Es bien conocida la situación de desventaja de las guatemaltecas con respecto a la representación política. Se sabe, pero los dirigentes políticos no hacen nada. Por ejemplo, los diputados permanecen renuentes a modificar la legislación a fin de empujar cambios obligados dentro de las agrupaciones políticas. Como dice una de las asesoras del Congreso: «ellos no quieren tocar el tema».
Y su práctica está demostrando más su interés por garantizar la reelección que en atender demandas sociales.
Un análisis del sistema electoral en Guatemala con perspectiva de género ratifica lo señalado por feministas desde tiempo atrás: la cultura patriarcal, la exclusión en el acceso a recursos y la discrecionalidad de los partidos condicionan las oportunidades para que las mujeres integren las corporaciones municipales y el Congreso.
Hoy el porcentaje de representatividad de las guatemaltecas es del 12.6 en el Organismo Legislativo y 1.8 en las municipalidades.
Por iniciativa de varias agrupaciones de mujeres, desde 1998 han promovido modificaciones a la ley para establecer cuotas. La más reciente defiende el enfoque de alternabilidad de sexo (hombre/mujer o mujer/hombre) en las candidaturas para diputaciones y corporaciones ediles, bajo el argumento de revertir una injusticia social. Incluyen como sanción, no las multas, sino el rechazo a la inscripción si determinado partido incumple con tal disposición.
Esta propuesta es respaldada por una alianza de organizaciones feministas, de mujeres e indígenas. A través de sus acciones demuestran cómo de manera conjunta respaldan la demanda de mayores oportunidades de representación para las guatemaltecas.
Bajo la consigna «Por mi derecho a decidir», delegadas de estos grupos recorren el país como interlocutoras de quienes han sido excluidas y marginadas para ocupar cargos de elección popular, tienen una actitud crítica frente al machismo de los partidos políticos o bien aspiran a ocupar un cargo público.
Las agrupaciones partidarias mayoritarias en Guatemala, además de avalar el actual modelo económico, son sexistas (discriminan sobre la base de la diferenciación del sexo), y racistas (por sus actitudes y acciones de desprecio hacia personas de diferente origen y color de piel). Los bloques se van afianzando en torno al partido de gobierno UNE y al perdedor de las elecciones pasadas, el Patriota.
Ambos y otros pequeños ya se han dado a la tarea de iniciar actividades proselitistas en las municipalidades. De nueva cuenta lanzan promesas y piden votos, sin decoro alguno mienten y recurren a las mismas formas maniqueas. A diferencia de años anteriores, ahora se proponen utilizar a las oficinas municipales de la mujer para sus fines electoreros.
Alerta tendrían que estar porque está aumentando el número de mujeres interesadas en pedirles cuentas, en no dejarse embaucar ni en convertirse en bases para nutrir mítines de campaña; se están organizando y juntas rechazan las prácticas machistas y racistas de los políticos.
* Periodista mexicana radicada en Guatemala, editorialista, integrante de la organización La Cuerda, cofundadora de la Red Centroamericana de Periodistas.
10/RHA/LR/LGL
