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Violencia contra mujeres impune por mala impartición de justicia

Por Elisa Sasvín

En este departamento guatemalteco los casos de violencia contra mujeres y niñas quedan en la impunidad, toda vez que los agentes del Ministerio Público (MP) no investigan adecuadamente y no sustentan las acusaciones contra los agresores por lo que al final los jueces los absuelven.

Aleyda Lucrecia Ordóñez, de la Auxiliatura departamental del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), afirmó lo anterior y explicó que esta procuraduría ha remitido muchas denuncias de mujeres violentadas, pero en su mayoría los impartidores de justicia carecen de elementos para dictar sentencias condenatorias.

La funcionaria dijo que siguen impunes los asesinatos de María Ester Rosales, de 17 años, estrangulada junto a su hijo de nueve meses, y el de Ana Elizabeth Arias, de 40 años, muerta violentamente junto a su hija Fulvia Susana López, de 20 años. Estos crímenes ocurrieron en la comunidad de Tulumaje y en el municipio de El Jícaro, respectivamente.

En opinión de Ordóñez, si la acusación que presenta el MP es pobre, la sentencia también será pobre, por lo que para la ejecución de un debido proceso es determinante la investigación y acusación que dicha entidad presente a los tribunales y recordó que los jueces dictaminan con base en los elementos que presenten.

Las parlamentarias Mirza Arreaga, presidenta de la Comisión de la Mujer, y Maura Estrada, de la Comisión de Gobernación, detectaron durante una visita a este departamento en 2010, la debilidad existente en la aplicación de la justicia a favor de las mujeres.

Las diputadas concluyeron que los miembros del Juzgado de Primera Instancia y el MP no comparten los mismos criterios en la aplicación de leyes a favor de las mujeres, por lo que les recomendaron retomar su responsabilidad y advirtieron que por omisión pueden ser sancionados.

Según un informe del Fiscal Distrital del MP, José Cruz Córdova, en poder de Ordóñez, en este departamento se dictó el año pasado sólo una sentencia condenatoria de cinco años de prisión por violencia económica.

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