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Vacuos y sin claridad, consejos y comités ciudadanos

Por Silvia Núñez Esquer*
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Recién se eligió el comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo en el estado de Sonora.
 
El esfuerzo por mantener la convocatoria oculta por parte de la Comisión legislativa de Régimen Interno y Concertación Política, responsable de darle curso a la misma, no fue suficiente para que por lo menos 18 personas enviáramos nuestra postulación para conformar el comité.
 
Para quienes tenemos experiencia de años en el monitoreo de políticas públicas, monitoreo legislativo, y aplicación de la justicia, es relevante contar con un canal institucional de comunicación para hacer llegar a los tres poderes del estado nuestras conclusiones basadas en técnicas de investigación académicas que, por cierto, ya han logrado impulsar cambios.
 
Quedaban tres días para que venciera el plazo, cuando al escuchar en una entrevista radiofónica al entonces presidente de la 61 Legislatura, Luis Serrato Castell, decidí participar como aspirante.
 
La motivación surgió cuando el diputado aseveró a una muy buena reportera, quien entre otras cosas le preguntó sobre el próximo cierre de la convocatoria, y a lo que respondió el legislador que sólo dos personas se habían registrado para formar parte del comité ciudadano.
 
Eso llamó poderosamente mi atención, pues en años pasados un colega de él, de su mismo partido, siendo presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aseguró que el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) no estaba integrado, pues cuando lanzaron la convocatoria nadie se postuló y lo declararon desierto.
 
Mi asombro no pudo ser mayor en su momento, ya que ése es uno de los consejos más importantes para intercambio de diagnósticos, así como propuestas de políticas públicas y legislativas para atender la violencia intrafamiliar, situación que en Sonora deriva en 60 por ciento de casos de feminicidio.
 
Sin embargo, así como sucedió con el recién nombrado comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo, en su momento tampoco se había hecho pública la convocatoria para la integración del CEPAVI, por lo que evidentemente quienes pudiésemos interesarnos en formar parte, no lo hicimos.
 
Por ello al conocer tres días antes del vencimiento de la convocatoria 2015 del comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo, nos dimos a la tarea de rastrear el documento para conocer los requisitos y perfiles solicitados.
 
Nada más difícil, pues con sorpresa vimos que un llamado a la ciudadanía que debería ser objeto de máxima publicidad, no se encontraba en ningún rincón de la página web del Congreso del estado.
 
Tampoco aparecía en su historial de notas informativas, ni era posible encontrarla en internet, en medios de comunicación –en los que tal vez se publicó en algún momento–, redes sociales o cualquier otro medio accesible a la población en general, como sería obligatorio, puesto que la pretensión era formar un órgano ciudadano.
 
Lo más surrealista fue cuando pregunté por teléfono al Congreso, directo a sus diversos departamentos: recepción, comunicación social, oficialía de partes, y nadie estaba enterado de la convocatoria.
 
Fuimos personalmente para que nos dieran un ejemplar impreso de la convocatoria, y nadie la conocía. Eso era el realismo mágico a la sonorense. Aquello que debería aparecer a la primera búsqueda, como agua al abrir una llave, se había convertido en el misterio más bien escondido.
 
Al no contar con la convocatoria vigente, nos guiamos por la convocatoria de 2010, primera que se acordó, publicó y aparece todavía en internet. Aun así, no había tiempo para conseguir todos los documentos.
 
El día del vencimiento, señalado en las bases como “hasta el sexagésimo día natural a partir de la misma…”, entregamos –una compañera activista de Redefine y yo– la solicitud en formato libre, pues no conocíamos los requisitos formales a cubrir. Identificación y currículum fueron los documentos que la acompañaban.
 
A partir de ese momento, la expectativa era algún tipo de comunicación tendiente a confirmar que formábamos parte de la contienda. Pero como si no existiéramos, nada sucedió. Días después por la prensa supimos que éramos 18 personas quienes aspirábamos a formar parte y pudimos leer los nombres.
 
Durante la espera nada se supo, hasta que un día se publicó en medios quiénes habían sido electos. Nunca recibimos –como no ha sucedido a la fecha– alguna notificación. Ninguna señal de que somos personas y que nos tratan como tales.
 
La falta de transparencia y el oscurantismo siguieron. La aparente selección previa de los integrantes al enviarles la invitación directa, y después “elegirlos” de entre todos los aspirantes da mucho que pensar.
 
No se explica que no se incluya a una académica integrante de Sonora Ciudadana que presentó su solicitud, organización que si bien formó parte del anterior comité, no le quita su calidad de especialista en monitoreo de políticas públicas y reformas legislativas, y por ello es más que necesario que forme parte de él.
 
Tampoco se explica que se desperdicie la experiencia que algunas personas y organizaciones hemos desarrollado por años como parte del trabajo de observatorios ciudadanos.
 
No se entiende por qué siempre los consejos de convocatoria “abierta” o no se nombran, o son nombrados en forma dudosa, y las reglas nunca quedan claras.
 
Con bases como “…al menos cinco”, en lugar de precisar cuántas personas formarán parte. Con plazos fijados en días hábiles, sin precisar la fecha exacta del límite. Parecería que se busca la confusión, pero sobre todo desalentar la participación. No son específicos en cuál será el método para la elección.
 
Hay evasivas, pero lo más grave es que permanecen fuera del alcance de quienes cuentan con el perfil deseable, al no darle la máxima publicidad, ni siquiera en la página del Congreso del estado, plataforma que obligadamente debería contenerla.
 
El comité ciudadano de evaluación del desempeño legislativo no deja más que dudas y se convierte en una instancia más que debemos vigilar desde la ciudadanía.
 
Se habla de “al menos cinco integrantes”. Si no es limitativo, ¿por qué no se incluyó a perfiles ciudadanos con experiencia en monitoreo de políticas públicas y desarrollo legislativo?
 
¿Por qué no se notificó a las y los participantes de los avances en el proceso de selección? ¿Por qué no se dice claramente el método para elegir? ¿Quiénes los eligieron y con base en qué? ¿Por qué seguimos siendo los mismos si los nuevos tiempos ya no lo son?
 
Twitter: @mujersonora
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora (http://mujersonora.blogspot.mx/).
 
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