser víctimas de violencia doméstica.
Los empleos más frecuentes para las mujeres migrantes en los 18 municipios fronterizos de Chiapas, son como jornaleras agrícolas y trabajadoras del hogar, y como meseras en bares y cantinas, o son víctimas de trata laboral y sexual.
El Imumi reseña que las mujeres inmigrantes en territorio mexicano son víctimas también de violencia física y sexual, sufren la separación de los hijos u otros familiares, extorsión, robo, detención arbitraria, amenazas de deportación, accidentes en el cruce y xenofobia.
Además carecen del acceso a la justicia, pues muchas veces les es negada la regularización migratoria con autorización para trabajar, su derecho a una identidad y a la educación tanto de ellas como de sus hijos e hijas.
Para colmo se les obstaculiza el acceso a los servicios especiales para mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar.
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