Cada vez más gobiernos y organizaciones abordan la seguridad de las mujeres periodistas pero aún falta reforzar las medidas de atención para aquellas que son víctimas de violencia, recopilar datos desglosados por sexo y elaborar y aplicar leyes y políticas que las protejan.
Esta es una de las conclusiones del informe “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad” (A/72/290) elaborado por el Secretario General de Naciones Unidas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El informe, que se presentará en el 37 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse del 26 de febrero al 23 de marzo de 2018, recopiló datos aportados por los Estados, entre ellos México, que informó de las acciones de protección y sanción de actos contra la libertad de expresión.
El documento, concluido en agosto de 2017, indica que en 2012 México estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual incluye un programa con enfoque de género respecto de la prevención y la protección y trata de reconocer los riesgos específicos a que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión.
Según la información aportada por el Estado mexicano, todos los funcionarios han recibido capacitación sobre perspectiva de género y hay protocolos y procedimientos para que respondan con sensibilidad respecto de las cuestiones de género a las quejas y solicitudes de asistencia presentadas por mujeres periodistas.
Asimismo, el gobierno mexicano señaló que la unidad de evaluación de riesgos utiliza una metodología que incluye el género como factor de riesgo y tiene por objeto asegurar que se tengan en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres periodistas; y una vez que se determina el nivel de riesgo, se propone un plan de protección con género.
México señaló también que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR) hacía un seguimiento de los crímenes contra periodistas y reunía información desglosada, entre otras cosas, por sexo.
Aunque el documento no lo menciona, el 9 de febrero apareció asesinada la reportera del periódico El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada y asesinada. Más tarde, el pasado 23 de marzo, fue asesinada, Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del desaparecido Norte de Ciudad Juárez.
Meses después, en mayo, fue asesinado el periodistas Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa); hubo un atentado a la subdirectora del Semanario El Costeño de Autlán, Sonia Córdova (Jalisco); y secuestraron al director de Canal 6TV, Salvador Adame Prado (Michoacán), quien días después fue encontrado sin vida.
Además, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), primera organización en documentar la violencia contra las periodistas; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 a abril de 2017, se documentaban 304 de agresiones a mujeres periodistas y seis asesinatos de comunicadoras.
En el informe El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, también elaborado por CIMAC, se documentaron 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en 24 entidades federativas, en su mayoría atentados que están impunes pese a la existencia de una Fiscalía especializada y un Mecanismo de Protección.
El informe de la ONU señala que para un enfoque con perspectiva de género en las acciones de prevención y protección es necesario comprender y tener en cuenta las diferentes experiencias, opiniones y necesidades de las mujeres y su participación en la elaboración de leyes, políticas y programas, y la aplicación, supervisión y evaluación de estos documentos.
“En todo caso, las medidas no deben llevar a reforzar los estereotipos de género, ampliar las desigualdades ya existentes ni afianzar aún más la discriminación contra la mujer. También deben equilibrar la necesidad de habilitar a las mujeres para entrar y permanecer en la profesión en igualdad de condiciones con el hombre”, señala el informe.
Otro elemento que se destacó en el informe es la necesidad de garantizar la rendición de cuentas ante los ataques cometidos contra mujeres periodistas, en particular porque es un elemento fundamental dejar en claro que los ataques contra mujeres periodistas no se tolerarán y por tanto ofrecer una vía de reparación del daño.
17/AGM/LGL
