Actualmente, el mundo gasta más de 3 mil billones de dólares en servicios de salud, monto que resulta sumamente atractivo para la corrupción y que en México afecta seriamente las políticas de salud, revela el Informe Global de Corrupción 2006 llevado a cabo por la organización Transparencia Internacional, que pone el caso conocido como Providagate como un ejemplo de ello.
El llamado Providagate, escándalo en que se documentó que el gobierno de Vicente Fox desvió 30 millones de pesos de los fines a que originalmente estaban destinados, es usado por Transparencia como una muestra de la corrupción que afecta las políticas de salud y las prioridades de gastos, y de cómo los funcionarios públicos han abusado del poder para desviar fondos hacia sus proyectos «favoritos», independientemente de su coherencia con políticas sanitarias consensuadas.
Bajo el título Auditoría Ciudadana en México, el texto revela los caminos de la corrupción. Basta recordar que a fines de 2002, cuando se discutía el presupuesto de 2003, el Congreso mexicano anunció un desembolso de 600 millones de pesos (56.5 millones de dólares) de fondos adicionales para programas que promovieran la salud de las mujeres.
El Presidente de la Comisión de Presupuesto envió instrucciones a tal efecto al Secretario de Salud. Se incluía una declaración que establecía que 30 millones de pesos debían ser reasignados a una organización privada, Provida, como parte de la iniciativa para la salud de la mujer. Originalmente, la suma había sido asignada a campañas de salud pública contra VIH/Sida.
Seis organizaciones mexicanas de la sociedad civil -Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana y Salud Integral para la Mujer- lanzaron una investigación par averiguar por qué había sido alterado el presupuesto.
La investigación tomó 18 meses, durante los cuales se documentaron irregularidades evidentes. Muchos de los esfuerzos de estas organizaciones fueron posibles gracias a que México implementó, en junio de 2002, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
EL RECUENTO
El supuesto aumento de recursos para las mujeres en el año 2003 marcó el inicio del Providagate cuando del presupuesto de ese año se destinaron 503 millones de pesos a la Secretaría de Salud con el fin de aumentar los programas dirigidos hacia las mujeres.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública consideró recortar del presupuesto 30 millones de pesos destinados a Provida, mismos que fueron asignados por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Pazos.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara Baja, Concepción González Molina, comentó que esos recursos se destinarían a la Secretaría de Salud para atender a enfermos de Sida, pero sorprendentemente, después de la decisión de la Cámara, el grupo antiabortista Provida recibió los 30 millones.
Detrás de estos hechos, como pudo comprobarse, se encontraba Luis Pazos, contra quien la Comisión de Equidad y Género intentó interponer un juicio penal por el desvío de fondos destinados para las mujeres y otorgados al grupo conservador. En noviembre de 2003, en el pleno de la Cámara, Rafael García Tinajero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó a Pazos por el recorte de los 30 millones de pesos.
A Luis Pazos se le fijó una sanción económica por 13 millones 237 mil 377 pesos y se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años. Posteriormente Pazos se amparó contra la restitución de los recursos, por lo que la Secretaría de Salud, encabezada por Julio Frenk, interpuso un recurso de revisión que aún se encuentra pendiente.
06/GV/YT
