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Van contra funcionarios omisos ante dolor de viudas de mineros

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Para incidir en la creación de políticas públicas que transformen las condiciones “inhumanas” en las que laboran los mineros de la región carbonífera de Coahuila, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamará a comparecer ante el Congreso a los funcionarios que no acepten o incumplan sus recomendaciones.

Marat Paredes, segundo visitador de la CNDH, señaló a Cimacnoticias que mediante la denuncia pública y la comparecencia este organismo procurará que las autoridades asuman su “responsabilidad política, administrativa y penal”, por la muerte de 90 trabajadores ocurridas en yacimientos de carbón de 2006 a la fecha.

El 19 de febrero de 2006 se registró un siniestro en la mina Pasta de Conchos, en el que murieron 64 trabajadores del carbón; sólo el cuerpo de uno de ellos fue rescatado. Desde entonces las viudas y familiares de los mineros iniciaron una lucha sin cesar por el rescate de los restos de sus esposos, hijos y hermanos.

Entre las acciones que las familias llevaron a cabo está la queja presentada ante la CNDH por las violaciones cometidas por las autoridades contra los trabajadores del carbón. La Comisión emitió una recomendación al respecto en diciembre de 2006.

Y ahora en el “Informe Especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila”, que recién publicó, la CNDH propuso que con base en evidencia científica se analicen las posibilidades de rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.

Paredes refirió que con base en la reforma constitucional de Derechos Humanos (DH), aprobada en junio pasado, los servidores públicos están obligados a promover y proteger los DH, además de sancionar y reparar las violaciones en la materia, por lo que la CNDH exigirá se cumplan estas garantías “por todos los medios”.

El segundo visitador indicó que las desfavorables condiciones en las que se ocupan los mineros “violan sus derechos fundamentales, en tanto que ponen en riesgo su integridad y su vida día a día por falta de seguridad e higiene”.

Con base en el documento, Marat Paredes sostuvo que aún “falta mucho por avanzar” por lo que además continuarán con el seguimiento a las recomendaciones generales, particulares y a las propuestas notificadas a las secretarías de Trabajo y Previsión Social (STyPS) y de Economía (SE).

La CNDH ha emitido tres recomendaciones a esas dependencias por los siniestros de 2006, 2010 y 2011. La primera fue rechazada por la SE. La segunda y tercera fueron aceptadas por ambas dependencias.

La creación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-032), seguridad para minas subterráneas de carbón, es fruto de la recomendación, pero su cumplimiento sigue pendiente. “Ése es un defecto que se tiene”, dijo Paredes, y se debe a que la inspección es insuficiente, ya que la STPS sólo cuenta con 300 inspectores para supervisar el funcionamiento de las minas en el país.

Además, la inspección se centra en las “mineras grandes” y el “grave problema” está en la “minería ilegal” conocida como pocitos (agujeros sin condiciones de seguridad), donde se ocupa mano de obra infantil.

La CNDH propone en el Informe Especial que personal de los tres niveles de gobierno trabajen para garantizar condiciones laborales dignas, mediante convenios de inspección entre las autoridades locales y federales y ampliar la cobertura en la región carbonífera.

Plantea también generar oportunidades de desarrollo para la población de esta zona como fuentes de empleo y educación con el propósito de “cambiar la realidad”.

De igual modo señala la necesidad de que México ratifique el convenio 166 de la Organización Internacional del Trabajo acerca de la seguridad e higiene de minas.

Y para que las violaciones a los DH de los trabajadores del carbón no queden impunes se requiere tipificar en el Código Penal Federal delitos especiales para sancionar a los patrones que incumplen la NOM-032, al explotar los yacimientos en “condiciones inhumanas”

Las propuestas, dijo Paredes, aunque no son vinculantes “deben ser aceptadas por su responsabilidad en la Constitución”, conforme lo ordena el artículo 1. Las autoridades no tienen un plazo para aceptar o llevar a cabo estas recomendaciones, pero por la gravedad del asunto la CNDH espera que respondan “en breve”.

En un comunicado, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) celebró la publicación del informe especial, dado a conocer en los primeros días del sexenio del nuevo gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

La asociación, conformada por personas defensoras de DH, viudas y familiares de mineros fallecidos, destacó que el Informe Especial pone en evidencia “un vacío en el Estado de Derecho” que “redunda en una siniestralidad que acaba con vidas humanas”.

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