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Víctimas de feminicidio repudian acto oficial de “contrición”

Por Anayeli García Martínez

En una muestra más del desdén del Estado mexicano para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, Ciudad Juárez, la Secretaría de Gobernación (Segob) realizará el próximo lunes un acto en memoria de las mujeres asesinadas en ese predio, sin la presencia de sus familias, los abogados que las representan, funcionarios de alto nivel y sin el memorial que las autoridades se comprometieron a edificar.

Organizaciones civiles denunciaron que Felipe Calderón simula el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH sobre tres casos de feminicidio ocurridos en Juárez en 2001, por lo que adelantaron que no asistirán al evento oficial convocado para el 7 de noviembre en la localidad fronteriza.

La abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Michel Salas, informó a Cimacnoticias que la Segob realizará un "acto público de reconocimiento de responsabilidad" que no cumple con las expectativas de las víctimas, ya que no asistirán funcionarios de alto nivel ni se inaugurará el memorial acordado.

La experta en garantías humanitarias, quien litigó el caso de Campo Algodonero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego ante la CoIDH –que en noviembre de 2009 emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por los casos de feminicidio–, explicó que este es un acto para "salir del paso" y aparentar que se cumple con el fallo del tribunal interamericano.

Cabe recordar que el caso Campo Algodonero se refiere a la desaparición y posterior asesinato de tres de ocho mujeres encontradas el 6 y 7 de noviembre de 2001. Dos días después del hallazgo, las autoridades "identificaron" los cuerpos sin ninguna técnica fiable para ello, además de que no dieron con los responsables.

Tras ocho años de impunidad, en 2009 la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en las deficientes investigaciones en estos casos, y ordenó una serie de medidas para identificar y sancionar a los responsables, y garantizar que hechos de esta naturaleza no se repitan en Juárez ni en el resto del país.

Una de las reparaciones ordenadas fue que el Estado mexicano realizara un "acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional", el cual tiene como objetivo la aceptación oficial de las víctimas de feminicidio y que se formulen compromisos claros para prevenir y erradicar este tipo de violencia.

No obstante, aclaró Salas, los únicos funcionarios que asistirán son Dilcya García, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob; y Sara Irene Herrerías, procuradora social de Atención a las Víctimas del Delito.

La abogada resaltó que el ideal de las familias de las víctimas es que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, e incluso Felipe Calderón, asistieran al lugar para leer los elementos claves de la sentencia, ofrecer disculpas y comprometerse a tomar acciones al respecto.

Ante esta situación, Karla Michel Salas acusó a Blake Mora y a Calderón de desconocer sus compromisos, toda vez que en septiembre pasado ambos acordaron ante el relator de la CIDH Rodrigo Escobar Gil, cumplir con todas las sentencias de la CoIDH antes del fin del actual sexenio.

A decir de la defensora de Derechos Humanos, en febrero pasado los representantes de las víctimas y funcionarios de la Segob, entre ellos Felipe de Jesús Zamora, acordaron inaugurar un memorial en honor a todas las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en la ciudad fronteriza desde 1993, tal y como lo ordenó la CoIDH, sin embargo, éste aún no está terminado.

De acuerdo con la sentencia, lo que se debe construir en Campo Algodonero es una escultura en honor a las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas, un museo y un conjunto de placas que expliquen qué es el feminicidio.

Salas precisó que las autoridades se comprometieron a terminar el memorial antes del 8 de marzo de 2012, y a sancionar a los responsables de irregularidades en las investigaciones de esos homicidios, pero esto no ha sucedido.

La integrante de la ANAD también criticó que aunque la sentencia de Campo Algodonero fue la primera que recibió el Estado mexicano por violencia contra las mujeres, no se le da importancia y, en contraste, en el acto de reconocimiento por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla en 1974, sí estarán presentes autoridades de alto nivel.

Cabe mencionar que este acto –también ordenado por una sentencia de la CoIDH– se realizará el 14 de noviembre en Atoyac, Guerrero, con la presencia de Francisco Blake y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

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