La violencia de género, la muestra más palpable de la discriminación que en materia de derechos humanos experimentan las mujeres, es también uno de los flagelos sociales que más lesionan su salud, gravitando de manera importante sobre los presupuestos públicos y la economía de los diversos países.
El BID, por ejemplo, ha estimado que los costos de la violencia contra las mujeres en los países latinoamericanos oscilan entre 1.6 por ciento y el 2 por ciento del PIB. Y, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Canadá el costo de la atención a este problema se estima en 1 mil 165 millones de dólares (mdd) y en Gran Bretaña alcanzan 46 mil mdd.
En México, un estudio de la Comisión de Feminicidios de la LIX Legislatura, con base en estimaciones de la Secretaría de Salud, reveló que para 2006 las consecuencias económicas de la violencia física en contra de las mujeres fueron equivalentes a 143 mil 868.8 millones de pesos, por efecto de incapacidad laboral, gastos en hospitalización y atención de las secuelas de la misma.
Estos costos no incluyen el impacto indirecto en el rendimiento escolar de los niños, niñas y jóvenes de ambos sexos, de los hogares donde se vive la violencia, ni su impacto en los logros educativos globales de la población.
Tampoco ha podido estimarse el impacto económico de la violencia doméstica sobre la integración social, pero en México, una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2003 reveló que en el sistema carcelario de la región centro del país (DF, Edomex, Morelos) al menos la mitad de los jóvenes delincuentes que ingresan en las cárceles provenía de hogares violentos.
FRENTE AL PROBLEMA
Con la finalidad de construir las bases para una política pública en esta materia y dar un abordaje integral a este problema, el pasado mes de diciembre la Cámara de Senadores en su calidad de cámara co-legisladora, aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Han sido múltiples los aspectos conceptuales, constitucionales y jurídicos debatidos respecto a esta ley y quedan todavía muchos aspectos por analizar y solventar para su cabal aplicación. Lo que interesa aquí, por el momento, es poner de relieve la viabilidad presupuestal y los beneficios económicos y sociales que recibirían las mujeres y los hogares que padecen este flagelo si se establece el Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, propuesta por esta legislación.
De acuerdo a la Ley, este Sistema incluye la intervención de sectores como: salud, educación, seguridad pública, procuración e impartición de justicia a las mujeres violentadas, así como el funcionamiento de servicios de protección a las víctimas directas e indirectas (refugios), sin descontar los servicios de rehabilitación a los victimarios.
En conjunto, esto implica tejer y desarrollar toda una red de nuevos servicios, tanto en la administración federal como en las entidades federativas y en los municipios, sin olvidar el proceso previo de armonización de leyes federales y códigos civiles y penales de los estados, indispensable para poner a punto a las instituciones de seguridad y justicia concernidas en la habilitación del Sistema.
Esta no es una tarea o fácil ni posible de construir de golpe, por lo que se requiere una planeación de largo alcance que considere diversas etapas de instalación, con la sustentabilidad financiera necesaria para cada una de ellas.
SALUD
Las posibilidades más inmediatas para comenzar la implantación del Sistema se dan sin duda en el sector salud, ya que es la institución con más larga experiencia en la atención al problema de la violencia de pareja y cuenta además con una red hospitalaria funcionando en las principales ciudades del país.
Los recursos para la atención de la violencia de género – sobre todo la doméstica- que se han destinado en el presupuesto federal son considerablemente escasos dada la magnitud del problema, ya que de acuerdo a la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2003, el 10 por ciento de las mexicanas padece los embates de la violencia física por parte de su pareja. Lo que significa que la demanda potencial sólo para este tipo de violencia equivale a casi seis millones de víctimas directas.
En contraste, entre 2005 y 2007, el presupuesto etiquetado destinado a atender este problema ha sido una parte insignificante del presupuesto total y muy modesta respecto del presupuesto etiquetado, ya que ha fluctuado entre el 8 y el 10 por ciento del mismo, sumando 9.8 millones de pesos.
Lo que equivale aproximadamente a 1.63 pesos por cada mujer que padece violencia física en el país.
En este marco, la promulgación de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca garantizar los derechos humanos de las mujeres, asumiendo que corresponde al Estado mexicano y por ende a todos los gobiernos que lo conforman, la obligación de tutelar este derecho desarrollando un conjunto de servicios para su atención, prevención y erradicación.
Obviamente esto implica incrementos presupuestales que no siempre se tienen, o que muy pocas veces se estima sea rentable su inversión en este rubro, dada la poca sensibilidad que la mayor parte de los gobiernos tienen del problema. A pesar de la gran cantidad de estudios que relacionan la violencia social con la violencia doméstica.
Para abonar en este terreno, el presente artículo intenta mostrar la rentabilidad social del gasto público destinado a atender la violencia en contra de las mujeres, estimando los costos y beneficios de instalar una red de servicios básicos en el sistema hospitalario del Sector Salud, haciendo un ejercicio comparativo con el programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
COSTOS PARA EL SISTEMA EN SS
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ha realizado algunos ejercicios del posible costo que implicaría para la Secretaría el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo a estas primeras estimaciones basadas en datos del sistema de salud y en la Encuesta de Violencia contra las Mujeres (ENVIM, 2006) que levanta la propia Secretaría de Salud con el INSP, el 33.01 por ciento de las usuarias de servicios de salud públicos a nivel nacional (equivalente a 296 mil 258 mujeres) reportan sufrir violencia por parte de su pareja.
En términos de costos, las estimaciones parten de considerar el establecimiento de un servicio básico de atención a la violencia familiar y sexual, en al menos los 408 hospitales generales o integrales que existen en el país.
Se trataría de un servicio compuesto por personal médico (un médico o médica y un enfermero o enfermera), una trabajadora social o trabajador social y un psicólogo o una psicóloga clínica en tres turnos, para la atención de víctimas. Así como otros dos psicólogos o psicólogas para la atención de los victimarios en terapia de grupo (hasta 300 por servicio) según lo marca la Ley.
Se agregan en este costeo las necesidades de remodelación y/o adaptación de los espacios y la estimación de los insumos médicos para el tratamiento de las víctimas, calculadas a partir de las frecuencias o probabilidad de morbilidad asociados a la violencia, tales como: anticoncepción de emergencia, medicamentos para las profilaxis de ITS, psicofármacos y otros para lesiones.
Se incluyeron también los costos de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el número total de embarazos por violaciones anuales, más gastos administrativos para el funcionamiento del servicios, incluyendo los costos para la operación de refugios para mujeres maltratadas y sus hijos/as.
Se trata, como puede observarse, de un servicio básico de atención bastante decoroso, a partir del cual pudiera instalarse el Sistema en cuestión, agregando y asociándole otras redes de atención como es el caso de los servicios de procuración e impartición de justicia y de seguridad pública, una vez que éstos hayan desarrollado sus modelos de atención.
Considerando datos de la ENDIREH 2003 y encuestas levantadas por la propia Secretaría de Salud, el costo de este servicio básico se estimó considerando una demanda de aproximadamente 176 mujeres al año por cada servicio, con un promedio de 10 sesiones de 45 minutos de tratamiento en el caso de las víctimas y hasta 300 victimarios en sesión grupal.
Conforme a estos datos el número total de beneficiarios sería de 337 mil 824 personas atendidas y el costo total de instalación del servicio de 1 mil 332 millones 281 pesos.
* La autora es licenciada en Sociología por la UNAM y Doctorada en Ciencias Sociales por la FLACSO, especialista en política social y temas de género. Es profesora e investigadora de tiempo completo la UACM; profesora de asignatura en la Maestría en Género de El Colegio de México y del Diplomado en Género y Políticas Públicas de la FLACSO. Hasta el 1º de julio se desempeño como Directora General del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
07/TI/GG
