Las violaciones contra cuatro mujeres menores de edad por parte de militares en Michoacán constituyen una «alerta» de lo que puede prevalecer en el país si el Ejército continúa «fuera del cuartel» y pueden sumarse a casos similares, que desde hace 13 años han quedado impunes porque los soldados han sido «juzgados» por la vía militar.
Parece que así ocurrirá con las violaciones en Michoacán, de seguirse la recomendación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, quien en su informe preliminar sobre las actuaciones del Ejército en la entidad, lejos de pronunciarse porque los hechos sean investigados por una instancia civil, insiste en que «la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) es la autoridad competente para conocer de las investigaciones que puedan iniciarse para esclarecer los sucesos».
Pero sabemos que la impunidad es el signo cuando esta instancia «investiga este tipo de hechos»: recordemos a las tres indígenas tzeltales menores de edad, violadas en 1994 por militares (cuyo caso fue llevando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) o los más recientes de Castaños, Coahuila; de Zongolica y ahora Michoacán.
Por ello, Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Costa Rica, insiste en que los hechos de violación de derechos humanos, deben ser investigados por una jurisdicción ordinaria y no militar.
«Sería la única forma de garantizar la imparcialidad y efectividad de la investigación, ya que la jurisdicción militar no es el órgano competente para investigar casos de violaciones cometidas por elementos del ejército», señala Long en entrevista con Cimacnoticias.
«La CIDH ha establecido que la jurisdicción militar no es el órgano competente para conocer casos cometidos por militares que no tienen relación con el ejercicio militar», agrega.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, alertó también sobre las violaciones en Michoacán: «son los posibles riesgos» cuando se utiliza a las fuerzas armadas.
«Creemos que el Estado está enfrentando una situación sumamente débil y en materia de combate contra el crimen organizado tiene que tomar medidas en el marco del respeto de los derechos humanos, eso es lo que le preocupa a la oficina».
Para el funcionario, un «avance importante» es el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) «de no permitir este tipo de actos», como indicó la institución en su comunicado del 15 de mayo: «en el supuesto caso de que se encontraran pruebas fehacientes contra algún militar, la PJM consignará a los probables responsables exigiendo el máximo castigo con todo el rigor de la ley».
Para Incalcaterra en el transcurso de las próximas semanas se verá esta voluntad expresa de las autoridades» que «es una oportunidad para transformar el discurso en hechos reales».
Aunque para Soraya Long es preocupante que los posibles responsables sean investigados por la vía militar y no civil, lo cual «está establecido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos».
¿DENUNCIA O REIVINDICACIÓN?
Soberanes, en su informe preliminar sobre la actuación del Ejército en operativos contra el narcotráfico en Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, presentado el 15 de mayo, informó que se recabaron 59 quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales.
Destaca la denuncia contra un soldado por la violación a una adolescente de 17 años y el posible abuso sexual de tres menores de edad.
La CNDH conoció lo ocurrido cuando una mujer recluida en el Cereso, presuntamente golpeada durante su detención en los operativos, denunció que durante su traslado uno de los soldados abusó de ella y lo mismo habría hecho con las otras menores de edad.
Algunos señalan como positivo que la CNDH se haya pronunciado sobre el caso, pero hay quienes opinan que esta acción «no invalida la crítica sobre su desempeño en general y en particular en el caso de la señora nahua Ernestina Ascencio».
Raúl Ramírez, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en Baja California, especula: «tal vez fue un intento desesperado de recuperar el prestigio perdido, o se va por la libre para deslindarse de Felipe Calderón y salvarse del descrédito o rompió un acuerdo con él o es una estrategia mediática coyuntural o, en el beneficio de la duda, es una rectificación auténtica».
Dice Amerigo Incalcaterra que la CNDH «tiene en este momento un gran reto, por lo que sus recomendaciones deberán ser muy puntuales» para fortalecer la labor del Estado en su lucha contra el crimen en un marco de respeto a los derechos humanos.
FUERA MILITARES
Juan Navarrete, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, explicó que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública es un debate que se está dando en América Latina, pero lo que ha demostrado es que lejos de garantizar los derechos humanos constituye una amenaza para éstos».
«Hay una tendencia en la mayoría de los países latinoamericanos de utilizar las fuerzas armadas en materia de seguridad, ya sea por altos índices de criminalidad, por el narcotráfico o crimen organizado, pero ni siquiera contribuye a solucionar el problema, pero lo más grave es la impunidad».
Por lo pronto, María Rubí Gómez del Campo, titular del Instituto Michoacano de las Mujeres, enfatizó en entrevista: «no se permitirá que la impunidad prevalezca en el caso de Michoacán y exigiremos el esclarecimiento riguroso y pulcro de los acontecimientos, así como castigo a los responsables».
Subrayó que debe haber una congruencia del Ejecutivo, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado en su discurso «su compromiso contra la violencia hacia las mujeres».
Gómez del Campo exigió que los estados de la República respeten a las mujeres y exhortó a las autoridades e instituciones encargadas de la seguridad nacional a no continuar permitiendo que las mujeres «sean tratadas como objetos».
07/LG/GG
