¿Ha sido víctima de violencia doméstica o lo es actualmente? Esta es una de las preguntas que deberán formular todos los profesionales de la salud de los centros uruguayos de primer nivel de atención, tanto públicos como privados, a las mujeres que acudan al servicio médico general, ginecológico y de pediatría.
La interrogante forma parte de un formulario que busca detectar precozmente la violencia doméstica y que empezará a aplicarse dentro de seis meses a las mujeres mayores de 15 años, según lo establece la guía de procedimientos «Abordaje de Situaciones de Violencia Doméstica hacia la Mujer», recientemente expedida mediante decreto ministerial.
En su argumentación, la norma establece la violencia doméstica como «un serio problema de salud pública». En Uruguay se registran cerca de 7 mil denuncias anuales de violencia doméstica y cada nueve días muere una mujer por esta causa, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el director de la División de Artes y Letras del Departamento de Cultura de la alcaldía capitalina.
El Programa de Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública, inspirador de la medida, espera que el formulario no se tramite como otro cualquiera, sino que el personal de salud lo asuma como un acto de promoción de los derechos humanos y no como una formalidad administrativa.
Cristina Grella, directora del Programa, afirmó en su presentación que el personal de salud tiene un papel fundamental en la detección de la violencia doméstica, por lo cual se espera que actúe como un agente orientador de las mujeres para que cambien su autopercepción y la actitud ante la situación de violencia.
«Me parece que la guía está bien inspirada, pero no creo que todos los médicos estén capacitados para hacer una labor eficiente al brindar esa orientación, la cual requiere no de una charla sino de un proceso de empoderamiento», opinó a CIMAC/SEMlac Ana Laura Gómez, una profesional de la medicina.
Con esta disposición también se espera que el personal médico evalúe el riesgo en que se encuentran las mujeres sometidas a la violencia por razón de género, y que puedan remitirlas a los organismos especializados.
Los centros de salud deberán notificar mensualmente al Ministerio de Salud los porcentajes de mujeres encuestadas sobre las atendidas, así como el de respuestas positivas.
La directriz ministerial emula disposiciones similares de otros países y desarrolla el mandato de la Ley de violencia doméstica, adoptada en el año 2002, que obliga al Estado uruguayo a prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y sus manifestaciones en lo físico, sexual, psicológico, emocional y patrimonial.
La medida atiende una frase repetidamente escuchada en boca de mujeres que sufren violencia doméstica: «Yo no quiero que mi marido vaya preso, lo que quiero es que me deje vivir tranquila».
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