El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López, se pronunció por políticas públicas destinadas a las mujeres campesinas, tendientes a revertir la desigual distribución de los recursos que aún persisten en la sociedad rural y la discriminación de que aún son objeto.
En el caso del crédito informó que en el último año sólo se destinó un 5% de los recursos a las actividades realizadas por mujeres, mientras que en un universo de 300 mil unidades ejidales de producción rural y comunidades campesinas, sólo la cuarta parte cuenta con superficies de explotación exclusiva para ellas.
Durante una reunión con campesinas cenecistas, Ramírez López consideró insuficientes los 100 millones de pesos que contempla el Acuerdo Nacional para el Campo, con los cuales se pretende ampliar los proyectos productivos de quienes se dedican a laboral el agro.
En este marco resaltó que mientras no se reconozca y se modifique la condición subordinada de las campesinas en cuanto a su acceso a la tierra, el crédito, la asistencia técnica y los programas de comercialización que hagan su producción rentable, la pobreza seguirá afectando de manera significativa a las madres del campo.
Al reconocer su «doble jornada»: la del hogar y en las tareas productivas del campo, el líder cenecista dijo que ya es hora de que la sociedad mexicana valore su aportación al desarrollo económico del país y esto se refleje en sus ingresos, porque «no es justo que, de las mujeres que trabajan, el 80 por ciento ganen entre uno y dos salarios mínimos».
Señaló que alrededor de 900 mil madres campesinas se ven obligadas a fungir como jefas de familia, debido principalmente a que cada año aproximadamente 200 mil padres dejan a sus mujeres e hijos en la orfandad, al emigrar en busca de oportunidades de trabajo.
Esto agrava las condiciones económicas familiares y se refleja en detrimento de la alimentación, salud, educación, vivienda, producción agrícola y relaciones laborales, anotó.
De acuerdo con datos del Censo General de Población, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la última década el número de familias rurales con jefatura femenina aumentó de 618 mil 546 en 1990, a 885 mil 721 en el año 2000.
Esta situación se acentúa en entidades como Guerrero, con 24.4 por ciento, además de Veracruz y Morelos donde se alcanza a un 22.7 por ciento de las familias campesinas, respectivamente. Les siguen entidades como Zacatecas, Coahuila y Michoacán.
Estas madres y jefas de familia, dijo, además de enfrentarse a problemas cotidianos de sus hijos y labores domésticas, son víctimas de relaciones laborales practicadas en la época colonial, además de discriminación y explotación.
En este tema refirió que aún cuando las mujeres campesinas que fungen como cabezas de familia son las más afectadas, se debe hacer un reconocimiento a todas las mujeres del campo, pues desde temprana edad se incorporan a las tareas del agro sin recibir reconocimiento ni remuneración alguna.
«No es justo que más de dos millones de mujeres campesinas trabajen en situaciones precarias, pues laboran más de ocho horas diarias, reciben salarios inferiores al mínimo regional, carecen de servicios de salud y de cualquier tipo de prestación social que requieren para ellas y sus hijos».
Por ello, reiteró el líder de la CNC, nuestra insistencia en que el Acuerdo Nacional para el Campo no debe quedar en sólo buenas intenciones; en que el gobierno federal impulse una reforma estructural que asegure rediseñar y reconstruir políticas públicas generales, sectoriales, por ramas de producción, regionales y para beneficio de los grupos vulnerables del campo, como son las trabajadoras del agro.
2004/YR/GV/SM
