Aún cuando la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un asunto individual y se ha convertido en problema social, en la Montaña de Guerrero las indígenas nahuas, tlapanecas y mixtecas continúan enfrentando una triple condición de vulnerabilidad, informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Indica, en un comunicado, que pocas mujeres de esta región, al sur de México, han comprendido que su condición de maltrato y discriminación de género es algo que puede hacerse público y sobre todo denunciable, pero «la mayoría renuncia a ello optando por sufrir su dolor en silencio».
Esto por que, constantemente la voz de las mujeres –para efectos del Ministerio Público– no tiene valor real, no cuenta, por el sólo hecho de ser mujeres, indígenas y pobres, destaca la organización, en el marco de la campaña internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Aunado a esta situación, las mujeres montañeras –principalmente las que ha sufrido una violación sexual– siempre son revictimizadas.
Es decir, en su búsqueda por acceder a la justicia, se vuelven también victimas de «un sistema obeso y de autoridades judiciales insensibles que le hacen revivir su tragedia, sin el mayor pudor, sin el mayor profesionalismo».
Para las que padecen maltrato en su núcleo familiar u otro tipo de violencia el vía crucis no es distinto, pues «les requisitán que los golpes sean sistemáticos para que su denuncia tenga peso jurídico».
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
En este contexto, el Centro Tlachinollan detalla que en los 13 años que lleva trabajando en zona de La Montaña guerrerense, la presencia de las mujeres para solicitar asesoría y ser quienes encabecen el seguimiento de sus casos y luchas por sus derechos se ha incrementado aproximadamente en un 60 por ciento.
De las mil 501 asesorías que dio esta organización, de mayo del 2006 a abril de 2007: 733 tienen que ver con mujeres atendidas, de las cuales 93 se han quejado por violencia doméstica (psicológica, física, económica y/o sexual); 73 por pensión alimenticia para sus hijas e hijos, 35 por guarda y custodia de hijas e hijos, y 23 tienen que ver con violaciones sexuales y un asesinato.
Los otros 508 casos se relacionan con problemas que enfrentan en un contexto de pobreza, marginación y discriminación.
Estas cifras muestran, expone el comunicado, que ante la realidad de violencia contra las mujeres, ellas empiezan a alzar la voz con miras a transformar esa condición, sin embargo «esto no tendrá avances a su favor si continúan las reticencias y reproduciéndose los viejos vicios en los gobiernos y sus funcionarios encargados de administrar y procurar justicia».
Ya que hasta hoy, enfatizan las y los activistas de La Montaña, «está comprobado que el Estado no sólo encubre y fomenta la violencia contra las mujeres sino que también la ejerce a través de sus policías, jueces, ministerios públicos, militares, gobernadores, secretarios de Estado y el mismo presidente de la República».
Tal ha sido el caso de las indígenas me´phaa que fueron violadas sexualmente por soldados del Ejército Mexicano, Inés Fernández y Valentina Cantú. Ambas en su intento por acceder a la justicia, han sido humilladas y violentadas, y su voz no ha sido escuchada, ni valorada, los agresores no han sido castigados y más aún, permanecen en total impunidad, denuncian.
Por tanto, puntualiza el comunicado, el Estado debe generar condiciones de apoyo e infraestructura para las mujeres que sufren algún tipo de violencia.
«Ya que hasta hoy ha sido evidente que tras presentar una denuncia, siempre quedan en total estado de indefensión y no cuentan ni siquiera con un albergue para poder alojarse cuando han tenido que huir de su casa para escapar de los golpes», agregan.
En este sentido hacen una crítica a las opciones que da la Secretaría de la Mujer (Semujer) a víctimas de violencia en la región de La Montaña, en Guerrero.
«Si bien habla (la Secretaría) de un empoderamiento a través de cocinas económicas, talleres de costura, panaderías y proyectos productivos, esto no resuelve el problema de fondo», sobre todo porque las victimas viven en lugares donde hay altos grados de marginación, exclusión y pobreza extrema, reiteran.
07/GT/CV
