Por una ley que tipifique el abuso, tráfico, turismo y explotación sexual de las y los menores, así como el castigo severo de los culpables de las atrocidades, se pronunció Claudia Agreda, defensora de la niñez y adolescencia de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG).
La normativa regularía un castigo específico para aquellos extranjeros que visitan el país con el fin de contratar esta clase de servicios, dijo.
A juicio de la activista, el abuso sexual no está tipificado. El artículo 200 del Código Penal establece sanciones al proxeneta que ascienden hasta los tres mil quetzales, dinero que han adquirido previamente, a través del abuso de varias jovencitas; esta situación avala la hipótesis de que el Estado no tiene la menor intención de combatir los excesos.
En opinión de Agreda, se necesitan políticas públicas favorables a la niñez y la juventud, así como para su núcleo familiar; «si el Gobierno de la República garantizara las necesidades básicas de los menores, sobre todo la educación, éstos sabrían qué hacer en situación de abuso y maltrato sexual».
El turismo sexual es un concepto desconocido para muchos guatemaltecos; actualmente se presume que unos dos mil niños, niñas y adolescentes, trabajan en lugares que figuran como empresas de masajes o centros naturistas, donde los inducen a satisfacer sexualmente a extranjeros, en muchas ocasiones homosexuales y que pagan hasta 400 dólares por los Servicios (más de 4 mil pesos mexicanos), dice un diario local.
La forma de operar es cuando los extranjeros salen del aeropuerto o los hoteles y preguntan por nombres, así como las tarifas de los prostíbulos; los taxistas organizados saben reconocer a los victimarios, quienes proveen de información y servicios a los visitantes, señalo la publicación.
A la extrema pobreza y desintegración familiar, se añade que Guatemala es ruta obligada para sudamericanos, centroamericanos y asiáticos con destino hacia los Estados Unidos; durante el intento niños y niñas se involucran en la prostitución, dijo la relatora de las Naciones Unidas, Ofelia Calcetas, por medio de un informe especial sobre la situación del país.
Según datos del Plan Nacional contra la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, 15 mil infantes laboraban en la prostitución hasta el 2001, mismo hecho que generaba unos siete millones de dólares anuales.
2004/GV/SM
