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Urgen medidas cautelares para Patricia Paniagua, sobreviviente de tortura

Por Isaín Mandujano
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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares a favor de Patricia del Carmen Paniagua Gómez, quien está en prisión y en peligro, tras la tortura a la que fue sometida cuando fue detenida.
 
Paniagua Gómez, recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, desde el 7 de abril de 2014, es sobreviviente de tortura física y psicológica, realizada por hombres armados en presencia de agentes del Ministerio Público, durante su detención arbitraria en Teopisca, luego en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio, ubicada en esta capital.
 
A los tres meses de haber ingresado a prisión fue diagnosticada con diabetes mellitus, una enfermedad crónico-degenerativa que le ha generado somnolencia y fatiga, entre otras afectaciones. Sin embargo, señaló el Frayba, las autoridades del CERSS No. 5 no le han brindado la atención médica adecuada, ni los medicamentos necesarios para controlar su enfermedad, pese a las denuncias y solicitudes que ha hecho la misma interna.
 
Según el informe médico del especialista en atención a sobrevivientes de tortura, entre las causas que detonaron la enfermedad resalta el estrés postraumático por la tortura, así como las condiciones de reclusión que afectan el buen control metabólico de las personas que cursan esa enfermedad y la prevención de complicaciones.
 
Ante la inadecuada e insuficiente atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, “hay un descontrol metabólico y una persistencia de síntomas psiquiátricos que afectan de manera negativa” el estado de salud general, que ponen en riesgo inminente la vida y la integridad física y psicológica de Patricia, ya que en cualquier momento puede caer en un coma diabético y/o perder la vida”, puntualizó el Frayba.
 
ATENCIÓN MÉDICA Y EXCARCELACIÓN
 
Las medidas cautelares se solicitaron ante la CIDH “por el riesgo inminente a la vida y daños irreparables” para la interna, explicó el Frayba, y urgió al Estado mexicano a adoptar sin dilación las medidas que salvaguarden la salud física y mental para Paniagua Gómez.
 
Asimismo, que tome en cuenta los derechos de las personas detenidas y las reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, con énfasis en los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Para).
 
“De manera urgente se debe brindar atención médica adecuada e integral de segundo o tercer nivel para el seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 de Patricia del Carmen Paniagua Gómez”, insistió el organismo de derechos humanos.
 
Y señaló que, por las condiciones de hacinamiento, debe considerarse la excarcelación por motivos de salud, debido a que la reclusión afecta de manera negativa el seguimiento, prevención y tratamiento de posibles complicaciones.
 
LA DETENCIÓN
 
El 7 de abril de 2014, Patricia del Carmen Paniagua Gómez y María del Rosario Zolano González fueron detenidas junto con Margarito Benjamín Zolano González, en la cabecera municipal de Teopisca, sin que se presentara una orden de aprehensión.
 
Las tres personas fueron torturadas y acusadas de la muerte de Manuel Velázquez Hernández, líder de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), cuyo cadáver fue hallado en el basurero municipal de Teopisca el 18 de febrero de 2014.
 
“La detención arbitraria y la tortura de Patricia del Carmen Paniagua Gómez se da en un contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos en contra de población vulnerable”, afirma el Frayba.
 
También en abril de 2014, en Teopisca, “se detuvo arbitrariamente a David Hernández Gómez y a Margarita Gómez López, a quienes les dictaron sentencias condenatorias bajo pruebas ilícitas y graves violaciones al debido proceso. En este caso también hubo tortura para obtener una declaración inculpatoria”, subrayó el Frayba.
 
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