Los monocultivos son una práctica agrícola de las grandes industrias que, lejos de estimular la soberanía alimentaria, vulnera derechos básicos de las comunidades indígenas y campesinas, así concluye el informe «Azúcar roja, desiertos verdes», una publicación que analiza este tema desde la perspectiva de los Derechos Humanos (DH).
El informe, coordinado por la Food First Information Action Network (FIAN), la Coalición Internacional para el Hábitat, oficina para América Latina (HIC-AL) y Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), es resultado de tres años de investigación en 11 países latinoamericanos donde grupos de la sociedad civil se oponen a los monocultivos, es decir, a cultivar un único tipo de planta en toda una finca o área determinada.
Durante la presentación del documento, que hoy se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Maria Silvia Emanuelli, integrante de HIC-AL, dijo que las grandes agroindustrias son quienes están interesadas en fomentar los monocultivos porque son la base de los conocidos biocombustibles, «la gran alternativa a los combustibles fósiles».
Sin embargo, la producción y comercialización –a gran escala- de estos combustibles de origen vegetal, provoca que las y los campesinos sean desalojados de sus tierras, que no puedan disponer libremente de los recursos naturales; y además, se les priva del derecho a la salud, el trabajo, vivienda digna, al agua, la tierra y al territorio, entre otros derechos.
DERECHOS HUMANOS Y AGROCOMBUSTIBLES
«Azúcar roja, desiertos verdes» también se refiere a los derechos civiles, políticos y culturales que se vulneran cuando grandes zonas son cultivadas con un sólo producto, como sucede en Colombia con la palma africana, Costa Rica con la piña y Argentina con la soja (soya), es decir, aunque las comunidades están rodeadas de grandes hectáreas verdes, lo que se produce, se exporta, o se destina para agrocombustibles, y carecen de alimentos.
A decir de Gerardo Cerdas, de la organización costarricense «Coordinación del Grito de los Excluidos/as Continental», en América Latina, el avance de los monocultivos para fines agroindustriales y generación de combustibles se ha extendido como parte de las políticas de desarrollo de empresas multinacionales y de los gobiernos nacionales.
Este hecho afecta a toda la población, pues se disminuye la diversidad de alimentos, se pierde el conocimiento ancestral de las platas y semillas, los pueblos no tienen capacidad de autoalimentarse y aunado a ello se pierde la dimensión cultural de las comunidades, quienes son desalojadas de las tierras y se ven obligadas a emplearse en agroindustrias que sólo les ofrecen malas condiciones laborales.
Cabe mencionar que datos de la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles), indican que la mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres, quienes tienen la responsabilidad de alimentar a hombres, niñas y niños, y a sí mismas.
En ocasiones son ellas las encargadas de cultivar y cosechar los alimentos, o bien, comprarlos. Sin embargo, las actuales expectativas de lucro generadas por el negocio agroexportador, así como el alza en el precio de los alimentos, han provocado que esta tarea sea cada vez más complicada.
Finalmente, en el caso de México, el informe analiza las repercusiones que desde 1940 se generaron en Chiapas, a raíz del cultivo de la palma africana. En dicho artículo se evidencia cómo los recursos presupuestales asignados al sector agropecuario son destinados, en su mayoría, al fomento de los monocultivos y a la agricultura de exportación; mientras que el apoyo es menor para los cultivos alimenticios y de autoconsumo.
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