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Vivir de la agricultura, piden mujeres rurales

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Debido a que las políticas públicas y programas gubernamentales dirigidos al campo “miran” a las mujeres como pobres y no como productoras, estas acciones disminuyen la posibilidad de que ellas y sus familias –consideradas la población en mayor desventaja del país– puedan comer de lo que siembran, aseveró Blanca Aurora Rubio Vega, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM).

Durante el foro Sobre el Derecho a la Alimentación, Rubio Vega indicó, con base en la investigación que realizó con la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales en 11 estados del norte, sur y centro de la República mexicana, que las políticas del gobierno para las zonas rurales “reproducen la crisis, porque se enfocan al consumo y no a la producción”, lo que afecta particularmente a las mujeres rurales, campesinas e indígenas.

Las mujeres rurales, por su condición de pobreza, de doble o triple jornada de trabajo, se ubican en una mayor subordinación y discriminación en sus comunidades y en el país en general, situación que se refleja en estas políticas que no favorecen su actividad productiva, y para recibir recursos deben aportar de su tiempo y trabajo, a diferencia de los hombres.

Un ejemplo es el programa Oportunidades, una transferencia económica destinada a las mujeres rurales a cambio de prestar un servicio, como limpiar la clínica, la plaza pública o asistir a reuniones de corte político. Mientras que Procampo se otorga a los hombres, sin que deban realizar alguna actividad; este hecho resulta “humillante” para ellas, manifestó Rubio Vega, durante el acto que se celebró esta semana en el Instituto Nacional de Nutrición, en la ciudad de México.

Además, según la investigación de Blanca Rubio, las mujeres rurales dicen que dicho programa está generando menor responsabilidad en los hombres, porque sólo ellas asumen los gastos del hogar.

Sostienen también que el cultivo de alimentos es principalmente para la alimentación, pues tienen “pocos” excedentes. Y proponen que se les reconozca como productoras y no como pobres, que se les otorguen créditos, mayores recursos para el campo, “para poder vivir de la agricultura”.

De acuerdo con la investigadora de la UNAM, la crisis económica y alimentaria que ha traído consigo el aumento en el precio de los bienes de consumo impactó “fuertemente” el ingreso de las familias rurales. A su vez, la insuficiencia alimentaria agudiza la subordinación económica, política y de género de las mujeres rurales.

POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUYENTES

A decir de Brígida Chautla, indígena nahua integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red Vía Campesina, frente a este panorama en el que “el campo no es una prioridad para los gobierno, menos aún los pueblos indígenas”, la organización de las mujeres rurales es la forma en la que pueden exigir al gobierno políticas incluyentes.

“Somos capaces de producir, sólo requerimos políticas públicas que apoyen a los productores, aun no siendo grandes productores, porque en la actualidad sólo benefician a éstos”, mencionó.

En Chilapa aún mantienen sus semillas criollas, abonan sus tierras con técnicas propias, y la mayor parte de su producción es para el autoconsumo; tienen pocos excedentes y prácticamente no comercializan su cosecha, refirió Brígida Chautla.

La preocupación de las mujeres rurales está en mantener el modo de vida heredado, poder vivir de la tierra, asegurar “la alimentación que nosotras produzcamos, porque el gobierno dice que asegura la alimentación trayendo productos del extranjero, eso es ser dependiente, cuando esto se puede hacer en nuestro país”, expresó.

La mujer nahua señaló que la soberanía alimentaria debe ser la prioridad del gobierno mexicano, como lo es para muchas comunidades rurales, sobre todo indígenas, “debe elevarse a derecho constitucional al que tengamos todas y todos”.

Por último, Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, refirió durante su exposición en el foro que la alimentación es un derecho tutelado por el Estado mexicano el cual, de forma independiente al sexo, etnia y condición social toda la población debe ejercer de la misma forma.

09/GCJ/LG

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