En carta dirigida a las y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la organización internacional Human Rights Watch (HRW) los alienta a votar a favor de la prevención de los embarazos no deseados y a favor de los derechos humanos de las mujeres.
Esto se logrará, dice HRW, «al garantizar en la Ley de Salud del Distrito Federal el acceso a anticonceptivos y a la educación sexual» y «al incluir en el Código Penal del Distrito Federal la afectación al proyecto de vida como causal para la exclusión de responsabilidad penal en casos de aborto en el primer trimestre del embarazo».
La carta, signada por José Miguel Vivanco, director Ejecutivo de la División de las Américas, y LaShawn R. Jefferson, directora Ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres, del organismo, dice que «numerosas investigaciones en varios países, demuestran que es necesario contextualizar las circunstancias en las cuales las mujeres enfrentan un embarazo no deseado».
Muchas veces, el embarazo no deseado llega al final de un largo camino de restricciones y obstáculos al uso responsable e informado de métodos de anticoncepción y de planificación familiar.
Estas barreras incluyen la violencia doméstica y sexual por parte de las parejas íntimas; la falta de información o la proporción de información inadecuada o tendenciosa con respecto a la salud reproductiva y la autonomía sexual; y el hecho que las mujeres más necesitadas a menudo no tienen los recursos financieros para acceder a anticonceptivos ni a información.
Las consecuencias de este tipo de barreras –relevantes para muchas mujeres en el Distrito Federal– son nefastas para la salud y vidas de las mujeres. De hecho, la experiencia internacional indica que el tipo de enmiendas permisivas propuestas a la legislación penal y en materia de salud del Distrito Federal en la gran mayoría de los casos permite evitar tanto los embarazos no deseados como los abortos inseguros.
Interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos sugieren además que todas las mujeres poseen el derecho a decidir de manera independiente sobre temas relacionados con el embarazo, inclusive sobre uso de anticonceptivos y acceso al aborto, sin interferencia del Estado o de terceros.
Ciertos opositores a la anticoncepción y al aborto sostienen que el derecho internacional de derechos humanos protege el derecho a la vida del feto y por lo tanto requiere la penalización del aborto.
Esto no es así.
El único instrumento de derechos humanos que explícitamente posibilita la aplicación del derecho a la vida desde el momento de la concepción –la Convención Americana sobre Derechos Humanos– contiene lenguaje específico que demuestra la intención explícita de sus fundadores, incluyendo México.
Al respecto, existe la declaración interpretativa del Gobierno mexicano para que se permita legislación doméstica no restrictiva sobre el aborto.
De hecho, los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México garantizan los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la privacidad, a la información, a la libertad religiosa y de conciencia, a igual protección por la ley, y a tomar decisiones independientes sobre el número de hijas e hijos y el intervalo entre los nacimientos.
Además, las interpretaciones de comités especializados de Naciones Unidas instan a revisar legislaciones como la del Distrito Federal. El Comité de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer emitió, en 1999, la recomendación general número 24, sobre la mujer y la salud, que llama a despenalizar procedimientos médicos que únicamente requieren las mujeres. El aborto es uno de ellos.
PREOCUPACIÓN
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examina violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destacó con preocupación la relación entre leyes que restringen el aborto y los riesgos para la vida de las mujeres y recomendó la reforma de estas leyes.
El Comité de los Derechos del Niño, que evalúa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño instó a los gobiernos a revisar las leyes que prohíben el aborto en aquellos casos en que los abortos inseguros contribuyen a generar altas tasas de mortalidad materna.
Tomado como un todo, este cuerpo de derecho lleva a la conclusión que la mujer tiene el derecho a decidir en asuntos relacionados con el aborto.
El aborto seguro y legal es esencial para la salud y autonomía de las mujeres, y sería la manera más directa de frenar la pérdida de vidas y otros efectos en la salud que podrían ser prevenidos y que resultan de la práctica del aborto ilegal, inseguro e irreglamentado que se lleva a cabo hoy en México.
Dada la extensión del daño y el número de mujeres cuya salud y vidas son destrozadas por el resultado de las actuales leyes y políticas, Human Rights Watch insta a todas las partes interesadas, sin importar su posición sobre el aborto, a priorizar que se les garantice a las mujeres el control independiente sobre su propia fertilidad a través de la provisión de información anticonceptiva correcta, de una gama completa de métodos anticonceptivos, y del aborto seguro y legal por lo menos en el primer trimestre del embarazo.
También debería priorizarse asegurar que todas las mujeres reciban atención médica adecuada y humanizada, incluyendo cuando sufren las consecuencias de un aborto ilegal e inseguro. Urgimos a los honorables diputados a que trabajen por el bien común y la salud de las mujeres mexicanas y voten a favor de estas prioridades y derechos, concluye la carta de HRW a las y los legisladores capitalinos.
07/GG/CV
