Un grupo de mujeres y hombres, integrantes del Pacto por la vida a la libertad y los derechos de las mujeres, repudiaron hoy las reformas constitucionales que criminalizan el derecho de las mujeres a decidir, y en especial por obligar a las menores de edad, víctimas de violación sexual, a ser madres.
Frente a la Representación del gobierno de Quintana Roo en el Distrito Federal -durante la cuarta manifestación que el Pacto realiza el primer jueves de cada mes- las activistas, con pancartas en mano exclamaron consignas a favor de sus derechos.
Expresaron su rechazo a las y los legisladores, que en abril de 2009, reformaron el artículo 13 de la Constitución local, en el cual ahora se «reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción».
Con esta reforma -apoyada por 18 de las 25 diputadas y diputados del Congreso, en su mayoría priístas- se vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y a interrumpir un embarazo no deseado, declararon las voceras, luego de ser recibidas por Myriam Moreno Pacheco, directora de información de la representación.
A la funcionaria le entregaron una carta dirigida a Félix González Canto, gobernador de la entidad, y a las y los legisladores del Congreso, a quienes exigieron implementar políticas responsables y formales, de atención integral a las mujeres que pertenecen a sectores marginados y en particular a las niñas.
Recordaron que hace unas semanas el caso de una niña, originaria de Robirosa, una comunidad rural, en el sur de Quintana Roo, embarazada después de ser violada sexualmente por su padrastro, es ejemplo de la ineptitud e ineficacia de las autoridades para proteger a las niñas quintanarroenses y las victimas de violación.
En la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, las manifestantes señalaron que el Congreso de Quintana Roo, «demostró de manera tangible su obediencia fiel a las instituciones de las autoridades del Estado Vaticano», por lo cual pidieron que ahora dé muestras mínimas de sensibilidad y vigile de manera crítica el desempeño de las instituciones en materia de atención a la mujer.
MUJERES SIN DERECHO A DECIDIR
Cimacnoticias ha documentado los casos de mujeres que son criminalizadas por interrumpir un embarazo en Quintana Roo. Uno de ellos es el de Zac Nicté, mujer maya de 22 años, quien sufrió un aborto espontáneo cuando tenía seis meses de embarazo, hecho por el cual fue recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, acusada de aborto y homicidio culposo.
Considerada la primera víctima de la reforma constitucional que penaliza la interrupción del embarazo, Zac Nicté fue encarcelada después de acudir a un hospital porque al mover algunos muebles en su casa, tuvo una fuerte hemorragia. En el lugar fue atendida pero el 6 de octubre la encarcelaron. Luego de permanecer 17 días en el Cereso, fue liberada por falta de pruebas acusatorias.
Otro caso emblemático en la entidad es el de la niña que la semana pasada cumplió 11 años de edad. Ella fue violada sexualmente por su padrastro, de la agresión resultó un embarazo «que el DIF estatal la obligó a continuar», puntualizaron las manifestantes.
Esto debido a que el Código Penal de la entidad establece que en caso de violación sexual, el aborto esta permitido «siempre que se practique dentro del término de 90 días de la gestación», sin embargo, la niña tenía 14 semanas de embarazo cuando denunció el hecho, por lo cual debe culminar la gestación.
A pesar de que organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y RADAR 4°, ofrecieron asesoría legal y ayuda para interrumpir el embarazo, si así lo decidía la madre de la menor de edad, las autoridades encargadas del caso, en especial el Ministerio Público y el DIF, intimidaron a la madre diciéndole que ese procedimiento era un riesgo para la salud de la niña.
De acuerdo con Gabriela Rojo, abogada de RADAR 4°, quien confirmó en entrevista que «este capitulo este cerrado», hasta ahora la niña permanece en la casa de asistencia del Programa de Atención para Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) donde continúa con la gestación.
En la concentración de hoy, las activistas preguntaron: «¿Dónde queda la convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990? ¿Dónde están los derechos de la infancia en Quintana Roo, para que la vida de una niña, a sus 11 años, quede marcada por la cultura del machismo y el prejuicio religioso, pero sobre todo por la ineptitud de las instituciones del Estado?».
Finalmente recordaron que la NOM-046-SSA2-2005 «Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-045) obliga a las autoridades a garantizar el método de anticoncepción de emergencia para las mujeres víctimas de violación, y así evitar embarazos no deseados.
Sin embargo, esta norma no se aplica en el estado, por ello las integrantes del Pacto dijeron que comenzarán una campaña en las redes sociales de Internet, para que las y los ciudadanos tomen en cuenta esta situación en las próximas elecciones de julio, y para que los turistas consideren no viajar a Cancún, uno de los centros turísticos más importantes del estado.
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