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Uruguay: muere una mujer por violencia doméstica cada 7 días

Por Cristina Canoura

Hasta marzo de 2007, una uruguaya moría cada nueve días como resultado de la violencia doméstica, pero en abril la estadística se disparó para alcanzar un fallecimiento cada 7.5 días, según reportan organizaciones femeninas no gubernamentales que trabajan el tema.

Todos los asesinatos de este último mes fueron perpetrados por los cónyuges y ocurrieron en cuatro de los 19 departamentos en los que está geográficamente dividido este país. En lo que va de año, son seis las mujeres asesinadas por sus maridos o ex novios.

Una de las víctimas, María Fernanda Rial, de 27 años, murió el 18 de abril de un balazo disparado por su ex novio, paradójicamente, un policía de la Dirección Nacional de Prevención del Delito. El hombre se suicidó después de cometer el homicidio.

En repudio a esta realidad y con la consigna No más indiferencia, el Colectivo Mujeres de Negro Uruguay, una de las ONG que trabaja en la denuncia de la violencia de género, junto con la filial local de Amnistía Internacional y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, ha convocado a la población a concentrarse los primeros jueves de cada mes frente a la sede de la Intendencia Municipal de Montevideo (Alcaldía).

Esta forma de manifestarse recuerda a las reuniones callejeras de las madres y familiares de desaparecidos durante la dictadura militar que rigió en el país de 1973 a 1984. Desde la apertura democrática, y por más de una década, ellos se concentraron todos los viernes en la Plaza Libertad, que marca el kilómetro cero de Montevideo, para reclamar la verdad sobre el destino de sus parientes.

También exhibían pancartas las madres y familiares de las mujeres que murieron en el transcurso de 2007. Los carteles tenían dibujada la silueta de un rostro sin rasgos, con el nombre de cada una de las víctimas en su interior y una descripción de cómo fueron asesinadas.

Ahora, una de las pancartas era portada por Esther, madre de María Fernanda, y en ella, en lugar del rostro sin rasgos aparecía la foto de su hija sonriendo. La joven había logrado burlar el cerco de su ex pareja y se había mudado en forma clandestina a un barrio de la periferia montevideana. Él la encontró y la asesinó. Esther halló a su hija en el piso con tres balazos.

Ante la urgencia de respuestas, el Instituto Nacional de las Mujeres, que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, convocó de urgencia al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por mujeres y hombres representantes de diferentes organismos e instituciones de la sociedad uruguaya.

Entre las decisiones adoptadas por ese equipo está la edición de una guía que será distribuida entre todas las personas que recurran al Poder Judicial en busca de auxilio. La publicación contendrá información indispensable acerca de cómo proceder, a quién acudir y dónde hacerlo, cuando el agresor se presenta en el domicilio de la víctima.

La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Beramendi, informó además que ese organismo planea la puesta en marcha de una campaña de sensibilización pública, del mismo modo que se hizo contra el tabaquismo o sobre cómo prevenir la epidemia de dengue.

Desde julio de 2002 rige en Uruguay la Ley de Violencia Doméstica, la cual fija la competencia de los Juzgados de Familia, establece las medidas cautelares que los jueces deben decretar, tendentes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

En su articulado, se concede a los jueces la potestad de disponer el retiro del agresor de la residencia común; prohibir, restringir o limitar su presencia en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.

Igualmente, le puede prohibir comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho.

Establece la incautación de las armas que el agresor tuviera en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede, en la forma que ésta lo estime pertinente. Además, el magistrado puede fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima, así como disponer la asistencia obligatoria del atacante a programas de rehabilitación.

En la primera concentración de mujeres, llevada a cabo el pasado jueves 3 de mayo, frente a la sede de la Comuna, un cartel resaltaba en la fila. ¿Cuál será la próxima víctima?. Sólo las mujeres que sufren acoso diariamente pueden anticiparlo.

07/CC/GG/CV

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