La grave situación de violencia que viven las mexicanas es un problema de gobernabilidad democrática, pues hasta el día de hoy prevalece la incapacidad del gobierno para garantizar una vida libre de violencia a la población femenina, aseguró la presidenta de la Red de Investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, Marcela Lagarde y de los Ríos.
Al iniciar el primer día de trabajo del Segundo Seminario Nacional de la Red, que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y que concluye mañana, Lagarde apuntó que el reflejo de dicha ingobernabilidad es la falta de voluntad política homogénea en el país para aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
Precisó que en los estados existen distintos tipos de percepciones sobre la violencia de género, las cuales se reflejan en cada una de las leyes locales vigentes sobre el tema.
Lagarde puso como ejemplo que únicamente el estado de Guerrero tiene tipificado en su Código Penal el delito de feminicidio, con penas de entre 30 y 50 años de presión. En contraste, el resto de las 31 entidades federativas del país sólo estipulan órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia, de acuerdo con lo que establece la Ley General.
En el colmo, lamentó la antropóloga feminista, en el estado de Chihuahua -donde en 2010 fueron asesinadas 446 mujeres y tan sólo en enero pasado se registraron otros 29 homicidios- la legislación penal ni siquiera plantea medidas de protección para las víctimas de violencia.
Lagarde abundó que a cuatro años de la promulgación de la Ley General aún se incumple con sus artículos transitorios fundamentales, los cuales obligan –entre otros aspectos– a la creación de un Banco Nacional de Datos, científico, transparente y público, y la elaboración de un diagnóstico nacional de la situación sobre la violencia contra las mujeres, a pesar de que el gobierno federal no ha designado presupuesto para ello, criticó.
Otro de los artículos transitorios que aún se incumplen es el referente a la reforma a los Códigos penales y civiles de los estados, así como a sus códigos de procedimientos respectivos, para tipificar los delitos de acuerdo con la Ley General y eliminar todos aquellos que atentan contra las mujeres.
La complicidad entre autoridad y agresores de las mujeres, la cual construye la impunidad, existe gracias a «pactos mafiosos que perviven en las democracias», apuntó en su turno el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, al citar a la filósofa Celia Amorós.
Estos pactos, explicó, son signados de manera informal por los beneficiarios de los poderes fácticos para romperlos, para revertirlos, por lo que señaló que es necesario romper el nexo naturalizado entre la impunidad y por otra parte la violencia y discriminación que las mujeres experimentan.
Para avanzar en el respeto y garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres es necesario armonizar la legislación penal y desaparecer las «leyes sombras» que impiden la efectividad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señaló por su lado Itzá Castañeda, asesora principal en género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Por ello, puntualizó Castañeda, «es inaceptable la violencia contra las mujeres en procesos de guerra o de paz».
A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres se pronunció también a favor de la libertad de expresión y contra la violencia hacia las informadoras, especialmente demandaron el regreso a la radio de la periodista Carmen Aristegui, cuyo profesionalismo es intachable, aseguró Marcela Lagarde.
Al Segundo Seminario Nacional acuden más de 100 activistas por los DH de las mujeres de estados como Veracruz, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Chiapas. Mañana la reunión continuará en un céntrico hotel de la Ciudad de México.
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