Inicio Vacío de autoridad en Guerrero, denuncia “Tlachinollan”

Vacío de autoridad en Guerrero, denuncia “Tlachinollan”

Con la presencia de víctimas de violaciones a Derechos Humanos (DH), y representantes de organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” presentó su informe anual en el que denuncia el aumento de la violencia política, como una expresión del vacío de autoridad del gobernador del estado, Zeferino Torreblanca.

Al clausurar las actividades conmemorativas del 16 aniversario de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, director ejecutivo del Centro, hizo una fuerte critica al gobierno estatal que -dijo- ha protegido a los violadores de DH, alentando la impunidad y la violencia, y orillando a los ciudadanos a no denunciar porque las autoridades no son confiables.

Mencionó que las elecciones estatales de 2011, son un buen momento para que los partidos políticos y sus precandidatos tomen en cuenta temas como la militarización, los DH, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres.

Estos temas, -dijo- no forman parte de la agenda para el próximo sexenio “porque en lugar de representar un negocio lucrativo requiere un compromiso serio y responsable con la sociedad que se organiza y que no está dispuesta a recibir migajas ni a continuar con poses y discursos demagógicos que sólo sirven para reproducir este sistema injusto”.

EL DESAFÍO ES LA MILITARIZACIÓN

Después de participar en una ceremonia religiosa en la Catedral de San Agustín, en Tlapa, y donde se hizo un llamado a la fortaleza de las y los defensores, Barrera Hernández consideró que el gran desafío de los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos.

Recordó que esta entidad es la única que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), de los cuales uno ya tiene sentencia, el de Rosendo Radilla, mientras que el de Inés Fernández, Valentina Rosendo y el de los campesinos ecologistas, esperan sentencia para finales de este año. Cuatro casos que tienen como denominador común al Ejército como el autor de las violaciones a los DH.

Denunció que en México el fuero civil se negó a investigar estos delitos de “lesa humanidad” y puso en manos de la justicia militar los casos para hacer más “cruento el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado para castigar a los responsables”.

A pesar de este escenario, reiteró su compromiso con la justicia y el respeto a los DH, “no retrocederemos en nuestra lucha para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio y de demandar el cumplimiento cabal de la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú”.

“SISTEMA DE JUSTICIA ES ATROZ”

Antes de la clausura de actividades, se organizaron una serie de mesas de trabajo en donde los asistentes compartieron sus experiencias, expusieron sus obstáculos y presentaron sus propuestas para tomar acciones en defensa de los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero.

La reflexión fue en torno a la militarización y el narcotráfico, la criminalización de la protesta social, el fortalecimiento de lucha de los pueblos indígenas y movimientos sociales en la entidad, los desafíos para las futuras generaciones, y los mecanismos para la implementación de sentencias internacionales. En este último tema se hizo un amplio análisis sobre las expectativas en los casos de Inés y Valentina.

Se prevé que en septiembre próximo, el tribunal internacional emita dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano, esta vez por la violación sexual por parte de elementos del ejército contra las indígenas tlapanecas, Inés y Valentina. Por esta razón, en las mesas de análisis se planteó el reto de vigilar las sentencias de Campo Algodonero y Rosendo Radilla.

Lo anterior permitirá monitorear la participación y respuesta de las autoridades federales, estatales y locales para que las resoluciones en los casos de Inés y Valentina se cumplan. En este contexto, también se hizo énfasis en que el combate al narcotráfico se ha utilizado para criminalizar el trabajo de las organizaciones sociales, un hecho que dijeron es preocupante.

A decir de Abel Barrera, estos dos días de actividades -23 y 24 de julio- que conmemoraron 16 años de trabajo, son ejemplo de que “empieza a florecer la lucha por la justicia y nos alienta a que juntos construyamos este nuevo amanecer en las montañas del sur”.

A la celebración que el Centro realizó el sábado por la noche, asistieron representantes de la embajada de Canadá, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de la Red Nacional de Organismos Civiles de DH “Todos los Derechos para Todas y Todos” y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH, entre otros

10/AGM/LR/LGL

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