El Estado salvadoreño sigue sin dar respuesta ni recibir a las activistas que solicitaron hace cinco meses 17 indultos para el mismo número de mujeres que fueron encarceladas por abortar debido a complicaciones obstétricas; en contraste, los funcionarios encargados de evaluar el proceso las están calificando como “asesinas” en los medios de comunicación.
Más de 200 mujeres de organizaciones civiles que defienden los derechos sexuales y reproductivos se manifestaron ayer frente a la Asamblea Legislativa de El Salvador, para reclamar una respuesta a las solicitudes de indulto que el pasado 1 de abril presentó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (junto con otras instancias), para 17 mujeres que fueron encarceladas por abortar aun cuando todas ellas tuvieron complicaciones obstétricas durante el proceso de gestación.
Si bien las activistas entregaron una carta con más de 10 mil firmas de apoyo (incluso internacional) a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la Asamblea Legislativa, no fueron recibidas por ninguna diputada o diputado.
Alejandra Burgos, integrante de la Red Salvadoreña por los Derechos Humanos, señaló en entrevista telefónica que luego de la solicitud de indulto que se presentó hace cinco meses, las organizaciones insistieron a esa Comisión para que las reciba y abran el diálogo, lo que no ha ocurrido.
La activista advirtió que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (DH), David Morales –“quien es una persona de extrema derecha”–, señaló públicamente en días pasados que por su ideología y posición política está en contra de los indultos y que por eso no recibiría a las activistas.
Burgos detalló que luego de presentar las firmas, las defensoras se dirigieron a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal porque su director, Miguel Fortín Magaña, quien debe evaluar y dar partes médicos para eventualmente apoyar el indulto, hizo comentarios difamatorios contra las 17 mujeres encarceladas y las defensoras de DH, a quienes llamó “asesinas”.
“A estas mujeres les falló el sistema de salud porque fueron denunciadas por el personal médico ante quienes solicitaron apoyo; les falló el sistema de justicia porque no les dio la oportunidad de un debido proceso, y ahora les están fallando los funcionarios, quienes por prepotencia se niegan a evaluar la veracidad de las supuestas pruebas que llevaron a estas mujeres a prisión”, denunció la defensora.
Burgos explicó que hasta ahora se sabe que el Consejo Criminológico (que da parte del comportamiento de las mujeres en prisión) ya envió 15 informes favorables a la Asamblea Legislativa, los cuales ya fueron avalados por mayoría por las y los diputados para que pasen a la Corte Suprema, donde se obtendrá la tercera opinión.
No obstante la Ley Especial de Ocursos y Gracia, que establece las condiciones del indulto, señala plazos no mayores de 60 días para presentar informes y dar resolución, por lo que la Asamblea y las instituciones ya rebasaron “por mucho” los plazos, advirtió.
Según esa norma, compete a la Asamblea Legislativa la resolución final sobre el indulto.
Al respecto, Alejandra Burgos dijo que desde el primer día exigieron que se cumplan los plazos, por lo que lamentó que el Estado “tarde tanto en dar una respuesta”.
“El Salvador está en la mira del mundo porque aparece como un país violador de DH que está revictimizando a la mayoría de su población que son las mujeres”, señaló.
“Parece que estamos ante una sociedad que es altamente severa con las mujeres que enfrentan una situación que no decidieron (la mayoría pobres y de baja escolaridad), y que en contraste es altamente indulgente con los agresores y los corruptos”.
Cabe recordar que estas 17 mujeres presas fueron denunciadas por abortar, luego encarceladas por homicidio agravado y algunas fueron sentenciadas con penas de hasta 40 años de cárcel.
Las organizaciones acusaron que las mujeres no contaron con el apoyo legal apropiado para defenderse adecuadamente, ya que en algunos casos su defensoría pública hasta desconocía sus nombres antes de llegar a las audiencias.
En 1997 El Salvador reformó sus códigos Penal y Procesal Penal, para eliminar todas las formas de aborto no punible que la legislación anterior sí consideraba.
Para hacer efectiva la responsabilidad del Estado con la persona humana “desde el instante de la concepción”, estableció un mecanismo de persecución judicial policial para denunciar, investigar y procesar cualquier actitud sospechosa de aborto en hospitales públicos y otros lugares de salud pública del país centroamericano.
En el Salvador se producen 35 mil abortos inseguros al año, la mayoría practicados por mujeres solteras, de entre 15 y 30 años de edad, de bajos recursos y sin escolaridad.
Además, 120 mil mujeres de 2000 a 2011 fueron procesadas por delitos vinculados a interrupciones del embarazo; de ese total, 68 fueron sentenciadas por aborto, 60 por homicidio simple o agravado y una por “abandono del menor de edad”
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Estimadas compañeras de CIMAC les solicitamos se realicen las siguientes aclaraciones a la nota "Urgen se autorice indulto para 17 salvadoreñas presas por aborto":
Atentamente
