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Vacíos legales impiden ILE por violación en Oaxaca

En Oaxaca, la violación es una de las cuatro causales que no penalizan la interrupción del embarazo, pero hoy el Artículo316 del Código Penal es letra muerta, porque las mujeres no pueden ejercer ese derecho debido a los vacíos legales que existen.

A más de 70 años en que fuera aprobada dicha legislación y luego de varias iniciativas y propuestas ciudadanas, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso un proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo 316 bis al Código Penal del estado de Oaxaca y se reforma el Capítulo V del título tercero de la Ley Estatal de Salud.

Lenin López Nelio López, coordinador de la fracción perredista, sostiene que “si hay voluntad política, en la próxima sesión de la 59 Legislatura podría resolverse la propuesta”. Para ello “apostamos a que la mayoría priista sea sensible, entienda y mantenga una congruencia política”, dice esto último en relación a lo sucedido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenaliza el aborto hasta la semana 12.

La propuesta del PRD no es una “ley de aborto”, sino de reformas a la Ley estatal de Salud y al Código Penal, para que una mujer que ha sido violada pueda ejercer el derecho que ya está establecido en el Artículo 316, fracción II, que establece que la interrupción del embarazo no es punible cuando “es resultado de una violación y decida la víctima por si o por medio de sus representantes legítimos la expulsión del correspondiente producto, con intervención médica y dentro de los tres meses, contados a partir de esa violación”.

La propuesta que había sido presentada en 2004 por organismos de mujeres, es retomada por el PRD “y existe la posibilidad de que pueda prosperar”. Se trata de salvaguardar la vida y la salud de muchas mujeres que ante las omisiones actuales se arriesgan a abortar en condiciones insalubres e inseguras, dice el legislador.

Esta iniciativa propone poner fin a la omisión que permite la inaplicabilidad de la norma permisiva, regulando los procedimientos que permitan y garantizan a las mujeres gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo en caso de violación, en condiciones de gratuidad, calidad y disponibilidad de los correspondientes servicios de atención médica, protegiendo el derecho a la vida, la protección a la salud y a la integridad corporal de que son titulares las mujeres.

MOTIVOS

En la exposición de motivos, la fracción perredista apunta que esta iniciativa parte de que el aborto no es delito por la causal de violación, por lo que se considera necesario adicionar un Artículo 316 bis al Código Penal para definir la instancia que debe autorizar la interrupción del embarazo, “en este caso el Ministerio Público; así como el tiempo máximo en que debe dar respuesta a la solicitud y el tiempo en que las autoridades de salud deben practicar el aborto”.

Por lo que toca a la Ley Estatal de Salud, se establece que los servicios de salud reproductiva no sólo son de planificación familiar, sino también la anticoncepción, la atención de la mujer no sólo durante el embarazo, parto y puerperio, sino también la interrupción del embarazo en los supuestos autorizados por el Código Penal del estado.

Así se propone subsanar la omisión en la Ley Estatal de Salud respecto a garantizar la prestación de servicios médicos en los supuestos en que el Código Penal del Estado permite la interrupción legal, tal y como se estableció en la recomendación general hecha por expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en agosto pasado.

López Nelio sostiene que se trata sólo de subsanar un vacío jurídico, pues cuando una mujer embarazada como resultado de una violación va a un centro de salud se encuentra con que no hay mecanismos que obliguen a esa institución a practicarle la interrupción del embarazo, así que en tanto no puedan ejercer ese derecho, la ley será letra muerta.

Hemos insistido, tanto con la mayoría priista como con los panistas (siete en total), de que es una realidad que no se puede ocultar y que cobra la vida de muchas mujeres por un vacío legal. “La verdad es que le apostamos a que la mayoría priista sea sensible, entienda y mantenga una congruencia política”.

El legislador perredista, quien ahora aspira a ser candidato a la alcaldía de Oaxaca de Juárez, apunta que la propuesta incluida en el último periodo de sesiones de la 59 Legislatura no es una postura política y sí un acto de convicción. “Su aprobación no tiene mayor trascendencia, siempre y cuando no se prejuicie ideológicamente”.

Todavía estamos a tiempo de que se aprueben las reformas y al también tendríamos que hacer una revisión general de las leyes que permitan hacer posible la equidad entre mujeres y hombres en todos los planos, desde materia electoral, laboral y hasta ésta, que es muy sencilla, que pueda generarse una nueva cultura legal de la equidad de género.

Adelantó que en la convocatoria del Congreso local a una Reforma de Estado se planteará el tema de la equidad de género como fundamental en la agenda de discusión, al menos “nos sentiríamos satisfechos si dejamos pactado como acuerdo legislativo abordar el tema de equidad y género”.

Por otra parte, la iniciativa también contempla acciones legales para que las y los jóvenes puedan tener acceso a la información de los servicios de planificación familiar y anticoncepción.

El último periodo de sesiones de la 59 Legislatura concluirá en noviembre próximo, pero se prevé que estas reformas sean aprobadas en las siguientes sesiones del Congreso local.

07/SJE/GG/CV

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