Sonia Tabora

INTERNACIONAL
Aborto
   Dijo Guadalupe ante la CEDAW
Esperan justicia 17 salvadoreñas presas tras emergencia obstétrica
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 22/02/2017

Una mujer salvadoreña encarcelada injustamente tras sufrir una emergencia obstétrica y tras ser liberada en 2015, habló frente a un comité de las Naciones Unidas sobre el maltrato que sufren las mujeres embarazadas en El Salvador y las violaciones de derechos humanos a causa de la prohibición total del aborto.
 
Carmen Guadalupe Vásquez Aldana (“Guadalupe”) contó su historia al Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el principal organismo de derechos humanos que vela por el cumplimiento  de los derechos de las mujeres en diferentes países en todo el mundo. Su testimonio hace parte de la revisión del historial de derechos humanos en El Salvador que se está llevando a cabo estas semanas en Ginebra, Suiza.
 
Esta persecución ha llevado al encarcelamiento de más de 17 mujeres inocentes (“Las 17”) que están condenadas hasta 40 años de prisión después de haber sufrido complicaciones obstétricas en sus embarazos.
 
Antes de la revisión de la CEDAW, el Centro de Derechos Reproductivos, junto con la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto y la firma Debevoise & Plimpton, entregó un informe al Comité, detallando cómo la prohibición total del aborto ha causado discriminación contra las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas por parte de profesionales de salud y agentes del estado.
 
Esta persecución ha llevado al encarcelamiento de más de 17 mujeres (“Las 17”) que están condenadas hasta 40 años de prisión después de haber sufrido complicaciones obstétricas en sus embarazos.
 
Catalina Martínez Coral, directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos afirmó: “Guadalupe representó a las mujeres salvadoreñas, demostrando fuerza y coraje en frente del Comité de las Naciones Unidas”.
 
“Ninguna mujer, dijo,  debe ser encarcelada después de sufrir emergencias obstétricas, pero la hostilidad extrema hacia el aborto en El Salvador sigue poniendo la salud y la vida de las mujeres en un alto riesgo”.
 
“El Comité ahora tiene que apoyar a Guadalupe y pedir que El Salvador corrija los errores cometidos con las demás mujeres encarceladas injustamente y que pase la legislación para despenalizar el aborto”, dijo.
 
Durante casi dos décadas, El Salvador ha criminalizado de manera absoluta el aborto – inclusive en casos en los que el procedimiento es necesario para salvaguardar la vida de la mujer – imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y a los médicos. La prohibición absoluta ha supuesto el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio y condenadas hasta a 40 años de prisión.
 
EL CASO DE GUADALUPE
 
En 2007, Guadalupe presentó un embarazo después de una violación. Meses después sufrió una emergencia obstétrica, se desmayó y sufrió muerte fetal. Despertó en el hospital, donde los médicos informaron a la policía sobre su situación y sus sospechas de que ella se había inducido un aborto. En febrero de 2008 fue condenada a 30 años en prisión por el delito de homicidio.
 
Después de que el Centro y la Agrupación Ciudadana visibilizaron al caso de Guadalupe frente al gobierno nacional y ante las Naciones Unidas, fue perdonada y liberada en febrero de 2015, cuando la Corte Suprema de El Salvador encontró violaciones graves de debido proceso en su caso.
 
“Conté mi historia en nombre de Las 17, con la esperanza de que nuestras historias no se repitan”, ha dicho Guadalupe. “Es hora que mi país acabe la persecución contra mujeres embarazadas”.
 
En octubre de 2016, la vicepresidenta del Congreso salvadoreño, Lorena Peña, presentó una enmienda al Código Penal que, de ser aprobada, despenalizaría el aborto en casos de violación sexual, en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina y cuando el embarazo ponga la salud y vida de la mujer en riesgo. Dicha enmienda ha recibido el apoyo de la Alianza por la Salud y la Vida de Las Mujeres—una coalición de más de 30 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, incluyendo la Agrupación Ciudadana.
 
“Las 17 no necesitan ser perdonadas ni ser absueltas porque nunca cometieron un crimen. Demandamos su libertad y que el gobierno pare las violaciones de derechos humanos contra las mujeres”, dijo Morena Herrera, directora ejecutiva de la Agrupación Ciudadana.
 
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado de manera continua para exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres en El Salvador. En diciembre de 2015, El Centro y la Agrupación Ciudadana presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos en el continente, en representación de nueve mujeres que tuvieron emergencias obstétricas y ahora están encarceladas debido a la prohibición total del aborto.
 
LAS 17
 
En diciembre de 2014, la coalición de ONG, liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, lanzó la campaña de las “Las 17”, haciendo un llamamiento para la liberación de Guadalupe y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio.
 
“Mirna” una de las “Las 17”, fue liberada en diciembre después de haber estado en prisión. En febrero de 2015, Guadalupe fue perdonada y liberada tras siete años en la cárcel. Y en mayo de 2016, María Teresa fue liberada de acuerdo a una orden del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que determinó absolverla y anular su condena.
 
Esta semana, Sonia Tábora, otra de las mujeres injustamente encarceladas, fue absuelta tras haber estado frente a los Tribunales cinco veces. Tras 11 años de sufrimiento, un Tribunal de El Salvador finalmente otorgó a Sonia la libertad absoluta y condenó al Estado salvadoreño a repararla por los daños sufridos durante el tiempo que estuvo en la cárcel. Aún hay un sinnúmero de mujeres que siguen pagando penas de entre 30 y 40 años por delitos que nunca cometieron.
 
Este tipo de casos, consecuencia de la prohibición total del aborto en El Salvador, están documentados en el informe del Centro y la Agrupación Ciudadana, titulado Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, donde se narran las historias de cinco mujeres que fueron injustamente encarceladas por cometer abortos ilegales tras sufrir emergencias obstétricas y en donde se analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador no garantizan los derechos humanos de las mujeres.
 
GUADALUPE ANTE LA CEDAW
 
“Buenas tardes, honorables miembros del Comité, representantes de los Estados, miembros de ONG, y observadores. Mi nombre es Carmen Guadalupe Aldana, soy salvadoreña y tengo 27 años. Actualmente vivo junto con mi hija, Brittany, mis 9 hermanos y mi mamá. El día de hoy, he venido desde mi pueblo en El Salvador, hasta acá en Ginebra, para contar mi historia. Vengo con un simple mensaje, quiero que mi historia no se repita en mi país.
 
Hace 10 años trabajaba como empleada del hogar en una casa. En ese momento, trabajaba con la esperanza de salir adelante, de apoyar a mi mama y a mis hermanos, y con el sueño de un día ahorrar suficiente dinero para montar mi propio negocio en mi pueblo. También soñaba con ser mamá y formar mi propia familia. Sin embargo, en un día mi vida cambio.
 
Tenía 18 años cuando fui víctima de abuso sexual por el dueño de la casa en la que trabajaba. Producto de esa violación, quedé embarazada. Continúe con mi embarazo, pero un día, en la misma casa donde trabajaba, sufrí una hemorragia que me causó una emergencia obstétrica.
 
Fui al hospital, inconsciente, y sin saber lo que pasaba, al despertar supe que los médicos me habían reportado a las autoridades, ellos habían presumido que yo era culpable de haberme provocado un aborto. Al rato, me acusaron de homicidio.
 
Sin que existieran pruebas en mi contra, fui investigada, y encarcelada con una pena de 30 años. Luego estuve en la cárcel 7 años y tres meses, los años más largos de mi vida.
 
Ya una vez en la cárcel, ya nada era igual. Había más de 82 mujeres en la celda donde yo estaba. Por más de un año dormí en el suelo, con poca comida, y en condiciones horrorosas. La mayoría de veces no había agua, y no nos podíamos bañar. Nuestra ropa era sucia y las cañerías estaban rotas, haciendo el olor y cada día que pasaba en prisión insoportable.
 
Si me enfermaba no había médicos que me atendieran, o tampoco había medicinas, si las necesitaba. Cada semana podía tener visitas, pero debido a que mi familia vivía lejos de la cárcel, y era costoso para mi familia, mi madre solo podía visitarme cada mes.
 
En la cárcel nos gritaban asesinas y cada día nos maltrataban. Sobrevivir era la única opción que teníamos.
 
Mientras estuve en la cárcel, un día conocí a la Agrupación Ciudadana, quienes representaron mi caso. Ellas solicitaron un recurso de indulto ante el Congreso tras encontrar que en mi caso no existían pruebas en mi contra y que había varias violaciones en el debido proceso. Finalmente, en febrero de 2015 recobré mi libertad después que el Congreso me perdonara.
 
En mi país me perdonaron, y por eso, hoy me encuentro en libertad. Pero hasta el día de hoy, me pregunto por qué tenía que ser perdonada si yo no era culpable de nada. El indulto era la única salida para mi situación, pero ni yo, ni las mujeres que continúan en la cárcel, hemos hecho nada malo, así que no tenemos que ser perdonadas por lo que nos pasó.
 
Por el contrario, es necesario que algún día el Estado reconozca su responsabilidad por nuestra situación y que seamos nosotras quienes tengamos la posibilidad de perdonar a quiénes nos hicieron esto.
 
Un año después de recobrar mi libertad, soy mamá, y mi vida lentamente está volviendo a la normalidad, pero sé que jamás será lo mismo. Como yo, aún existen 17 mujeres con historias como la mía, y que siguen pagando penas en la cárcel.
 
Hoy vengo ante este importante foro en representación de ellas. Hoy quiero decirles que es hora de hacer justicia. El Salvador debe responder por lo que nos hace, y el mundo debe saberlo también para que la situación cambie.
 
Hoy les pido que le digan a mi país que nos libere y que deje de perseguirnos. Su llamado podría cambiar la situación y la vida de muchas mujeres en mi país. Muchas gracias”.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG








INTERNACIONAL
Aborto
   Enfrentará un tercer juicio en noviembre
Fiscalía salvadoreña, años de saña contra Sonia Tabora, acusada de aborto
Imagen retomada de FB: Las17ElSalvador
Por: Gema Villela Valenzuela
Ciudad de México15/08/2016

Durante once años, la Fiscalía General de la República de El Salvador se ha ensañado judicialmente con Sonia Tabora, ya que en 2005 fue acusada de aborto y encarcelada, luego liberada en 2012 y ahora será sometida a un tercer juicio, el próximo primero de noviembre, luego de que dicha autoridad solicitó la revisión de la sentencia porque la considera culpable, denunció la Agrupación Ciudadana por la  Despenalización del Aborto en ese país. 
 
Sonia es una de las mujeres acusadas de aborto en El Salvador, país donde no se permite el procedimiento bajo ninguna causa, lo que llevó a diversas agrupaciones civiles a lanzar la campaña “Por la Libertad de las 17” para defender a las mujeres que son criminalizadas por aborto y homicidio agravado, cuando en realidad tuvieron embarazos precipitados, emergencias obstétricas o abortos espontáneos.
 
JUSTICIA DESALENTADORA
 
La experiencia de Sonia con el sistema de impartición de justicia del país centroamericano ha sido “desalentadora”, señala un comunicado de la agrupación civil. Relata que cuando Sonia tenía 18 años, fue en busca de trabajo a la ciudad de El Salvador, en donde fue víctima de violación en la estación de autobuses de Sonsonate.
 
Al denunciar el delito, el agresor fue detenido, pero el juez que llevó el caso lo puso en libertad, porque Sonia Tabora no pudo acudir al juicio a declarar, ya que sus jefes no la dejaron faltar a su trabajo.
 
Después, Sonia conoció a un hombre con quien entabló una relación, que resultó en embarazo, pero él la abandonó y ella decidió no revelarlo por temor a perder el trabajo o a represalias de su familia. 
 
 “El 19 de febrero de 2005 (…) estando de 7 meses de embarazo, sintió dolores abdominales, pensó que eran deseos de defecar y fue al cafetal pues en su casa no tenían letrina. Allí estando ella sola, tuvo un parto precipitado sin que nadie la atendiera. Su hermana y su padre la encontraron en el monte sangrando, en estado de shock y sin habla”, señala la agrupación.
 
Sus familiares la llevaron a la Unidad de Salud  más cercana y ahí, aún en estado de shock, le explicó al médico Mauricio Ernesto Flores Morales lo que le había sucedido.
 
El médico faltó a su secreto profesional, “se jactó de haberle sacado la verdad e informó a la policía, acusándola de aborto provocado”. Como no había evidencia de que se hubiera provocado el aborto, la Fiscalía cambió la acusación a homicidio agravado.
 
Desde ese 19 de febrero de 2005 Sonia ya no regresó a su casa: pasó de la cama de la Unidad de Salud a la cárcel, recuerda la asociación civil. Sonia Tabora pasó 7 años en prisión acusada por homicidio agravado con una pena de 30 años de cárcel porque, según la sentencia, “incumplió deberes de cuidado con su hija recién nacida”.
 
En los años en los que estuvo presa, sufrió depresión y casi no tuvo contacto con sus familiares, ya que no tenían recursos económicos  para viajar al penal. En junio del 2012, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto conoció su situación y asumió su representación legal. La agrupación presentó un recurso de “revisión de sentencia condenatoria” ante el Tribunal de Sentencia de Sonsonate.
 
El 14 de agosto 2012 el Tribunal anuló la anterior sentencia condenatoria, poniendo en inmediata libertad a Sonia, ya que no se presentaron pruebas científicas que comprobaran que existió homicidio agravado.
 
“A partir de que recuperó su libertad, intentó rehacer su vida, regresando a vivir a su cantón a la casa de su padre. Actualmente es madre de un niño de 2 años de edad. Sin embargo, el Sistema Judicial sigue ensañándose con ella”, indica la agrupación que la representa legalmente.
 
Tabora acudió al Tribunal de Sentencia de Sonsonate el pasado 12 de agosto, para enfrentar el tercer juicio, pero la diligencia no se pudo realizar, ya que faltaron dos jueces, por lo que fue reprogramada para noviembre. 
 
En El Salvador existe actualmente una iniciativa de ley que prevé aumentar la pena por el delito de aborto.

16/GVV/GGQ








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