En nuestro país, la violencia generada por bandas dedicadas al tráfico y a la venta de estupefacientes, ha acaparado la atención de la sociedad mexicana. Sin embargo, hay otro tipo de violencia: la que de manera cotidiana se ejerce hacia las mujeres y que refleja la aceptación cultural que tienen estas prácticas dentro de la sociedad mexicana.
El empleo de violencia sicológica, física o sexual es, en muchas ocasiones, visto como la manera «normal» de establecer o reforzar la jerarquía de poder entre mujeres y hombres, dentro y fuera del hogar. De este tipo de casos existen altos índices.
Asimismo, refleja la poca seriedad con la que el Estado mexicano responde a esta situación, aún cuando se trate de la violación cotidiana de los derechos básicos de más de la mitad de la población mexicana.
Para la directora del Bufete Jurídico Vereda Themis, Julia Pérez Cervera, es importante resaltar el hecho de que el problema de la falta de datos estadísticos existe no sólo en la incidencia de violencia contra las mujeres, sino también en el terreno de impartición de justicia.
En el análisis Balance sobre violencia doméstica, México 2003, que hizo para el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), indica que los pocos datos sistematizados sobre víctimas y agresores sólo se encuentran separados por sexo.
Por ello, dijo, no existe la manera de evaluar el desempeño de las instancias judiciales en torno a la penalización de violencia contra las mujeres.
El estudio en cuestión, fue elaborado por Pérez Cervera para Cladem, que es una red de mujeres y de organizaciones de mujeres de América Latina y El Caribe empeñada en unir esfuerzos para lograr una efectiva defensa de los derechos de las mujeres en la región.
CIFRAS Y LEGISLACIÓN
La Encuesta Nacional sobre Violencia, realizada y dada a conocer por la Secretaría de Salud (SSA), recientemente reveló que una de cada cinco mexicanas sufrió alguna forma de agresión en el hogar. La cifra aumenta de una a tres, al ser cuestionadas sobre si han sufrido violencia sicológica, sexual o física a lo largo de su vida.
La investigación, realizada en servicios de salud de todo el sector público en nuestro país, aplicó 26 mil 40 cuestionarios. Se preguntó a las usuarias de los servicios de salud que iban a consulta general, planificación familiar o detección oportuna de cáncer.
Según el estudio hecho para Cladem, la ausencia en la legislación de medidas efectivas de prevención y protección, coloca a las mujeres que viven violencia en mayor estado de vulnerabilidad.
Así, cuando una mujer denuncia ante las autoridades –civiles, penales o administrativas– suele colocarse en un estado de riesgo, dado que la autoridad difícilmente puede proveer mecanismos de protección durante el proceso y garantizar posteriormente, que la resolución emitida al final del proceso será respetada.
Igualmente, los procesos establecidos en la ley para dirimir situaciones de violencia en contra de las mujeres, suelen revertirse en contra de ellas. «El proceso no considera que las situaciones de violencia familiar y sexual son realizadas en privado y que difícilmente existen testigos, o bien que éstos tienen miedo del agresor», sostiene la autora del estudio.
A pesar de que en México, durante la última década, se han llevado a cabo importantes revisiones y modificaciones legislativas a diversos códigos Penales, Civiles y de Procedimientos, entre otros, no suceden a la par en todas las entidades del país, en lo que se refiere al reconocimiento y ejercicio de los derechos para las mujeres, existen normas que no se han modificado desde hace décadas.
2004/RGL/GBG
