Violencia sexual detona embarazos tempranos en Nicaragua

Martha tiene 14 años y cada mes llega con su pareja de 24 años, o con su madre, al control prenatal en el centro de salud de este municipio de la Región Autónoma del Atlántico Sur, ubicado a ocho horas de la capital, Managua.
 
Cuando se aproxime el parto Martha podrá internarse en la Casa Materna del municipio, inaugurada por el Ministerio de Salud, para atender a las mujeres que llegan de comunidades lejanas.
 
Ella probablemente es parte de las estadísticas del informe “Maternidad en la niñez”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ubica a Nicaragua como el país de América Latina con el mayor índice de embarazo en adolescentes con el 28.1 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años que informó haber tenido su primera hija o hijo antes de los 18 años.
 
También la más reciente Encuesta sobre Demografía y Salud, (Endesa) 2006-2007, del gobierno de Nicaragua, señala que 25 de cada 100 mujeres embarazadas son menores de 19 años, y 106 de cada mil madres son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años.
 
Los embarazos en adolescentes están ligados a los abusos y la violencia sexual permisible y silenciosa en el país, denunció Erenia Amaya, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
 
Erenia fue testigo del caso de otra adolescente de 14 años que llegó al Centro de Adolescentes del Hospital de la Mujer Bertha Calderón, en Managua, a su control de embarazo, acompañada de su pareja de 24 años de edad, lo cual es visto socialmente como algo “normal”, pese a que las leyes lo sancionan.
 
En los hospitales no se indagan las causas del embarazo de las adolescentes, aunque el Código Penal de Nicaragua establece que las relaciones sexuales con menores de 18 años son delito. Tampoco la policía investiga por qué no hay denuncias, criticó Amaya.
 
SE PERMITE VIOLENCIA
 
La activista denunció que en algunas comunidades rurales de la costa caribeña nicaragüense persiste la práctica de la “talamana”, que es la venta de las adolescentes a los abusadores sexuales.
 
En esas comunidades, algunos padres de las adolescentes negocian con el violador y reciben un bien material a cambio de no denunciar ante las autoridades. En muchos casos los progenitores entregan a sus hijas como parejas de los agresores sexuales.
 
Para colmo, el Estado obliga a niñas y adolescentes a ser madres, sin importar los riesgos a su salud, ya que el país penalizó el aborto terapéutico desde 2007, recordó Amaya.
 
Por otra parte, Elia Palacios, integrante del equipo de coordinación de la Asociación de Mujeres Axayacatl, señaló que el “Manual de Orientación Sexual” no se implementa en su totalidad en las escuelas y además mantiene un enfoque “conservador”.
 
Llamó a implementar campañas de prevención, una adecuada atención a las víctimas de violación en las instituciones correspondientes, y la sanción efectiva a los agresores de acuerdo con las leyes.
 
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