Urge que los ministerios públicos del ámbito familiar tomen en cuenta las medidas de protección o cautelares a mujeres que viven en violencia doméstica, a fin de prohibir que el agresor siga dañándolas, coincidieron especialistas en violencia familiar.
Durante el Seminario «Las necesidades de las víctimas de violencia familiar», organizado por la Dirección de Atención y Prevención de la violencia familiar del Gobierno del Distrito Federal (GDF), las especialistas lamentaron que las medidas de protección no sean tomadas en cuenta por las y los jueces, pues ello permitiría romper abruptamente con el problema y permitiría a las mujeres enfrentar su situación familiar.
Adriana Ortega, coordinadora del área legal de la organización que promueve el respeto de las mujeres, IPAS-México, y la psicoterapeuta, María Cristina Bottinelli, argumentaron que las tareas de prevención, detección y evaluación del riesgo son muy importantes, en términos de lo que en derecho se llama prevención particular.
Al respecto, Ortega dijo que éstas medidas son fundamentales para evitar que una persona siga sufriendo violencia y lograr la intervención oportuna de los agentes de procuración de justicia, además que las decisiones judiciales pongan a salvo a las víctimas.
En México, dijo, no hay una unificación en la legislación en esta materia, pues en cada estado las medidas de protección se aplican si la víctima así lo requiere.
Por ello -abundó-, se requiere que los jueces determinen desde que se presenta una denuncia por violencia familiar la aplicación de estas medidas para salvaguardar los derechos de la victima.
Ortega dio a conocer que existen albergues que están disponibles en algunos estados y que son administrados por el gobierno y por instituciones no gubernamentales, los cuales funcionan con algunas reglas de admisión y permanencia para mujeres que han sufrido violencia.
La activista dijo sin embargo que ello representa alejarlas de sus domicilios y privarlas temporalmente de su libertad, mientras que el victimario se queda «tranquilamente en su casa».
De acuerdo con la fracción sexta aparatado D del artículo 20 Constitucional, la víctima tiene entre otros derechos, el de solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.
Estas medidas están disponibles mediante dos vías, la penal y la civil. Los jueces no las otorgan con la inmediatez posible porque están sujetas a la duración del proceso en cuestión el cual puede durar meses, concluyó la coordinadora del área legal de IPAS-México.
En México, 47 de cada 100 mexicanas sufre algún tipo de violencia en el hogar, reveló la reciente encuesta realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
2004/JG/GV
