Es urgente que la sensatez Republicana mueva conciencias y se den los pasos necesarios para promover un nuevo pacto social entre gobernantes y gobernados, entre el poder político y ciudadano en nuestro país.
Sería desastroso que en medio de una regresión autoritaria y de los fallidos intentos por avanzar en la reforma del Estado y en la democratización nacional, la ciudadanía se contraiga ante un «hartazgo» a todas luces previsible, si las cosas siguen como van.
Son algunas de las ideas que tuvieron lugar en el Foro Nacional de Derechos Humanos promovido por la organización civil «Colectivo por la Democracia» de Oaxaca, con el auspicio de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; a la luz de la problemática social y política que priva en el país y en particular en tres estados con mayores desafíos y rezagos en progreso, justicia y seguridad: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Ante un Ejecutivo Federal que se empeña en trabajar más para la sucesión partidista y su retirada; ausente de los problemas que le aquejan a la mayoría de las familias mexicanas y más preocupado por su imagen superficial; persistente en la confrontación contra todos y contra el Congreso de la Unión; carente de firmeza y decisión en la defensa de nuestras fronteras y de los derechos humanos de las personas que sufren a diario la violencia, la discriminación y la desigualdad social y de género, al interior y exterior del país.
Un Congreso donde los partidos políticos no han tenido la capacidad ni la voluntad política para derrotar a los poderes fácticos que tiene establecidos muy bien sus tentáculos, pululando por los escaños de ambas Cámaras para evitar a toda costa cambios que alteren sus beneficios, sus controles políticos y la acumulación de privilegios y de dinero.
Así, estamos ante un proceso electoral federal que puede sufrir un desenlace conflictivo con una concomitante desmoralización ciudadana que aliente el abstencionismo; sin reformas mínimas para hacerle frente al despilfarro preelectoral y electoral, sin avances en el fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del órgano electoral y ni regular la contratación de radio y televisión, y por si esto fuera poco, el Ejecutivo Federal quiere hacer creer a la ciudadanía que existe «un blindaje de los programas sociales», para que no sean utilizados políticamente por servidores públicos e intereses particulares. Esta claro, se trata más de palabrerías que de hechos, porque por más denuncias que se fundamentan en tiempo y forma, ninguna resulta procedente.
Los acontecimientos de los últimos meses, donde el crimen organizado se burla de las autoridades y ponen al descubierto la fragilidad en que se encuentra nuestra nación, requieren que cerremos filas tanto los tres poderes como la sociedad organizada, coincidiendo en algunos puntos que son del interés nacional. La seguridad y el bienestar general debe de ser el detonante de un «gran acuerdo» para evitar el descarrilamiento y el colapso de este país.
*senadora
[email protected]
05/LB/GM
