Hay que avanzar en la despenalización de la prensa, detener la impunidad y la inacción de las instancias de justicia en casos de periodistas agredidos, regular las radios comunitarias y poner atención en la desprotección laboral en la que viven las y los trabajadores de la comunicación, afirmó Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Al participar en la conferencia «Perspectivas sobre libertad de expresión», el funcionario agregó que el primer punto en la agenda de la CDHDF en cuanto a libertad de expresión es el tema sobre las extraordinarias amenazas que las y los periodistas están viviendo actualmente en nuestro país, aun «el segundo más peligroso del mundo para ejercer el periodismo» recordó.
Dijo que la «impunidad» es la generadora de la victimización de periodistas y la revictimización en la sociedad completa. En 2008, agregó, vimos 14 tipos de agresiones contra periodistas, y este año llevamos tres.
Recordó en este sentido casos como el allanamiento a las instalaciones de la revista Contralínea, así como el de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el asesinato de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez, en Oaxaca, a los que hasta ahora acompaña la impunidad.
A la conferencia asistió el doctor Frank La Rue Lewy, Relator Especial de libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien aseveró que la democracia debe rescatar la libertad de expresión, el derecho de decir lo que muchos no quieren oír.
La Rue, de nacionalidad guatemalteca, planteó las necesidades sobre libertad de expresión que se han planteado desde una perspectiva mundial y celebró que en este momento existan dos Relatores latinoamericanos, refiriéndose a él mismo y a la doctora Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ofrecerán una visión diferente y alianzas para las acciones, dijo.
Destacó la importancia de vincular el acceso a la información con el acceso a la comunicación, derechos que deben ser garantizados por el Estado para todas y todos.
COMUNICACIÓN INDÍGENA CONTRA LA POBREZA
En este sentido, explicó como la garantía de dotar a la población indígena de comunicación electrónica podría combatir la pobreza extrema además de la falta de información y comunicación en estas comunidades que tienen el derecho, dijo, de reproducir su lengua, pensamientos y cultura.
Es por esto, finalizó, que la alternativa ante los fundamentalismos es el pensamiento plural, la multicultura y la libertad de expresión para todas y todos.
Así mismo, la Relatora Botero Marino, coincidió en la importancia del pluralismo y la diversidad en el trabajo de darle voz a los grupos que no la tienen.
Por otro lado, señaló también la importante necesidad de proteger a las y los periodistas del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pues no necesitamos penas crueles contra los agresores sino «eficaces».
Igualmente se refirió al uso del derecho penal y algunos tipos de censura «sutil» utilizados en la actualidad para inhibir la libertad de expresión, tanto de las y los periodistas como de quienes defienden los derechos humanos.
Por su parte el maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su participación sobre La protesta, los derechos humanos y la libertad de expresión, opinó que «la libertad de expresión debe ser un rasgo característico de una sociedad democrática».
Explicó cómo las protestas y movilizaciones sociales son el espacio de expresión y participación social para grupos en situación de exclusión o vulnerabilidad.
«Sin estas protestas, el Estado posterga la solución de los problemas… son necesarios los espacios de participación». Por otro lado, dijo que uno de los obstáculos es que estas protestas se utilizan como pretexto para militarización y el hostigamiento judicial.
Finalmente la coordinadora de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y defensora del televidente de Canal 22, doctora Gabriela Warkentin de la Mora, se refirió a la importancia de crear públicos críticos por medio de este tipo de defensorías.
En algunos países como Colombia, afirmó, esta defensa a la audiencia es por Ley, y en nuestro país Canal 22 es de los únicos que lleva a cabo estas acciones de participación ciudadana.
«Hay una enorme necesidad de la gente de decir cosas y sentir que son escuchados» explicó, y debido a esto, hemos registrado mensajes de la audiencia mejor articulados y con más crítica por lo que es importante decir que la audiencia tiene también derechos, finalizó.
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