La falta de una ley que regule el trabajo sexual en México conlleva frecuentemente a la violación de los derechos humanos y a la carencia de políticas públicas acordes con los tratados internacionales, como ocurre en Veracruz, afirmó la investigadora en antropología social, Patricia Ponce.
Al participar en la VI Semana Cultural de la Diversidad Sexual organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Colima, la también profesora presentó una investigación realizada durante 11 meses en las principales ciudades de Veracruz que incluyó a 600 trabajadoras y trabajadores sexuales.
La idea, dijo, es coadyuvar a generar una política pública efectiva que, sin actitudes moralistas, tome en cuenta las necesidades y problemas específicos que enfrentan estos trabajadores y adopte los compromisos internacionales sobre regulación del trabajo sexual del país, las directrices internacionales sobre VIH-SIDA y el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.
En virtud de la adhesión de México a la Convención Internacional, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1949, no es legal el control sanitario obligatorio, la credencialización forzosa y tampoco las zonas de tolerancia, fenómenos que prevalecen en la entidad.
De acuerdo con la investigación, el grupo social de referencia carece de los derechos humanos elementales, el 93 por ciento no estudia, el 67 carece de vivienda, el 66 no tiene servicio médico y el 50 no cuenta con asistencia legal.
Casi la mitad de las personas encuestadas labora en la calle mientras la otra lo hace en bares y casas de citas; trabajan seis días a la semana, con un promedio de ocho horas diarias; la mayoría ignora las normas internacionales y las leyes nacionales, por lo que tienen que aceptar la llamada tarjeta de salud.
Reconocen que ésta es un instrumento de control, no sanitario, sino de explotación económica que en la práctica se convierte en un permiso para trabajar y una falsa seguridad: en muchos lugares a pesar de contar con ella, la policía igual las extorsiona.
Es importante señalar que en los municipios donde las y los trabajadores sexuales están organizados ?Orizaba, Jalapa y Veracruz? sus condiciones laborales, la defensoría de sus derechos humanos y el cuidado de su salud, marcan la diferencia con el resto del estado en donde no existe esa organización y por tanto quienes ejercen esa actividad son más vulnerables en todos los sentidos.
En la práctica, son las regidurías de salud municipales las que asumen la tarea de regular el trabajo sexual. Algunas lo hacen de manera no muy coordinada con los centros de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la dirección de comercio, las jurisdicciones sanitarias y la policía.
LA TARJETA
En casi todos los municipios existe un padrón en donde están inscritas las personas que ejercen el trabajo sexual y todo el personal que labora en bares y cantinas. Una vez cubierto este requisito, se les extiende su tarjeta de salud, misma que deberán portar por siempre y que deberán refrendar cada semana, previo pago de entre 5 y 70 pesos.
Al mismo tiempo, deben someterse a un examen ginecológico cada semana que tiene un costo de entre 30 y 60 pesos. Para los exámenes de ITS, VDRL y VIH, se les canaliza en la mayoría de los casos a laboratorios particulares, en algunos de los cuales se han detectado contubernios, compadrazgos y relaciones familiares con autoridades municipales y de salud.
Es gracias al estigma existente hacia las y los trabajadores sexuales que la maquinaria de la corrupción puede funcionar y ésta es encabezada por los representantes del sector salud, precisó la investigadora.
PREJUICIO Y AUTORIDAD
Otro resultado de la investigación es que las autoridades consideran a quienes se dedican al trabajo sexual la escoria de la sociedad y un foco de infección, de ahí que sugieran crear un cerco sanitario, oficializando las tarjetas, creando zonas de tolerancia y redoblando los operativos policiales.
Con ello, la autoridad podrá seguir utilizando a este sector de la población como una herramienta que le permita obtener ingresos y seguir participando del negocio del trabajo sexual, ese mismo que tanto desprecian.
En un cálculo aproximado a partir de las cuotas y multas que les cobran a las 13 mil trabajadoras sexuales del estado, la investigación detalla que la cifra total mensual que circula entre los diferentes servidores públicos involucrados en este negocio oscila entre los 11 y 21 millones de pesos.
07/GG
