A un grupo de mujeres adolescentes, afrodescendientes de escasos recursos de la periferia de Porto Alegre, algunas residentes en albergues del Estado, entre 15 y 18 años, se les aplicó un implante anticonceptivo subdérmico sin su consentimiento, denunció a finales del 2006 la Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, con sede de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
En la denuncia, publicada en el número de enero de Boletina Mujer Saludable, editado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, se explica que el anticonceptivo aplicado a las adolescentes es «a base de etonogestrel (y) ha mostrado tasas de descontinuación de uso muy elevadas, principalmente debido a los efectos de alteración de los patrones de sangramiento, al igual que tasas de remoción considerables, debido al sangramiento vaginal frecuente o prolongado, lo que incide en su costo/efectividad».
El programa de implantes de anticonceptivos hormonales fue impulsado a través de la iniciativa Adolescencia, un proyecto de vida, de la organización no gubernamental Instituto Mulher Consciente, IMC, y contó con el aval de la Secretaría Municipal de Salud de Porto Alegre, según informó Maria Noelci Teixeira Homero, coordinadora técnica de María Mulher, Organização de Mulheres Negras, también coordinadora regional de la Rede Feminista.
En coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre, numerosas organizaciones de mujeres rechazaron públicamente esta práctica que se configura como una política de control de población que lesiona y transgrede los derechos sexuales y reproductivos de las personas, que forman parte de sus derechos humanos fundamentales.
Estos programas están prohibidos por la Constitución brasileña de 1988, la que sostiene que la planificación familiar es un derecho que debe ser garantizado por el Estado en condiciones de calidad de atención y respetando todos los estándares éticos y de derechos humanos de valor universal.
Sin embargo, dice el boletín, en este caso la organización Instituto Mulher Consciente actuó en contra de las recomendaciones de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, de los cuales Brasil es signatario.
Asimismo, transgredió los principios del Sistema Único de Salud y la Política Nacional de Atención Integral a la Salud de la Mujer, cuya base es la autonomía reproductiva de las mujeres desde su juventud.
Por el contrario, el proyecto citado es claramente discriminatorio, toda vez que aplica masivamente un tipo específico de anticonceptivo teniendo en cuenta como único criterio la condición socioeconómica que coincide con un perfil racial/étnico prevalente en la población de Porto Alegre, es decir, afrodescendientes.
ACLARA EL MINISTERIO DE SALUD
Por su parte, el Ministerio de Salud, a través del Área Técnica de Salud de la Mujer y el Área Técnica de Salud de Adolescentes y Jóvenes (Secretaría de Atención de Salud, Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas) emitió el 20 de diciembre una nota aclaratoria donde sostiene que la planificación reproductiva es un derecho sexual y derecho reproductivo de mujeres y hombres, sean adultos o adolescentes.
Reconoce la veracidad de las noticias diseminadas en los principales órganos de prensa respecto de la aplicación masiva del implante anticonceptivo a adolescentes de mayor vulnerabilidad social, con el aval de la secretaría Municipal de Salud y en alianza con la citada ONG, manifiesta que:
Según las directrices del Ministerio de Salud, esa iniciativa no está en sintonía con los principios de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de mujeres y hombres, adultas/os y adolescentes, puesto que uno de los requisitos fundamentales para la efectivización de esos derechos es la opción libre e informada y la posibilidad del sexo seguro y sin violencia, cabiendo a los poderes públicos ofrecer información y acceso a un abanico de métodos y técnicas, tanto para concepción como para anticoncepción que permitan a las personas regular su fecundidad sin colocar en riesgo su salud.
Agrega la institución que no se debe promover la masificación de un método determinado a la población en general ni en grupos específicos, ya que esa opción debe ser personalizada, tomando en consideración las características individuales, las condiciones de vida y de salud de las personas.
También menciona la nota ministerial sobre la posibilidad de que esta acción constituya un vehículo de propaganda de un determinado método anticonceptivo, integrando una amplia estrategia para la ampliación del mercado de consumo del mismo.
07/GG/CV
