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Víctimas de trabajo forzoso, 11.4 millones de mujeres y niñas

Por la Redacción

Para lograr que al menos 50 países ratifiquen para 2018 el Protocolo de Trabajo Forzoso –delito del que son víctimas 11.4 millones de mujeres y niñas en el mundo–, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó la campaña “50 for Freedom” (50 por la Libertad), y una plataforma digital con estadísticas e historias de mujeres que padecieron esta forma de esclavitud moderna.
 
El 11 de junio de 2014 la OIT adoptó un nuevo Protocolo para combatir las formas modernas de esclavitud, pero más de un año después sólo un país –Níger– lo ha implementado.
 
A fin de conseguir que para 2018 medio centenar de países ratifiquen el protocolo y desarrollen estrategias para prevenir el trabajo forzoso, la OIT junto con la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional de Empleadores presentaron la plataforma en línea (http://50forfreedom.org/es/), en la que se invita a la sociedad a impulsar este tratado internacional al interior de sus naciones.
 
La OIT recordó que 20.9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en el mundo, de las que 55 por ciento son mujeres y niñas, quienes principalmente son forzadas a la explotación sexual. Muchas otras mujeres –abundó el mecanismo– son engañadas para que realicen trabajos del hogar sin remuneración en un país distinto al suyo.
 
Con la campaña se informa que las nuevas formas de esclavitud moderna hacen difícil el reconocimiento del trabajo forzoso, ya que la mayoría de las víctimas son inducidas a aceptar lo que en apariencia es una buena oportunidad laboral, las mantienen aisladas, trabajan para pagar una deuda muy grande, les prometen un salario que nunca reciben, trabajan largas jornadas sin pago de horas extras, viven y laboran en condiciones abusivas, son amenazadas, secuestradas, y reciben golpes o son violadas.
 
El nuevo protocolo de la OIT es vinculante y actualiza el Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, ya que requiere medidas para proteger mejor a las y los trabajadores de prácticas de reclutamiento fraudulentas o abusivas, en especial a personas migrantes.
 
Además, el protocolo requiere de que los países garanticen la liberación, recuperación y readaptación de las víctimas de esclavitud moderna, y las protege de sanciones ante cualquier actividad ilícita que hayan sido obligadas a cometer.
 
El protocolo también obliga a que las naciones garanticen que todos los sectores estén protegidos por la legislación laboral –incluso cuando no son residentes legales del país donde trabajan–, que se fortalezca la inspección, se adopten medidas adicionales para educar e informar sobre trata de personas, y se sancionen las prácticas abusivas y fraudulentas de contratistas y agencias de empleo. 
 
De acuerdo con el organismo internacional, una vez que los países ratifiquen este protocolo para que entre en vigor, deberán informar regularmente sobre las medidas concretas que adopten para terminar con esta esclavitud moderna.
 
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