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Violencia extrema en Líbano contra trabajadoras domésticas

Por Redaccion

Human Rights Watch (HRW) llamó al gobierno de Líbano a proteger los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar migrantes, quienes sufren violencia por parte de sus empleadores y carecen de acceso a la justicia. Un ejemplo es el caso de un patrón que recibió en 1999, una sentencia de 18 meses de prisión por asesinar a su empleada esrilanquesa.

El anterior, es uno de los 114 casos documentados por HRW en su informe “Sin protección: Cómo el sistema de justicia libanés no protege a las trabajadores domésticas migrantes”, publicado el pasado 16 de septiembre.

Tras el análisis de más de 100 fallos judiciales libaneses, que afectan a trabajadoras domésticas migrantes, HRW indicó que el gobierno de Líbano debe proveer de las leyes y mecanismos suficientes para asegurar que esta población confíe en que los tribunales protejan sus derechos.

La falta de mecanismos de denuncia accesibles, la lentitud de los procedimientos judiciales y las políticas migratorias restrictivas “disuaden a muchas trabajadoras de interponer o continuar con denuncias en contra sus empleadores”.

En este país árabe, es común que cuando las trabajadoras presentan una denuncia, la policía y autoridades judiciales consideran que los abusos denunciados no son delitos.

AUTORIDADES CÓMPLICES

Nadim Houry, director de la oficina de HRW, en Beirut, considera que cuando las autoridades ignoran las denuncias, se vuelven cómplices de las violaciones constantes de los empleadores contra las migrantes dedicadas a esa labor, “encerrar o abofetear a alguien es un delito, independientemente de quién sea a víctima”, añade.

En los casos examinados, HRW no halló un solo ejemplo en que se formularan cargos en contra de un empleador por encerrar a las trabajadoras en las casas, confiscar sus pasaportes o negarles los alimentos, a pesar de que estas violaciones de la ley son comunes en el país.

Según el informe, las familias libanesas emplean alrededor de 200 mil trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes, procedentes principalmente de Sri Lanka, Etiopía, Filipinas y Nepal.

El trámite judicial de las denuncias de las empleadas del hogar en contra de sus patrones, tardan hasta 54 meses en resolverse. Ello significa una “carga adicional para las trabajadoras, ya que las políticas migratorias restrictivas del Líbano hacen difícil que puedan permanecer en el país para perseguir el caso”.

De acuerdo con el sistema migratorio, las o los trabajadores migrantes que dejan su empleo pierden el derecho a vivir en Libano, se exponen a que los detengan y deporten, aún cuando la razón haya sido presentar una denuncia.

IMPUNE VIOLENCIA VS TRABAJADORAS MIGRANTES

Las denuncias de violencia en contra de las empleadas domésticas migrantes, no suelen atraer suficiente atención de la policía o los fiscales. En 2005, la policía esperó 21 días antes de empezar a investigar una denuncia de maltrato físico contra una trabajadora.

Un análisis de diversos informes policiales demostró que, durante la investigación de estos casos, las autoridades hacen preguntas generales a los empleadores y dan por ciertas sus declaraciones sin cotejarlas con otros testigos.

El Poder Judicial libanés ha procesado algunos casos de maltrato grave contra empleadas domésticas migrantes, éstos son escasos y con sentencias “leves”. Muestra de ello, es que un tribunal penal condenó a un empleador a 15 días de prisión por propinar múltiples golpizas a una trabajadora del hogar filipina.

La sentencia “más dura” por violencia física contra esta población, documentada por HRW, fue de un mes, en contra de un patrón que golpeó en repetidas ocasiones a una trabajadora doméstica de Sri Lanka, a la que mantenía encerrada.

Ni siquiera en los casos de homicidios, las sentencias son proporcionales, ya que en 1999, un tribunal penal condenó a 18 meses de cárcel un empleador por ejercer violencia física en contra de una trabajadora esrilanquesa hasta matarla.

FALTA DE DEBIDO PROCESO

A ello se suman una serie de violaciones a las garantías procesales y el derecho a un juicio justo en los casos en que se acusaba de un crimen a las trabajadoras domésticas, casi siempre de robo. En 44 por ciento de los 84 casos examinados por HRW, las trabajadoras no tenían un abogado defensor.

En 68 por ciento de los casos fueron sometidas a los procedimientos policiales y judiciales sin la ayuda de traductores certificados, a pesar de que muchas de ellas no dominan el árabe. Era raro que hubiera intérpretes, incluso cuando eran acusadas de un delito grave.

Además, en 76 por ciento de los 84 casos, se amplió la detención previa al juicio en promedio tres meses, antes de que salieran libres, aunque cuatro de ellas pasaron ocho meses antes de que las declararan inocentes.

RECOMENDACIONES DE HRW

A pesar de que los ministros de Interior y del Trabajo, expresaron su intención de mejorar el trato para con las trabajadoras domésticas migrantes, la acción gubernamental ha consistido en iniciativas de reforma “limitadas”, que no incluyen la creación de mecanismos “eficaces” de inspección en las casas, donde se ocupan las migrantes.

Por ello, el jueves pasado, HRW instó a las autoridades libanesas a desarrollar un plan nacional para aumentar la posibilidad de que lleguen a juicio, las denuncias en contra de empleadores de las y los migrantes trabajadores del hogar.

El gobierno libanés debe ofrecer asistencia legal e intérpretes certificados a las personas migrantes, víctimas de abusos o acusados de un crimen. También, debe capacitar a sus agentes de policía, funcionarios de inmigración y jueces, para que identifiquen y respondan a las denuncias de abuso en contra de las y los empleados domésticos extranjeros.

HRW subraya que es preciso reformar el sistema migratorio libanés para que las y los trabajadores con visa, no teman la detención o ser deportados por denunciar. Y también deben promulgar una legislación que ordene la creación de mecanismo que dé solución a los conflictos salariales.

10/GCJ/LR/LGL

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