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Violencia familiar, azote de las nicaragüenses

Por la Redacción

Aurelita, con tan sólo 26 años, ha sufrido la violencia dentro y fuera de su hogar. Maltratada física y psicológicamente por sus padres, y después por su marido, ahora sufre las amenazas de sus vecinos por denunciar que uno de ellos abusó de su hija de cuatro años.

La historia de Aurelita, reportada por la Agencia Española de Información Solidaria (AIS), es sólo una más de los 51 mil casos de mujeres y niñas nicaragüenses que en 2003 sufrieron violencia intrafamiliar y abusos sexuales, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional. Sólo en 2004 se notificaron 50 mujeres muertas a manos de sus compañeros sentimentales; siete de ellas eran niñas menores de 15 años.

Como indica AIS, además de los daños psicológicos que acarrea en las mujeres la violencia de género, tales como miedo, pérdida de autoestima o depresión, también tiene consecuencias económicas.

Así, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que en 1996, debido a las lesiones que sufrían a manos de su pareja, el ingreso de las mujeres nicaragüenses se redujo en 29.5 millones de dólares (1.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país).

El propio estudio del BID mostraba que, en Managua, el 63 por ciento de los hijos de familias con violencia intrafamiliar repetía años escolares y, en promedio, abandonaba la escuela en el noveno año, frente a la escolaridad de doce años de los hijos de mujeres que no sufrían maltrato.

En Nicaragua, como en otros países, en gran parte gracias a los esfuerzos realizados por el movimiento de mujeres para denunciar y hacer visible la violencia en el hogar, ésta ha dejado de ser un problema de ámbito privado y familiar para convertirse en un problema de derechos humanos en el que los gobiernos deben intervenir. De hecho, el nuevo Código Procesal nicaragüense tipifica como delito la violencia intrafamiliar.

“La policía dice que somos su mano derecha porque recogemos pruebas para llevarlas a juicio”, comentó a AIS Yorlin Zelaya, trabajadora social de Fundemuni, una de las organizaciones dedicadas a atender a las mujeres víctimas de violencia.

Entre los obstáculos que se encuentran son los jurados de conciencia. “Estos tribunales populares -afirma Yorlin- están formados por miembros de las propias comunidades que suelen fallar en favor del agresor, ya que lo conocen; además, las leyes de protección, como el alojamiento, son difíciles de dictar porque, al fin y al cabo, los jueces son hombres”. .

Por ello, otro de los aspectos contemplados en el programa es la capacitación dirigida a sectores importantes de la población, como los promotores de derechos humanos, los cuerpos de Seguridad del Estado, las autoridades del Poder Judicial y los integrantes de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, una dependencia de la policía especializada en este tipo de casos.

El objetivo de este tipo de talleres es concienciar a agentes clave en la defensa y el respeto de los derechos de las mujeres, así como difundir información sobre reglamentos jurídicos y legales entre quienes tienen que hacer cumplir la ley.

Cabe recordar que actualmente se lleva a cabo en varias naciones del mundo la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, misma que arrancó el pasado 25 de noviembre teniendo como eje temático la relación entre mujeres y VIH/Sida.

05/ER/YT

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