La semana pasada se inició en el Paso, Texas, un programa violatorio de derechos humanos, que se suma a otros de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el que se utilizan lanzadores de proyectiles de polvo o pimienta, propulsados por aire comprimido, en lugar de armas de fuego en contra de los migrantes indocumentados.
El nuevo programa, forma parte de la sistemática política de violación a los derechos humanos que las autoridades de los Estados Unidos aplican en contra de nuestros connacionales.
Dicha política de violación a los derechos humanos, encuentra sus más recientes antecedentes en el Programa Unilateral de Repatriaciones que tuvo lugar en septiembre del 2003, en el cual se esposaba a los migrantes, y en las deportaciones masivas derivadas de las redadas que tuvieron lugar en las tiendas Wal-Mart en octubre del año pasado.
Actualmente, el Programa de Repatriaciones Voluntarias, concretado en un indignante Acuerdo Bilateral suscrito y plenamente aceptado por el Gobierno Mexicano, constituye uno de los actos mas vejatorios hacia todos nuestros connacionales que se han visto obligados, por una u otra razón a abandonar sus lugares de origen.
Resulta por tanto, reprobable y vergonzoso el hecho de que el 21 de julio de 2001, el gobierno del Presidente Fox haya acordado con las autoridades de los Estados Unidos, un Plan de Acción para la Cooperación en Materia de Seguridad Fronteriza, en cuyo apartado III, relativo a la violencia en la frontera, el gobierno mexicano autoriza que se ponga en marcha un programa piloto para la utilización de armas no letales por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza.
De igual forma, resulta censurable la actitud hipócrita mostrada por el propio Ejecutivo Federal en el Comunicado de Prensa No. 167, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 04 de agosto del presente, en el que se afirma que «la Cancillería ha instruido al Embajador de México en Washington, Carlos Alberto de Icaza, a efecto de que se reúna con funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos, con objeto de solicitar información detallada y puntual sobre la aplicación del programa, expresar la preocupación del Gobierno de México por el uso discrecional que pueda darse de esas armas y manifestar la necesidad de que los cuerpos policíacos de ese país se conduzcan con estricto apego a los derechos humanos de nuestros connacionales».
Y por si no hubiera sido suficiente fingir que no se tenía conocimiento de la utilización de «armas no letales» en contra de los migrantes mexicanos, en el mismo comunicado se afirma que «se giraron instrucciones a los consulados de México en la frontera para que redoblen los esfuerzos que realizan para vigilar y exigir que se respeten la dignidad y los derechos humanos de los migrantes mexicanos y que este tipo de armas sean utilizadas sólo en caso de que los cuerpos policíacos tengan la necesidad de repeler ataques».
Tamaña incongruencia no podría esperarse del Ejecutivo Federal, ante nuestros connacionales cuando un día se presenta ante ellos, ofreciéndoles su defensa y hasta el voto de los mexicanos radicados en E.U.A., y en otros momentos a sus espaldas, firma convenios que contravienen sus derechos humanos y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que en su artículo 5 señala que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Rechazar este y todo programa que atenta con los derechos humanos de los migrantes de cualquier nacionalidad, es lo que debemos reclamar, en todo caso, debemos insistir en el acuerdo migratorio y acudir a todo organismo internacional para hacer valer nuestro derecho como Estado-nación que vela por sus connacionales y por la universalidad de derechos, tal y como se hizo con los mas de 50 connacionales condenados a muerte ante la Corte de Justicia Internacional de la Haya.
*Leticia Burgos Ochoa, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez de la Comisión de Desarrollo Social.
2004/LB/LR/SM
