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Uruguay: cada 21 minutos una denuncia de violencia doméstica

Por Isabel Villar
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En 2013 de las 51 mujeres asesinadas en Uruguay, 53 por ciento perdieron la vida en situaciones de violencia doméstica.
 
Las víctimas fueron 27, una cada 14 días. Si se suman los 12 intentos de asesinato en el mismo año, cada nueve días se mató o intentó matar a una mujer en situaciones de violencia doméstica.
 
Fuera de Montevideo, capital del país sudamericano, el departamento (estado) de Rocha lleva la delantera, seguido por Florida y Tacuarembó.
 
El número de víctimas fatales se mantiene estable: 27 en 2012 y 26 en 2011. En el primer semestre de 2014 hubo en Uruguay un total de 138 homicidios.
 
El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en Uruguay, a cargo del Ministerio del Interior (MI), informa que 18.8 por ciento de ese total correspondieron a “violencia intrafamiliar y situaciones conexas”, entendiendo por tales “situaciones de violencia intrafamiliar en sentido estricto (es decir, todos los casos en los que entre el autor y la víctima existían vínculos de parentesco o sentimentales), así como situaciones en que eran rivales/competidores (por ejemplo cuando la esposa de un hombre mata a la amante de éste o un hombre mata a la amante de su esposa, etcétera)”.
 
Esto hace un total de 26 víctimas en seis meses, apenas una menos que las resultantes de situaciones de rapiña y hurtos. Falta sumar las tentativas de homicidio, todavía no oficialmente discriminadas por motivo o “circunstancia precipitante”.
 
Los días más peligrosos para las mujeres parecen ser los sábados – en 2013 el 28 por ciento fueron asesinadas ese día de la semana–, y el lugar el domicilio compartido (30 por ciento) y el de la víctima (28 por ciento), seguido por la vía pública (24 por ciento). En el domicilio del autor solo se produjeron el 7 por ciento de las muertes.
 
Las armas blancas son la principal herramienta (43 por ciento), seguidas por las de fuego (35 por ciento), lo que habla del nivel de proliferación de armas en manos de particulares.
 
El 40 por ciento de los ofensores fueron parejas o ex parejas, 8 por ciento otros familiares y personas conocidas, y sólo 16 por ciento desconocidos. En 19 por ciento de los casos se carece de datos al respecto.
 
Según la edad de las víctimas, el pico de agresiones se registra entre los 21 y 40 años. En la mayoría de los casos (72 por ciento) no había denuncias previas, sólo las había en un 24 por ciento, lo que indica que el ya elevado número de denuncias es todavía insuficiente para la dimensión del problema arraigado en el país.
 
ACCIONES
 
No obstante, hubo avances en las políticas públicas para abordar la violencia intrafamiliar y de género, como la creación en 2012 de la Oficina Nacional de Violencia Doméstica y de Género, dependiente de la Policía Nacional. También habrá direcciones departamentales dependientes de las respectivas jefaturas de policía.
 
La Ley 18.719, aprobada el 27 de diciembre de 2010, que determinó el presupuesto nacional 2010-2015, en su artículo 235 autorizó a las Jefaturas Departamentales de Policía del MI a “tomar los recaudos necesarios para jerarquizar las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica (UEVD)”.
 
La directora de la División Políticas de Género del MI, Marisa Lindner, recordó que la violencia doméstica y de género sigue siendo tema de toda la policía, por lo cual se reglamentó la Ley 18.317 de Procedimiento Policial, a través del Decreto 317/2010, que regula aspectos esenciales de la respuesta adecuada a ese nivel, incluyendo evaluación de riesgo en cada situación, coordinación con los órganos judiciales competentes, y el control de las medidas cautelares.
 
En 2012 también se aprobó la Guía de Procedimiento Policial en actuaciones en violencia doméstica y de género, que describe las características de esa violencia, define los pasos que deberán cumplir los efectivos e insiste en la comunicación y coordinación con la justicia.
 
Por Resolución 5845/2012, el MI resolvió que “la gestión de todas las informaciones de seguridad pública se deberán registrar y gestionar en el sistema de Gestión de Seguridad Pública…” de esa cartera.
 
El artículo 7 de esta resolución dispone que “las informaciones referidas a eventos y actuaciones en violencia doméstica, aunque sean tipificadas como otros delitos, deberán  ingresarse a la ficha complementaria del módulo de violencia doméstica como delito asociado sin excepción”.
 
La unificación de procedimientos en todo el territorio y la inclusión de otros delitos como lesiones, violación de domicilio, daños en bienes, etcétera, asegura que no se “filtren” hechos de violencia doméstica bajo diversas denominaciones, de manera que la estadística responda a la realidad.
 
A estas mejoras en los sistemas de registro –antes que al  incremento de la violencia de género– se atribuye el aumento del número de denuncias por esta causa que en 2013 ascendieron a 20 mil 650 (68 por día, una cada 21 minutos) y en los primeros seis meses del año en curso ya suman 14 mil 65.
 
En 2012 fueron 19 mil 576, en 2011 13 mil 2. Comparando con 2005, cuando se registraron 5 mil 612 denuncias, la progresión ascendente casi las cuadriplica.
 
Otro aspecto del mejoramiento de la respuesta policial es la formación y capacitación del personal en la materia.
 
La Escuela Nacional de Policía cuya directora, Cristina Domínguez, elaboró y publicó el documento “Propuestas para la incorporación de la perspectiva de género, la salud sexual y reproductiva y la violencia doméstica en la educación policial”, que propone transversalizar estas perspectivas en toda la formación, tanto de personal subalterno como superior.
 
Por Resolución 042/12 se creó en esa institución la Cátedra de Género y Seguridad Pública.
 
El uso de tecnología de verificación de presencia y localización de personas en caso de riesgo en violencia doméstica, conocida como “tobilleras” y destinada a la protección de las víctimas y a disuadir conductas violentas de los agresores, se instrumentó en Montevideo en 2013 y recientemente se extendió al departamento de Canelones y Ciudad del Plata, en el departamento de San José.
 
Consta de dispositivos tanto para el agresor como para la víctima y su aplicación debe ser ordenada por el juez competente.
 
Es monitoreada por el Área de Violencia de Género del Centro de Comando Unificado de la Policía, con apoyo de la policía comunitaria, respuesta de los patrulleros y respaldo de las UEVD y la seccional a la que le corresponda intervenir en su caso.
 
El MI tiene que trabajar también hacia adentro, ya que entre sus efectivos se verifican situaciones de violencia doméstica.
 
El acoso sexual intrapolicial también es una realidad. En el marco de la Ley 18.561 que regula la materia, por Decreto 40/13 se aprobó el Protocolo de actuación ante esas situaciones entre funcionarios y personal del MI.
 
Se capacitaron 191 policías en talleres nacionales y se creó una Comisión Permanente dependiente del ministro de la cartera, que recibe las denuncias y está dotada de abogados y psicólogos además de oficiales investigadores.
 
14/IV/RMB

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