El pasado fin de semana, elementos policíacos no identificados allanaron el albergue para migrantes Cáritas de la iglesia de Guadalupe de Reynosa, Tamaulipas; y aunque oficialmente no se identificaron, dijeron pertenecer a los medios de comunicación del Instituto Nacional de Migración; después dijeron ser de la PFP y finalmente de la AFI, logrando llevarse a ocho centroamericanos que venían de Guatemala, El Salvador y Honduras.
No obstante el allanamiento del albergue el sábado, tuvieron la desfachatez de regresar el lunes e intentar nuevamente introducirse al recinto, no contando en esta ocasión con que se encontraban los encargados que les impidieron el acceso aunque decían pertenecer al Instituto Nacional de Migración.
Los seudoagentes, que se negaron a identificarse e iban vestidos de civil, se transportaban en camionetas tipo Van sin placas y sin logotipo que los acreditara como parte de alguna dependencia pública; aun así lograron llevarse a tres centroamericanos más, de los cuales posteriormente dejaron en libertad a uno que se identificó como mexicano.
No conformes con intentar allanar nuevamente el albergue para migrantes, los seudoagentes de migración exigieron identificarse a las personas que se encontraban en la plaza principal de esta ciudad, misma que está ubicada frente al albergue, violentando de esta manera el artículo 16 de nuestra Constitución, el cual nos dice que «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella…»
Según versión de los encargados de dicho albergue, el centroamericano dejado en libertad dijo que todos fueron llevados a una casa de seguridad en donde se encontraban más migrantes indocumentados; que nunca fueron llevados a alguna oficina o dependencia pública y que a él, por identificarse como mexicano, lo habían soltado. Además, mencionó haberse encontrado con los otros centroamericanos que habían sido detenidos dos días antes.
Es sorprendente saber el comercio que se hace con estas personas; más sorprendente es que las autoridades estén coludidas con estos traficantes de carne humana, y que acepten públicamente que sí existen redes de tráfico y contubernio en los niveles municipales, estatales y federales. El pasado 22 de septiembre se realizó en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un taller sobre Trata y fenómeno migratorio en la frontera norte de Tamaulipas, mismo que estaba dirigido a funcionarios públicos, y ahí algunos aceptaron la corrupción que priva entre ellos.
De los hechos antes señalados, el delegado en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, Carlos Dávila González, se deslindó de cualquier responsabilidad, negando rotundamente su participación en dicho operativo, ya que dijo que ellos, tan solo por calidad moral, no ejercen este tipo de presiones en las Iglesias o albergues donde dan cobijo a personas que han sido deportadas de Estados Unidos o que buscan el famoso «sueño americano».
Por su parte, el Dr. César Romero Valenzuela, delegado de la PGR en Tamaulipas, mediante una carta que envió al portal digital www.enlineadirecta.info, negó la participación de elementos del AFI en el allanamiento al albergue Cáritas, aclarando que todos sus agentes, al momento de realizar algún operativo, deben llevar puesto el chaleco con las insignias de su corporación, así como un gafete de identificación que los acredite como tal, además de utilizar los vehículos oficiales de la institución para realizar sus funciones operativas y de no poder ingresar a ningún domicilio sin una orden de cateo expedida por un juez federal.
Curiosamente, en el operativo del sábado los seudoagentes también llegaron a un domicilio de la calle Escobedo, en donde penetraron a unos departamentos, rompiendo una puerta, y se llevaron a varios extranjeros. Iban en los vehículos sin identificar que participaron ese mismo día y el lunes en el operativo en el albergue de Guadalupe; sin embargo, el domicilio de Escobedo fue nuevamente visitado por elementos de la AFI debidamente identificados y en vehículos oficiales.
Pese a que el Instituto Nacional de Migración y la PGR niegan su participación en la detención de 10 centroamericanos, de los cuales hasta el día de hoy cinco permanecen desaparecidos, es un hecho que se están violentando nuestros derechos y garantías individuales, de los que todos tenemos derecho a gozar como lo marca nuestra Constitución.
*Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CEFPRODHAC)
www.derechoshumanosenmexico.org
2005/YT
