En la lucha contra la trata de menores, los países que integran el CA-4 dispusieron el uso obligatorio del pasaporte, uno de los documentos de identificación más seguros en Centroamérica, para toda persona que quiera cruzar la frontera, informó Prensa Libre de Guatemala.
Hasta ahora cualquier adolescente podía pasar la frontera de Guatemala, El Salvador, Hondura y Nicaragua (CA-4) sólo con su acta de nacimiento, documento fácil de falsificar que no cuenta con fotografía ni huellas digitales.
La flexibilidad en el paso de las fronteras ha provocado, según Santos Cuc, director de Migración, que aumenten los casos de tráfico y trata de menores. Por ello, desde el 1 de agosto ningún menor de edad puede cruzar los límites nacionales sin su pasaporte.
«Sólo estamos pidiendo que se haga una excepción para las y los menores que viven en la franja y que cruzan de un país a otro para trabajar o estudiar», comentó Cuc vía telefónica.
La medida fue vista como positiva por las organizaciones que trabajan con jóvenes, niñas y niños, pero consideran que no es suficiente, aunque es el primer paso, aún queda mucho por hacer, porque las redes de tratantes de personas suelen utilizar los pasos ciegos para cruzar las fronteras, señaló Arturo Echeverría, de Casa Alianza.
En los operativos llevados a cabo por la Policía Nacional Civil, acompañados por Casa Alianza, se ha descubierto a muchos menores de edad extranjeros que son prostituidos en Guatemala y la mayor parte provienen de los otros tres países del CA-4.
Echeverría propuso establecer la obligatoriedad de que el menor salga del país acompañado de un familiar directo, «no de cualquier adulto», como sucede actualmente.
De acuerdo con Josefina Arellano, procuradora del Menor, el pasaporte ayudará a que disminuya el flujo de jóvenes que son sacados de sus países: «Es el documento más difícil de falsificar y además contiene muchos datos sobre la persona que ayudan en su ubicación y repatriación».
Destacó que cada semana llegan al aeropuerto La Aurora cuatro aviones con alrededor de 20 deportados de Estados Unidos cada uno, además de que a Quetzaltenango arriban semanalmente cinco autobuses repletos de menores deportados desde México.
«A muchos tenemos que darles medidas de protección hasta que ubicamos a sus familias», concluyó la procuradora.
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