Van senadoras por incluir “violencia política de género” en la ley

A propósito del actual proceso electoral, senadoras por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) retomaron la propuesta de incluir el término de “violencia política de género” en las leyes electorales a nivel federal.
 
Angélica de la Peña (PRD), Diva Hadamira Gastélum (PRI), Adriana Dávila (PAN), y Martha Elena García(PAN) hicieron suya la propuesta que en noviembre de 2012 hizo la senadora priista Lucero Saldaña, para incorporar esa figura en las leyes y la cual fue aprobada, pero quedó en espera de ser ratificada.
 
La nueva propuesta reformaría la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, y en Materia de Delitos Electorales.
 
La iniciativa –que aún está por presentarse ante el pleno del Senado– define el término “violencia política” como “los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e incluso a costa de su vida, a una o a varias (mujeres)”, a fin de impedir su participación en la vida política.
 
La definición precisa que esta violencia tiene el fin de “menoscabar, limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida democrática a través de la integración de los órganos de representación política y el acceso al poder público, de una o varias mujeres”.
 
En la argumentación de la propuesta las senadoras exponen casos recientes de violencia, como el de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, quien fue secuestrada, torturada y asesinada en marzo pasado.
 
Asimismo citan el caso de la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, quien sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo.
 
Las legisladoras recordaron que en su momento la Red Mujeres en Plural –grupo a favor de los derechos políticos de las mexicanas– se pronunció por la generación de condiciones adecuadas para la participación femenina en política, así como de una normatividad para erradicar la violencia contra las ciudadanas que buscan un cargo de elección popular.
 
“Es por lo anterior que todo acto que implique violencia debe prevenirse y garantizar la seguridad y protección de las mujeres que contienden por un puesto de elección popular”, se asienta en la propuesta.
 
De acuerdo con las senadoras, el Estado mexicano debe crear condiciones y remover obstáculos para que las mujeres accedan a cargos de decisión en todas las estructuras de poder, por ello la necesidad de seguir el ejemplo de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Perú, que ya cuentan con leyes o iniciativas al respecto.
 
En el proyecto también se promueve una reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para sancionar con 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien “por razones de género presione, persiga, hostigue, coaccione o amenace a una mujer para que no participe por un cargo de elección popular”.
 
Para ello, esta reforma considera que para comprobar la comisión del delito se verifique que hubo “epítetos infamantes o degradantes, violencia sexual, psicológica, o verbal contra su persona (la mujer víctima) o familiares, (y) se difunda información personal o privada para denostarla o menoscabar su dignidad o la de sus familiares”.
 
Este tema no es nuevo porque además de la iniciativa de la senadora Saldaña, que se quedó “congelada” en la Cámara de Diputados, en octubre de 2014 las senadoras panistas Pilar Ortega Martínez y Marcela Torres Peimbert presentaron una propuesta similar acorde con las nuevas leyes electorales, pero no ha sido dictaminada.
 
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