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Violencia impune contra menores en escuelas

Por Miriam Ruiz

La próxima semana regresan a la escuela 24 millones de niñas y niños desde el jardín de niños a la secundaria, sin ninguna garantía de estar a salvo del maltrato psicológico, físico o de una violación.

Así lo evidencian las cuatro recomendaciones hechas en los pasados dos años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; los 60 casos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en esta ciudad y los testimonios de las familiares de las víctimas quienes ya no quieren hablar más.

De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), en 2002 fueron atendidos cuatro mil casos de agresión sexual: 40 por ciento en menores de edad, 60 por ciento de los cuales conocía al agresor.

En los últimos tres años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo cuatro recomendaciones al secretario de Educación Reyes Tamez y al ex contralor Francisco Barrio Terrazas: dos sobre abuso sexual y dos sobre agresiones físicas. Solamente se ha cumplido una y parcialmente.

La recomendación 16/2001, surgió a raíz de la violación por parte del prefecto José Gaspar Martínez García de años 50 años de edad a una niña de primer año de secundaria –los nombres de las víctimas no aparecen en los documentos— en la escuela Secundaria Técnica 14, ubicada en el centro de la ciudad, en marzo del 2001 consignada en la averiguación previa 47/00174/01-03.

La sanción para el prefecto fue su inhabilitación por 10 años. Se libró de ir a la cárcel “por falta de elementos”, aunque violó a la niña de 12 años en el taller de electrónica. Las prefectas María Cristina Pilar Jiménez y Blandina Silvia Casto, le preguntaron al salir qué hacía allí y la reconvinieron “Si tu mamá se entera que estuviste con Martínez a solas, que dirá ella.”

Mientras que en la secundaria pública Profesor Caritino Maldonado un maestro atemorizaba a sus alumnas al decirles “que si abrían las piernas se les rompería una telita” en la secundaria 147 tras la acusación por caricias obscenas de un profesor, el inspector de zona sugirió cambiar a los menores de escuela porque “ellos motivaban el problema y no el profesor”.

La más reciente recomendación de la 39/2002 involucra al personal del jardín de niños Ramiro González del Sordo, donde violaron a por lo menos cuatro preescolares obligándolos a tener otras prácticas sadomaquistas, sesiones fotográficas y sexo en grupo, tanto dentro como fuera del plantel, bajo el ojo disimulado de la directora y de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar.

Al día de hoy, no hay más respuestas sobre el caso al primer visitador de la CNDH Víctor Martínez Bullé-Goyri y cuyo expediente (52/DDF/02) se encuentra en la Procuraduría General de la República (PGR).

LEJOS DE LA CNDH

Apenas hace unas semanas dos médicos escolares –que prefieren omitir sus nombres—denunciaron públicamente durante un foro en el Instituto Nacional de Pediatría la complicidad de las autoridades educativas en los abusos sexuales o maltratos a menores.

En uno, ocurrido en la escuela Salvador Allende de la delegación Magdalena Contreras, el departamento jurídico de la SEP pidió informes sobre la integridad de la maestra agresora; en otro caso ocurrido hace un par de años en la secundaria Agustín Legorreta de la delegación Milpa Alta, el agresor no recibió “ninguna sanción o castigo”.

Algunos de estos casos son rechazados por la CNDH alegando falta de elementos o cuando la SEP informa que el caso ya está resuelto. En casi todos, la tónica es el agotamiento de los padres tras meses de pesadilla entre autoridades y terapias, en las que se van fortunas que las familias no tienen. Nunca llega la justicia.

ESCUELAS “DE PAGA”

Las autoridades también protegen a las escuelas privadas, tanto como sus dueños: hoy, persisten las agresiones psicológicas por parte del director y dueño del centro escolar Jaim Weissman de la colonia Portales, donde algún padre o madre prefirió enviar encapuchados a balear a su mascota “porque las tratan mejor que a los niños”, de acuerdo con versiones de los vecinos y usuarios del plantel anónimos ante el temor a represalías.

Don Rosalío Delgado Cortez trabaja en los talleres del Colegio Tepeyac, prestigiosa escuela al norte de la ciudad de México. Trabaja en el taller desde que la directiva de la escuela lo perdonó tras probar su coartada ante la ley al ser acusado por simular cópula en el gimnasio con dos alumnas de secundaria en el ciclo escolar 1995-1996, cuando era conserje.

De acuerdo a vecinos de la colonia Lindavista esta fue la segunda vez que el Colegio Tepeyac lo perdonó tras una acusación por agresiones sexuales. Y dejan ver sus sospechas de que sea un pedófilo y violador también fuera de la escuela.

En el pasado sonó el famoso abuso sexual en el religioso Colegio Cumbres y el caso de una red de pornografía infantil en preescolares en Morelos en el Colegio Oakwood, tragedia que llevó a consitituir en el 2000 la Coordinadora contra el Abuso Infantil (CAI).

PERSISTIRÁN LAS AGRESIONES

En sus recomendaciones, el primer visitador insiste en la reglamentación del programa de prevención y atención al maltrato y abuso sexual infantil. Para la CNDH existe complicidad y desinterés para actuar por parte de la SEP.

La subsecretaria de Servicios Educativos del Distrito Federal, Sylvia Ortega, –de acuerdo al diario La Jornada reconoció otros 60 casos en escuelas del Distrito Federal, “pero ninguno de esta gravedad.”

Ante todo ello, declaraciones extraoficiales de la Contraloría de la SEP confirman conocer incluso a las y los agresores con varias denuncias, pero que se mantienen cobijados por falta de condenas judiciales, sin la que no pueden inhabilitar a un trabajador, por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y hasta por las comunidades de padres de familias.

2003/MR/MEL

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