La detención de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, ocurrida hace dos años en el municipio de Ixtaczoquitlán, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, acusados de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo, fue arbitraria pues contraviene los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, afirma el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria relativa al caso.
Los hermanos Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles fueron detenidos el 12 de enero del 2006 por integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando reparaban un vehículo en la carretera Córdova-Orizaba, sin que se les presentara ninguna orden judicial, ni se les informara del motivo de la detención, dice en un comunicado la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, de acuerdo con la Opinión No. 20/2007 (México) emitida por el Grupo de Trabajo.
Su detención se dio en el contexto de la militarización de la Sierra de Zongolica, denunciado por habitantes del lugar, quienes afirmaron desde 1996 las fuerzas armadas y grupos policiacos estaban creando un clima de persecución y hostigamiento, iniciado desde la aparición pública de grupos guerrilleros en el país, aunque las autoridades del estado negaron la presencia de fuerzas de seguridad o explicaron su presencia como «patrullajes de rutina».
En agosto de 2002, cuatro organizaciones indígenas del lugar denunciaron que los soldados cometieron al menos 50 casos de violación a mujeres, principalmente menores de edad, pero que el Ministerio Público se negó a admitirlas bajo el argumento de que los militares se rigen por las leyes castrenses, según informaron los diarios nacionales. Los casos fueron documentados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) en su informe de ese año (Cimacnoticias, 2 marzo 07).
Además, un año después de la detención de los hermanos Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles, la violación sexual cometida por soldados contra la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario, así como la muerte de Adelaida Amayo, integrante del Consejo radiofónico indígena náhuatl y gestora de proyectos productivos para grupos étnicos, hicieron evidente lo denunciado en forma reiterada por los habitantes de la Sierra.
Y aunque las autoridades locales negaran la presencia militar y policíaca en busca de disidentes o guerrilleros, tres días después de dichas detenciones, el 15 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó «que los eperristas detenidos recientemente (12 de enero) estarían vinculados con una célula del EPR que opera en la sierra de Zongolica. Esta célula tendría nexos con otros grupos armados en Guerrero y en Oaxaca», de acuerdo con la memoria hemerográfica que guarda la página de Internet de la institución.
Los tres detenidos fueron posteriormente llevados ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la Ciudad de Orizaba, donde el Titular de la Agencia, sin decir las razones de su detención, los mantuvo incomunicados. Dos días después los detenidos declararon, sin ser asistidos de abogado defensor, ante la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros, por el supuesto delito de Secuestro en agravio de un ex Senador.
Durante ese tiempo, no pudieron informar a sus familiares de su detención ni contaron con apoyo jurídico. Fueron trasladados al Distrito Federal, donde el Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros, ordenó su puesta en libertad.
Eso no sucedió y agentes Policiales no identificados los trasladaron a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio y Tráfico de Armas, y los arraigaron en una casa de seguridad de la colonia Doctores por 90 días, tiempo en el cual se impidió que la defensa tuviera acceso al expediente judicial.
Dos meses después, el 31 de marzo del 2006, sin que mediara orden judicial alguna, fueron allanados los domicilio de la madre de los hermanos Tzompaxtle Tecpile y de Maximino Tzompaxtle Tecpile hermano de los detenidos, en la comunidad de Moyoapan, Astacinga.
Adherentes de La Otra Campaña en Orizaba prestaron asesoría a Maximino en la defensa de sus derechos humanos, lo que significó que fueran también investigados.
Al día siguiente, Maximiliano denunció los allanamientos mediante una carta, donde explica que «el Estado al no encontrar algún ilícito que pueda justificar legalmente esta detención arbitraria, ha empezado a hostigarme a mí, como el presunto miembro de una célula guerrillera, en este estado».
Relata Maximiliano que el 31 de marzo, al filo de las 14.00 horas, más de 50 elementos de la AFI se presentaron en su domicilio, «actuando como a verdaderos terroristas, porque causaron miedo y estupor a los habitante y principalmente a mi madre que es una humilde anciana, sin siquiera saber hablar el español, forzaron la cerradura de mi casa y haciendo alarde de prepotencia se introdujeron al inferior de la casa».
Y el 1 de abril, la AFI «vuelve a hacer lo mismo a una cabaña pobre de madera ubicada en otro lugar que es de mi propiedad. Hasta ahora no se si se llevaron algo de valor porque no estuvo nadie de mi familia. Porque tengo dinero en efectivo en la localidad de Moyoapan para el pago de mis viajes a México y de mis abogados, dinero que es mío y es prestado por mi familia».
Hoy, a más de dos años de la detención, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hace un llamado al Gobierno federal a resarcir el daño causado a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López.
Llama también al Juez Décimo Segundo de Distrito en el estado de Veracruz ha emitir una sentencia «apegada a el derecho nacional e internacional sobre derechos humanos», que no contravenga el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, correspondientes «a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo».
Agradece la organización la solidaridad mostrada mediante una carta por parte del Obispo de la Diócesis de Saltillo, José Raúl Vera López, y del Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, así como del apoyo brindado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
E informan, asimismo, que Edgar Cortez, secretario técnico de la Red Todos los Derechos para Todas, ha presentado un documental de 14 minutos de este caso, que fue realizado por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.
08/GG/CV
