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Yucatecas, las más violentadas por sus familiares

Por Sandra Torres Pastrana

El pasado 21 de marzo se cumplió un año desde que el estado de Yucatán, México, cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, pero en ese tiempo las mujeres del estado no han percibido ningún cambio, los problemas de violencia continúan, los ministerios públicos no conocen la Ley y persisten los obstáculos para denunciar, enjuiciar y sancionar a quienes comente violencia contra las mujeres.

Así lo indica el informe “Mujeres y Justicia en Yucatán, Naach Ya no´on ¡Que lejos estamos!, realizado por la Asociación Civil Indignación Promoción y Derechos Humanos, presentado en Chablekal, Yucatán este mes de marzo.

El informe fue realizado para dar a conocer los problemas que sufren las mujeres de Yucatán para lograr la justicia, las muchas trabas que ponen los ministerios públicos, las deficiencias de las leyes y las normas que hacen falta, además del incumplimiento del Estado a los tratados internacionales que ha firmado y ratificado.

Manifiesta también que la discriminación de género impide a las mujeres el pleno acceso y disfrute de sus derechos, esto ocasiona, detalla el informe, una dramática desigualdad en el acceso a la salud, alimentación, educación, trabajo, salario, participación política, propiedad, integridad física y el derecho a acceder a justicia pronta y expedita.

Según el informe, en Yucatán más de la mitad de la población, 59 por ciento, es maya y las mujeres mayas constituyen el 30 por ciento de la población total de la entidad, las cuales no solo se enfrentan a la discriminación de género, sino se le suma la discriminación por ser indígenas.

Por su condición étnica y de género, cuando acuden a instancias estatales o ministerios públicos a denunciar, con frecuencia no se le garantizan ni siquiera el derecho a un intérprete, o se solicita de forma tardía debido a que al propio ministerio público se le olvida solicitarlo o hay retrasos porque este se tiene que solicitar al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (Indemaya), que tampoco garantiza que tenga alguna especialización en violencia de género.

DATOS DE GOBIERNO E INCUMPLIMIENTO

El documento indica que el primer Informe de Gobierno de la actual administración contiene datos irrelevantes y ambiguos, como el número de población “sensibilizada” en materia de género, mientras que en el apartado sobre la Procuraduría se incluyen todos los delitos sin distinguir sexo, ni condición étnica ni otras variables.

La cifra de 394 denuncias por violencia familiar que informa la Procuraduría estatal en el primer informe, que abarca el periodo de julio de 2007 a septiembre de 2008, es distante de las mil 125 mujeres a las que se les dio asesoría jurídica y atención psicológica en los Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género.

Uno de los incumplimientos en el que incurrido el estado de Yucatán en materia de derechos humanos de las mujeres es mantener un registro actualizado y publicar estadísticas acerca de las mujeres que viven violencia, su tratamiento, atención y sanción.

Asegura el Informe que en Yucatán se tiene el mayor porcentaje de mujeres violentadas por familiares en el último año en el país, con un 16.6 por ciento.

Datos disponibles son las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 2006 (ENDIREH), donde se indica que 39 de 100 mujeres en Yucatán fueron violentadas por su esposo o pareja a lo largo de la relación, y que 43 mil 156 mujeres casadas o unidas han sufrido violencia extrema con gravedad, de las cuales un 58.7 por ciento ha requerido de atención medica o de intervenirse quirúrgicamente para superar los daños ocasionados por las agresiones.

DOÑA RAFA, UN CASO

Algunos de los casos presentados en el Informe y que demuestran la falta de acceso a la justicia, a pesar de la Ley de Acceso, es el de doña Rafa, de una comisaría de Conkal, la cual ha vivido violencia verbal, psicológica, física y sexual a manos de su esposo durante treinta años, los cuales a acudido también en varias ocasiones a denunciarlo al Juzgado de Paz de su comunidad, donde en algunas ocasiones lo arrestaron por 36 horas.

En septiembre de 2006, doña Rafa, acudió para denunciarlo por violencia física y sexual, lo conminaron a mantenerse lejos de su hogar, el agresor firmó un convenio para cumplir dicha orden y el Juez le recomendó a dona Rafa acudir al Ministerio Público diciéndole que en Ayuntamiento ya no podían hacer nada más.

Ella interpuso su denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y violencia familiar hace casi dos años, donde ha ampliado su declaración, presentado testigos, ofrecido la valoración psicológica que le realizaron en la Casa de la Mujer, entre otras pruebas. Sin embargo hasta hoy marzo de 2009, el expediente no ha sido consignado.

Por otro lado, el informe insiste en algunas ausencias legislativas que obstaculizan a las mujeres el acceso de justicia, como la inadecuada tipificación de la violencia familiar, que requiere ser reiterada, la baja condena de este delito, la omisión de condicionar la libertad a terapias especializadas para los agresores, la ausencia de armonización del Código Civil para incluir la violencia familiar como causal de divorcio y eliminar cualquier disposición discriminatoria.

Asimismo, la ausencia de una ley contra la discriminación y de su tipificación en el Código Penal, la revisión de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos para incluir la obligación de respetar los derechos humanos, de no discriminar y de no incurrir en violencia de género, entre otras urgencias no atendidas.

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