Yucatán, uno de los estados vanguardistas en derechos humanos de las mujeres, retrocedió un siglo al aprobar leyes que desconocen el derecho de éstas a una maternidad libre y voluntaria.
Yucatán fue hasta el pasado 15 de julio un estado vanguardista y emblemático en el tema de derechos de la población femenina, en tanto fue uno de los primeros en reconocer la ciudadanía de las mujeres y sus derechos, además de permitir el aborto por razones económicas.
Fue ahí donde, en 1916 –un año antes de que se promulgara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, bajo el gobierno de Salvador Alvarado, se realizó el Primer Congreso Feminista que promovió la organización de las mujeres yucatecas y del país, para defender sus derechos políticos y sociales.
En él participaron de forma relevante mujeres como Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adriana Vadillo, entre otras, cuyas propuestas referían la necesidad de consagrar en la Carta Magna el derecho a la educación, y a la igualdad entre mujeres y hombres.
También ahí se promovió la primera campaña de anticoncepción a través del primer texto sobre planificación familiar, titulado La regulación de la fecundidad, La Brújula del Hogar, de la doctora Margaret Sanger, que explicaba a las mujeres cómo prevenir un embarazo utilizando métodos anticonceptivos naturales, para que sólo tuvieran los hijos que pudieran mantener.
La Brújula del Hogar causó mucha molestia entre los grupos conservadores yucatecos que, bajo una argumentación moralista, prohibieron la distribución del texto y lograron que el programa de control natal de la entidad cerrara.
Un logro importante de este Congreso fue su gran impulso para que las mujeres empezaran a participar en cargos políticos, lo que propició que en Yucatán surgieran las primeras candidatas a diputadas y regidoras, y que las priistas Dulce María Sauri Riancho e Ivonne Ortega Pacheco se convirtieran en gobernadoras de la entidad; la primera, interina, de 1994 a 1995, y la segunda recién electa para el periodo 2007-2013.
UN SIGLO DE LUCHA FEMINISTA PERDIDO
Esto ocurrió en 1916, pero hoy, en pleno siglo XXI, Yucatán retrocedió casi cien años, enterró la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, al aprobar y publicar en el Diario Oficial de la entidad las reformas a la Constitución local para «proteger la vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural», con lo que se desconoce el derecho de las mujeres a abortar por razones económicas, y pese a que la entidad es actualmente gobernada por una mujer: Ivonne Ortega Pacheco.
Con lo anterior se niega a las mujeres su derecho a la salud, a decidir sobre sus cuerpos, a la libertad de conciencia, a sus derechos sexuales y reproductivos, y a lo que ha sido siempre la lucha del movimiento feminista: la maternidad libre y voluntaria.
Durante la pasada LVIII legislatura local, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron reformas al Artículo primero y 94 de su Constitución y al Artículo 392 del Código Penal estatal. De acuerdo con éstas, las causales por malformación congénita, por estar en riesgo la vida de la madre y por violación quedarán exentas de penalización.
El Artículo primero, ya modificado, dice: el Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Con las salvedades ya previstas en las leyes ordinarias.
En tanto, el Código Penal reformado señala que las mujeres que aborten recibirán «tratamiento médico integral referido que tendrá como fin, entre otros, reafirmar los valores humanos por la maternidad procurando el fortalecimiento de la familia».
MATERNIDAD POR IMPOSICIÓN Y SIN GARANTÍAS
Yucatán se sumó a las entidades federativas de Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato y San Luis Potosí, al aprobar, contrario al Estado laico, reformas a sus constituciones para «proteger la vida desde el momento de la concepción» (sic).
La mayoría de los argumentos esgrimidos sobre todo por el PAN y el PRI, promotores de las reformas, versan sobre la protección del no nacido y de la maternidad. Es decir, «Maternidad obligada», afirma en entrevista para Cimacnoticias la feminista y presidenta de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva de Yucatán, Sandra Peniche Quintal.
El Estado que está imponiendo la maternidad, añade, no garantiza las condiciones para que las mujeres a las que obliga a tener hijos no deseados puedan hacerlo en «las mejores condiciones».
«El Estado está fallando», señala por su parte la feminista Esperanza Brito de Martí en un texto sobre aborto publicado en la Revista Fem, pues no garantiza suficientes guarderías en número y calidad para atender a las y los niños.
En el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene a su cargo 134 guarderías, mientras que mil 584 son subrogadas a particulares; en tanto, el ISSSTE tiene 25 mil 711 propias y 8 mil 336 subrogadas.
Las mujeres que trabajan (16 millones 20 mil 833, según INEGI) no pueden empatar el tiempo entre el trabajo y los horarios escolares, ya que hasta ahora no hay políticas públicas que permitan que las escuelas extiendan sus horarios para que las y los niños puedan permanecer ahí en lo que sus madres salen a laborar.
Tampoco hay suficiente información y servicios de anticoncepción adecuada para las mujeres jóvenes ni para las solteras; el Estado, entonces, no vela por la salud sexual y reproductiva de las mujeres ni por una educación sexual.
Lo anterior ha vuelto vigente la lucha que las mujeres yucatecas dieron a principios de siglo y, también, la del movimiento feminista de los años 70, que pugna por una maternidad libre y voluntaria y por la despenalización del aborto; es decir, por su derecho a decidir sobre cuántas hijas e hijos quieren y pueden tener.
09/LGL/LG
