centros de reclusión

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Al ejercer su derecho expresarían problemas que enfrentan en prisión
Mujeres en reclusión sin derecho al voto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/01/2017

Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como parte de los derechos electorales y su reinserción social.
 
La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.
 
En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos (DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la comunidad” de las personas en prisión.
 
Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario  enfrentan violencia específica.
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y posesión de drogas, mencionó la investigadora.
 
Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos para mujeres.
 
A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016, entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y particularmente el derecho al voto para ellas.
 
Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al estar en prisión”.
 
Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que requieren servicios y atenciones.
 
La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio.
 
Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la libertad para votar, también significa considerar y replantear las condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a la sociedad.
 
Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los procedimientos que conlleva una elección”.
 
La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.
 
Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con las mujeres.
 
Como principio establece que es necesario presentar el tema para desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.
 
Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en prisión.
 
17/HZM/KVR
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   CDHDF emite recomendación a Hospital General Torre Médica Tepepan
Practican sin consentimiento esterilización forzada a mujer en reclusión
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/12/2016

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 9/2016 al personal médico del Hospital General Torre Médica Tepepan debido a que realizaron una esterilización forzada a una mujer en reclusión, portadora de VIH.
 
Ante la situación la CDHDF pidió al personal dependiente de la Secretaría de Salud capitalina tomar las medidas correspondientes y sancionar a los involucrados.
 
De acuerdo con la recomendación, Laura (nombre ficticio para resguardar la identidad de la víctima), quien se encontraba privada de libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, manifestó que el 8 de enero de 2015, reportó al personal de la Comisión su embarazo y que recibía atención en la Unidad Médica del centro de reclusión.
 
Laura ya había tenido contacto con la CDHDF, pues el 10 de noviembre de 2014 denunció ante la institución ser víctima de agresiones por parte de otras personas internas. Ante esta queja que emitió a la Comisión fue como comenzó la investigación CDHDF/II/121/IZTP/14/P7227.
 
La víctima ingresó al Hospital General Torre Médica Tepepan el tres  de junio de 2015, cuando estaba en las últimas semanas de gestación, a fin de prepararla para el parto.
 
En el reporte se indica que al día siguiente se le realizó un ultrasonido obstétrico y como parte de los estudios de laboratorio se le ofreció la prueba de VIH, Laura accedió a la prueba.
 
La prueba fue realizada en la Clínica Especializada Condesa y resultó positiva. El documento refiere que la clínica informó del resultado a Laura, y le otorgó un tratamiento de antirretrovirales. Por su parte el hospital mantuvo en vigilancia el estado del feto y la víctima.
 
El 23 de junio de 2015, se le practicó la cesárea para el nacimiento, sin embargo, en el procedimiento también se realizó a Laura la oclusión tubaria bilateral, es decir, un método anticonceptivo permanente, sin su consentimiento.
 
Conforme a la información recabada por la Comisión, la víctima desconocía que se le había practicado dicha intervención y fue hasta el 6 de julio de 2015 cuando acudió a una revisión con el ginecólogo de la Unidad Médica del reclusorio, quien le informó sobre el procedimiento.
 
Ella solicitó de inmediato se le informara el motivo por cual le hicieron la cirugía sin su aprobación.
 
La CDHDF dijo que en la información presentada por el Hospital General Torre Médica Tepepan indica que se orientó a la persona sobre los métodos de control de fertilidad y esta optó por oclusión tubaria bilateral, firmando la hoja quirúrgica de procedimiento y consentimiento.
 
Sin embargo, la Comisión detectó que en el expediente firmado por el hospital, únicamente la hoja de procedimiento quirúrgico estaba firmada y no el consentimiento informado para el uso de la anticoncepción permanente, establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993. 
 
Después de conocer la violación de Derechos Humanos por parte del personal médico, el reporte describe que la víctima sufrió depresión, falta de sueño y tuvo varios intentos de suicidio.
 
Ante los hechos, la Comisión pidió investigar al personal médico perteneciente a la Secretaría de Salud capitalina por practicar la esterilización forzada a la víctima, lo que constituye actos de violencia institucional y obstétrica, conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Dentro de la recomendación, la Comisión puntualiza los Derechos Humanos que le fueron violentados a la víctima:
 
1.-Derechos sexuales y reproductivos: es decisión voluntaria de la persona para la que se realice un procedimiento anticonceptivo, tener pleno conocimiento e información (suficiente, de calidad y  veraz) sin presiones. Así como respetar el número de hijos que quiera tener y el método de control de fertilidad que mejor cumpla con sus expectativas.   
 
2.-Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia: derecho a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, a la salud, a la información, a la intimidad y vida privada, así como autonomía reproductiva.
 
3.-Derecho a la integridad personal: cuando se trata de mujeres privadas de la libertad en un centro de reclusión, el Estado tiene la obligación de respetar, garantizar y proteger, el derecho a la integridad personal y debe brindar especial protección a las mujeres embarazadas y/o que viven con VIH.
 
Por último en el reporte la CDHDF pidió a las autoridades de salud reparar los daños causados a la víctima y proporcionarle asistencia para su rehabilitación, de manera rápida y efectiva.
 
ATENCIÓN A MUJERES CON VIH EN CENTROS DE RECLUSIÓN
 
Mediante el informe la CDHDF  menciona que en diversos momentos la institución ha emitido recomendaciones a las autoridades capitalinas para atender las deficiencias de atención médica a mujeres privadas de libertad en los centros de reclusión.
 
Identificaron una gran diferencia en la atención médica brindada entre hombres y mujeres que viven con VIH dentro de los reclusorios. En el 2015 en los centros de reclusión de la capital había 14 mujeres con esa condición, mientras en la población masculina se registraron 210 personas.
 
Sin embargo, el reporte indica que la población de hombres es supervisada y tratada de manera directa por el personal de la Clínica Especializada Condesa, dentro del centro penitenciario.
 
En tanto, en el caso de las mujeres la clínica entrega periódicamente los tratamientos al Hospital General Torre Médica Tepepan, quien se encarga de entregarlo a las pacientes, sin que la clínica pueda verificar de manera directa si son atendidas.
 
Ante la situación, la CDHDF manifestó su preocupación y exhortó a las autoridades que se haga un balance del procedimiento que se lleva acabo para atender la salud de las mujeres en los centros de reclusión.
 
16/HZM/ KVR/LGL








Subscribe to RSS - centros de reclusión