aborto

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Obtiene liberación pero no reconocen su inocencia
Liberan a Teodora Vásquez quien estuvo en prisión por parto fortuito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/02/2018

Teodora Vásquez, mujer salvadoreña que cumplió más de diez años en prisión, condenada por homicidio agravado por la muerte de su hija recién nacida, hoy empezó su primer día en libertad.

Fue liberada ayer por las autoridades salvadoreñas de un reclusorio de mujeres en Ilopango, municipio ubicado en el departamento de San Salvador. Fue sentenciada en 2007 a 30 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de una recién nacida. En enero de este año, su pena fue conmutada a 10 años 7 meses, que cumplió ayer.

Al salir de la prisión, fue recibida por su familia, entre ella sus papás y su hijo de 14 años, defensoras de Derechos Humanos, y docenas de periodistas. “Estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia”, dijo Teodora al salir de las puertas del reclusorio.

Sin embargo, la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, que acompaña a Teodora desde el 2014, consideró la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insuficiente, “porque no reconoce su inocencia”.

Las organizaciones sociales que apoyan a Teodora sustentan que la mujer que se desempeñaba como cocinera en una cafetería de una escuela y que en 2007 cuando tenía 24 años de edad, tuvo una emergencia obstétrica en el lugar de su trabajo, habría llamado al 911 de la Policía Nacional Civil en busca de auxilio pero éste nunca llegó. Fue así que tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la instalación. El producto nació muerto.

La Agrupación Ciudadana argumentó que aún conociendo esta información, el Juzgado Segundo de Sentencia nunca presumió su inocencia, y que en el juicio “no se presentaron pruebas contundes de la existencia de un delito.”

El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto. En una treintena de casos, según las organizaciones, las Cortes han emitido condenas entre 30 y 40 años de prisión a las mujeres acusadas.

Las mujeres que han sido sentenciadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia, manifestó Amnistía Internacional. Es por eso que deben seguirse los casos de al menos 27 mujeres en la misma situación que continúan encarceladas.

“El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional quien pidió a las autoridades salvadoreñas derogar urgentemente “esta indignante prohibición del aborto”.

De hecho, desde finales del 2016, la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió una propuesta para despenalizar el aborto terapéutico: cuando corra peligro la vida de la madre, no exista posibilidad de la vida extrauterina, y cuando el embarazo sea producto de la violación de menores de edad.

Hasta ahora no se han encontrado mayorías para esta propuesta, ni entre las filas del partido de izquierda, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Representantes de organizaciones sociales pidieron a la Asamblea Legislativa aprobar la medida antes de que concluya la actual legislatura el 30 de abril próximo.

Diversas personas funcionarias de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por esta legislación salvadoreña. La Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, al final de su visita el pasado 5 de febrero a este país centroamericano, pidió al Estado declarar una "moratoria", es decir, aplazar la aplicación de la prohibición del aborto.

En México, existen casos similares. El más reciente, el de Dafne McPherson Veloz, quien permanece desde 2015 en situación de reclusión en un penal de Querétaro, acusada de homicidio agravado, luego de haber sufrido un parto fortuito en los baños de la tienda departamental donde trabajaba. En noviembre del 2017, el Tribunal Colegiado Vigésimo Segundo Penal de este estado, rechazó reprogramar un juicio que la daría libertad.

18/SG/LGL








INTERNACIONAL
SALUD
   Objeción de conciencia no aplica en riesgo de vida de la mujer
Chile ya cuenta con normativa para practicar aborto por tres causales
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/02/2018

En Chile el Ministerio de Salud (Minsal) emitió las normas que regulan las directrices que debe seguir el personal médico público y privado en la práctica del aborto tras la despenalización de las tres causales: riesgo a la vida de la mujer, inviabilidad del veto y violación, en 2017.

La denominada “Norma técnica nacional de acompañamiento y atención integral en la mujer que se encuentra en alguna de las tres causales que regula la Ley 21.030”, publicada el pasado 7 de febrero, establece que los servicios primarios de atención chilenos (consultorios y servicios de urgencias) tendrán un plazo menor a 24 horas para informar a las mujeres si se configura o no alguna de las tres causales para que accedan al aborto. 

Después de que fuera promulgada el 23 de septiembre de 2017, la iniciativa de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, discutida por tres años, se tienen todo el marco normativa que deben seguir los servicios médicos para que las chilenas puedan acceder a este servicio.

Según el manual operativo en caso de violación de menores de 14 años de edad, las niñas no están obligadas a presentar una denuncia pero el personal de salud tiene la obligación de informar a la Fiscalía de todo caso que se presente a los servicios médicos chilenos. Sin embargo, el resto de las mujeres adultas y adolescentes deben presentar una denuncia.

Las Ley 21.030 permite la interrupción del embarazo por la causal de violación únicamente durante las 12 semanas de gestación, en el caso de niñas menores de 14 años, la interrupción puede realizarse hasta las 14 semanas. Otra responsabilidad de los servicios médicos es brindar atención psicosocial e intervención en crisis para las víctimas.

Según información de este protocolo de actuación, en Chile no existe información certera obre la prevalencia de la violación sexual de mujeres, menos aún de los embarazos como producto de este delito; sólo se conoce que en 2016 hubo mil 727 denuncias de mujeres víctimas de violación (46 por ciento eran menores de 18 años) y se calcula que 75 por ciento de las mujeres no denuncia.

El manual también indica que en promedio cada año en Chile se hospitalizan 16 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas de gestación que cumplen con criterios para las dos primeras causales (razones de salud y malformaciones del feto), por lo indica que estos casos deberán ser referidos a centros de salud terciarios con equipos clínicos especializados en ginecobstetricia.

En relación a las muertes maternas ocurridas por problemas hipertensivos en el embarazo (preeclampsia y eclampsia) en el periodo de 2013 a 2014 ocurrieron 18 casos (representa un 26 por ciento del total de defunciones 68).

En tanto, la mortalidad perinatal asociada con la patología incompatible con la vida de los fetos de carácter letal para las mujeres, las autoridades sanitarias chilenas aseguran que al año se estiman 500 casos de este tipo; además de 2005 al 2014 se mostró que en promedio de los 481 productos nacidos con estas malformaciones, fallecieron entre las 22 semanas de gestación y los siete días de vida.

El protocolo añade que el personal médico debe actuar de manera empática con las mujeres, evitando la revictimización y estimagmatización y priorizar la confidencialidad.

Asimismo tienen la obligación de explicar los pasos en la práctica del aborto e informar otras medidas a las que pueden acceder las mujeres como la adopción, pero siempre respetando la libre decisión de ellas, las y los profesionales no puede ser “directivos, disuasivos o impositivos” apunta la normativa.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO

El pasado 22 de enero el Ministerio de Salud chileno también aprobó el protocolo de “objeción de conciencia” y otros de los pendientes que era el reglamento de acompañamiento que podrán dar organizaciones civiles a mujeres que accedieron a un aborto por estas causales.

Respecto a la objeción de conciencia quedó establecido que las objeciones personales de cada médico o médica deben formalizarse por escrito y en caso de que haya instituciones de salud que no quieran realiza el procedimiento primero deben enviar una solicitud para negar este tipo de servicio al Ministerio de Salud.

Pero en todo caso, ningún médico cirujano puede excusarse de objetor de conciencia cuando esté en riesgo la vida de una mujer o requiere una atención médica inmediata e impostergable, o bien, no exista otro profesional que pueda realizar la intervención.

También establece que la objeción de conciencia no se puede pedir en otras etapas de la atención como la orientación o información del proceso de aborto, ni los cuidados posteriores.

De acuerdo con la organización Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) el 9 de febrero la Pontifica Universidad Católica (PUC) acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, para solicitar que se declare ilegal el reglamento que regula la objeción de conciencia frente al aborto por tres causales.

La organización expuso en comunicado que la universidad católica “busca un trato especial y privilegiado en virtud de razones religiosas”, lo cual violeta el Estado laico y persiste en negar la asistencia médica urgente y oportunidad a mujeres que buscan practicar un aborto.

Para las organizaciones que busquen brindar acompañamiento a las chilenas que abortaron por estas tres causales permitidas por ley, deben tener un mínimo de dos años de abordaje psicosocial del tema.

Con la publicación de esta normativa de actuación en los servicios médicos privados y públicos en Chile se terminan los requerimientos para el aplicación de las tres causales aprobadas para interrumpir un embarazo en el país.

En enero de 2015, durante su segundo mando de Michel Bachelet envió al Congreso Nacional de Chile la ley para despenalizar el aborto por estas tres causales. La Cámara de Diputados probó la iniciativa en agosto de 2015, después de dos años y medio de debate parlamentario el proyecto culminó con su aprobación.

Con Bachelet en la presidencia de Chile también se aprobó en 2010 la Ley 20.418 que estableció el deber del Estado en garantizar el acceso a la píldora “del día siguiente” y la obligación de brindar educación sexual a la población adolescente.

 18/HZM








INTERNACIONAL
SALUD
   Aborto y menstruación, temas en la guía de educación sexual de la ONU
Perspectiva de género necesaria para que educación sea eficaz
Imágen de Guadalupe Cabañas
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 29/01/2018

La educación sexual en las escuelas se debe abordar desde una perspectiva de género en todos los ejes. Sólo así se pueden lograr los objetivos de desarrollo sostenibles, sostiene la ONU en su renovada “Guía técnica internacional sobre educación sexual”, publicada a inicios de este mes.

La guía fue escrita para las autoridades de salud y educación en países de todo el mundo con el objetivo de desarrollar currículos sobre sexualidad para las escuelas y programas para educar a la niñez fuera de las aulas. Las autoras y autores resaltaron que el programa se puede adaptar al contexto local, tomando en cuenta valores y creencias de la población, pero siempre basándose en evidencias científicas.

Algunas de las temáticas donde las y los autores sugieren nuevas aproximaciones son la menstruación, el aborto, y las relaciones responsables. “Incluir la perspectiva de género en todos los currículos de la educación sexual es integral para que tenga un efecto”, dice el documento. Los especialistas consideran que sólo de esta manera se protegerá a la juventud de las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado y la violencia de género.

Constataron además que en la educación de muchos países se omiten los temas importantes de la educación sexual o se pone demasiado énfasis en las “mecánicas” de la reproducción en vez de enfocarse en conductas responsables y en relaciones igualitarias.

Uno de los ejemplos que presenta la guía es que al no discutir la menstruación, esto contribuye a que persistan actitudes sociales y culturales negativas hacia este tema de salud. En algunos países, por ejemplo, cuando las niñas menstrúan deben dormir o comer alejadas de su familia; y las escuelas no tienen baños que permiten privacidad para la higiene menstrual. Esto podría tener un efecto negativo en las niñas, que pueden sentir incomodidad con su cuerpo durante toda la vida.

En este tema la recomendación de la ONU fue estimular un discurso positivo sobre la menstruación y no estigmatizarla.

Las investigadoras e investigadores constataron que muchas maestras y maestros no se sienten bien platicando sobre temáticas relacionadas a la educación sexual y que muchas veces no existen programas de capacitación para mejorar la calidad de instrucción.

La consecuencia de una educación sexual y de relaciones de baja calidad, advirtieron, es que las y los jóvenes quedan vulnerables a relaciones sexuales perjudiciales y explotación sexual. De la misma manera, señalaron que varios estudios han demostrado que programas basados en la abstinencia sexual han sido ineficaces y perjudiciales en la salud reproductiva de las y los jóvenes.

Concluyeron que demasiadas jóvenes siguen recibiendo información inadecuada, incompleta, o llena de prejuicios, afectando su desarrollo físico, social y cultural. Uno de los ejes que más afecta a las jóvenes es la salud reproductiva.

Respecto al aborto, la guía destacó que si bien la tasa de fertilidad está bajando a nivel mundial, todavía se observan niveles altos de embarazos juveniles y las jóvenes menores de 19 años de edad aun mueren por complicaciones durante un embarazo prematuro. En muchos casos esto tiene que ver con que las jóvenes, ante restricciones legales, acuden a prácticas inseguras de aborto.

La guía menciona que “de ninguna manera, el aborto debería de tratarse como un método de planificación familiar” y por ello aborda el tema en en tres de las siete secciones que forman parte de la propuesta de currículo que elaboró la ONU.

Los objetivos son que jóvenes entre 15 y 18 años de edad sepan  cuáles son las leyes sobre el aborto en su país y cómo ésta legislación afecta sus derechos humanos; que adolescentes entre 12 y 15 años de edad sepan dónde buscar ayuda en caso de un embarazo no deseado; y que las y los estudiantes entre 15 y 18 años también estén conscientes de que un  aborto inseguro es un riesgo grave para la salud de mujeres y niñas.

En la antigua guía, una sola sección abordaba el tema del aborto. Es por eso que la organización IPAS, que promueve el acceso a servicios de salud, celebró la publicación de la guía actualizada. “Es significativa porque destaca nueva evidencia de que el tema del aborto debe ser incluido en los currículos para que alcancen máxima eficacia”, dijo la asesora en promoción y defensa de la organización, Cecilia Espinoza.

En México, organizaciones próvida y la Unión de Padres de Familia e instituciones como la iglesia se han pronunciado en contra de dar información sobre temáticas como el aborto en las escuelas.

18/SG








INTERNACIONAL
POLÍTICA
   Organizaciones civiles vigilarán su desempeño
   
Opositora a despenalización del aborto en Chile es nombrada Ministra de la Mujer
Imagen retomada de Cladem
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/01/2018

El pasado 23 de enero se anunció la designación de Isabel Plá como la nueva Ministra de la Mujer y la Equidad de Género en Chile, en el gobierno que encabezará Sebastián Piñera, cargo del que tomará posesión en marzo próximo y que provocó reacciones negativas en el movimiento feminista chileno, y de otras agrupaciones que defienden los Derechos Humanos de las mujeres puesto que Plá se ha caracterizado por sus posturas conservadoras y su oposición a la despenalización del aborto.

Isabel Plá es diplomada en Comunicación de la Universidad Alberto Hurtado. Durante 20 años se desempeñó como asesora parlamentaria y trabajó también como concejala de Peñalolén, una comuna ubicada al oriente de la Ciudad de Santiago. Fue coordinadora de la Unidad de Coyuntura de la Secretaría General de la Presidencia entre 2010 y 2014, vicepresidenta de la Unión Demócrata General Independiente, panelista de radio y televisión, a la par de ser columnista de la Fundación “Avanza Chile”, entre otros medios.

En ésta última se caracterizó por su postura conservadora respecto al tema del aborto cuando se publicó el proyecto de ley para su despenalización, lo que la llevó a emitir diversas declaraciones polémicas como la publicada el 23 de junio de 2017 en el portal “El Líbero” en una columna de opinión donde escribió lo siguiente:

“Rechazo el aborto, con la absoluta convicción de que es una de las mayores injusticias de la humanidad (como fue antes la esclavitud, considerada legítima durante siglos; y como sigue siendo, a mi juicio, la pena de muerte). Admito, no obstante, el derecho a pensar distinto, a estimar que la voluntad de la madre debe prevalecer por sobre el derecho a nacer del hijo, e incluso, a negar la condición de persona a quien aún no ha nacido”.

Colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Chile, ya se pronunciaron sobre la necesidad de conjuntar esfuerzos y trabajo en conjunto para evitar retrocesos e impulsar legislaciones que quedaron pendientes de la administración anterior en materia de equidad de género como la Ley Integral de Violencia de Género.

El día de su nombramiento, Isabel Plá publicó un tuit donde dijo que impulsará una ruta que garantice la igualdad, la autonomía y una lucha en contra de la violencia contra las mujeres, ante lo que las feministas chilenas señalaron que aguardarán atentamente a marzo para vigilar que sus ideas personales no afecten su desempeño como una trabajadora del Estado que representará a las mujeres.

El gobierno militar de Augusto Pinochet prohibió en 1989 el aborto en todas sus formas y fue hasta el 14 de septiembre de 2017 cuando la firma de la presidenta Michelle Bachelet cerró un lapso de dos años de tramitación para obtener la aprobación de una de sus promesas de campaña en su segundo mandato. El aborto fue legalizado por tres causales para su ejecución: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y/o violación.

A 2015 la organización Amnistía Internacional- Chile estimaba que al año se practicaban, en promedio, 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

18/SRC/LGL








NACIONAL
Aborto
   Informe alterno denuncia negación en su acceso
Comité de Expertas de la ONU pide a México estadísticas sobre aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/01/2018

En México, en promedio cada mes mil niñas menores de 14 años de edad se convierten en madres a quienes se les continúa negando el acceso al aborto, denunció la organización civil Ipas México, ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Mientras el aborto solo es permitido de forma voluntaria durante las primeras 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, y en cada estado varían las causales, la de violación que es válida en todo el país para interrumpir un embarazo, se sigue negando a las niñas y mujeres, destacó Ipas México en su informe alternativo que entregó a las expertas de CEDAW.  

De cara a la evaluación que enfrentará México del 2 al 20 de julio sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por las expertas del Comité de la ONU en 2012 en materia de derechos de las mujeres, Ipas México informó al Comité de expertas que México no cumplió con la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza el aborto a las víctimas de violación.

Cabe recordar que en 2016 México reformó la NOM 046 para que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al servicio de aborto y las niñas menores de 12 años pudieran acudir con la compañía de un tutor, sin que fuera forzosamente la madre o el padre.

Para las víctimas de violación, en especial para las niñas, el derecho al aborto está lejos de la realidad, describió la organización internacional en su reporte alternativo que entregó al comité de expertas, con el objetivo de dar un panorama certero en la salud sexual y reproductiva de las mexicanas.

De acuerdo con la organización, entre 2007 y 2013 las autoridades reportaron únicamente el acceso de 51 víctimas de violación a una interrupción del embarazo, a pesar de que se estima que cada año unas 14 mil mujeres y niñas son víctimas de este delito.  

Ipas destaca que en el caso de las niñas, el acceso al aborto se reduce aún más porque estos embarazos no son indagados como producto de violencia. Como resultado, entre 2008 y 2016 el Sistema de Información sobre Nacimientos (Sinac) informó que 103 mil 742 niñas menores de 14 años de edad se convirtieron en madres, es decir, un promedio de 11 mil 526 niñas al año.

La organización, especializada en Derechos sexuales y reproductivos, encontró que el personal médico niega el servicio de aborto –principalmente en los estados- argumentando que va en contra del Código Penal local, o bien, se declaran “objetores de conciencia”, sin que exista personal suficiente que los cubra para asegurar la atención.

Las niñas se ven forzadas a buscar otro tipo de servicios; algunas se trasladan a la capital del país en donde se han realizado en el Programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 176 mil 355 interrupciones, de 2007 a abril de 2017, de estos, 0.07 por ciento fueron realizados a niñas entre 11 y 14 años de edad (123 casos).

Otras, añade Ipas, debido a las restricciones, miedo y estigmas que enfrentan, acuden a servicios inseguros, lo que provocó que de 2002 a 2014 fallecieran mil 92 mujeres a causa de un aborto inseguro, de estas 14 por ciento eran adolescentes, informó la organización.

Con estos datos, en una sesión del Comité de expertas realizada en noviembre del año pasado, indicaron al Estado mexicano que si bien reconocen la reforma a la NOM 046, debe especificar en el informe que presente, estadísticas de las mujeres que han accedido a este servicio.

Cada cuatro años las especialistas de CEDAW –que forma parte de Naciones Unidas- evalúan al gobierno mexicano y éste debe atender de forma obligatoria las recomendaciones que le den.

En materia de salud, en 2006 el Comité exigió al Estado mexicano que ampliara los servicios de salud a las mujeres, incluyendo los servicios de salud reproductiva y planificación familiar, promoviendo además, la educación sexual y reproductiva en adolescentes.

Más tarde, en 2012, CEDAW pidió a México armonizar las legislaciones estatales relaciones con el aborto, eliminando los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a una interrupción del embarazo legal y segura. En suma, asegurarse que cada entidad implementara la NOM 046.

Sobre estas recomendaciones, Ipas México consideró que el “Estado realizó esfuerzos insuficientes para promover el aborto a mujeres y víctimas de violación, fallando con las obligaciones internacionales que tiene México con los Derechos Humanos”.

EXPLICACIONES SOBRE “OBJECIÓN DE CONCIENCIA”

El Comité también pidió al gobierno mexicano que explique las reformas propuestas a la Ley General de Salud para incluir el término de “objeción de conciencia”,  -que se encuentran en espera de ser aprobadas por el senado- pues señalaron que saben que esta modificación permite al personal médico negar el acceso a servicios de salud como el aborto y la anticoncepción, bajo creencias personales.

Esta reforma propuesta por el Partido Encuentro Social (PES), fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2017, las organizaciones civiles alertaron que eran esfuerzos de grupos conservadores por obstaculizar la interrupción del embarazo, además de no tener ningún sentido toda vez que la NOM 046 reconoce la objeción al personal médico.

Otro tema que Ipas presentó fue el embarazo en adolescentes ya que México ocupa el primer lugar de embarazos en mujeres entre los 15 y 19 años de edad de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De 2008 a 2016 registró 3 millones 508 mil 316 nacimientos en mujeres en este rango de edad.

18/HZM/LGL








REPORTAJE
Aborto
   Secretariado Ejecutivo inicia registro del delito de aborto
Capitalinas perseguidas por abortar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/01/2018

Pese a que en la Ciudad de México el derecho a interrumpir un embarazo es legal en 4 causales: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 3 años se abrieron 310 carpetas de investigación por del delito de aborto.

Lo anterior se desprende de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el cual mide los delitos considerados de “alto impacto” como homicidio, violación, robo, corrupción de menores, extorsión, entre otros, con lo que coloca al aborto en la misma categoría de estos delitos.

El registro de “aborto” inició en diciembre pasado y reveló que en tres años en el territorio nacional (2015-2017) se abrieron mil 524 carpetas de investigación por el delito de aborto, y la Ciudad de México se colocó a la cabeza de las entidades que criminalizan a quienes acceden o practican una interrupción del embarazo.

Cabe destacar que la nueva metodología del SESNSP no detalla si estas carpetas corresponden a mujeres que interrumpieron un embarazo o a las personas que ayudaron a practicarlo, lo que sí indica es que en 2015 en la capital del país 131 personas fueron acusadas del delito de aborto (42 por ciento del total registrado en tres años).

En años posteriores poco han disminuido las cifras; en 2016 se contabilizaron 105 y hasta noviembre de 2017 la ciudad ya sumaba otras 74 carpetas de investigación por aborto.

En la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación desde hace una década, cuando el 24 de abril de 2010, en un triunfo histórico para las mujeres y el movimiento feminista, la Asamblea Legislativa aprobó modificar la Ley de Salud y el Artículo 144 del Código Penal local para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Aunque después de estos tres meses permitidos el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario para las mujeres -precisa el Artículo 145 del Código Penal local- existen otras razones legales por las cuales las mujeres pueden abortar.

En todo el territorio la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) establece como un derecho la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación sexual.

Las víctimas pueden solicitarlo en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda, solo en caso de que la mujer sea menor de 12 años de edad, la normativa señala que es necesario que acudan con un tutor.

OTROS ESTADOS

En el resto del país la criminalización por aborto es similar a la Ciudad. El sistema del Secretariado Ejecutivo muestra que en 2017, a nivel nacional se registraron 479 carpetas de investigación por esta razón.

Después de la capital, el estado de Baja California concentró 15 por ciento de estas denuncias (72 casos en total) y en el Estado de México 38 personas fueron señaladas de cometer este delito.

También en Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, Guanajuato y Jalisco registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

ABORTO, UN DERECHO

Organismos internacionales como el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés ha urgido al Estado mexicano a armonizar las leyes estatales relativas al aborto y permitirlo por lo menos hasta las 12 semanas de gestación.

Esta fue una de las recomendaciones que hizo CEDAW a México en 2012 (número 33), asimismo pidió eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y como recurso se ven  orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo.

Por ello, el Comité insistió –además de la despenalización- en asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046, sean capacitados y se tenga personal no objetor de conciencia. Esta atención adecuada debe incluir la atención integral que debe revisar una víctima de violación como es la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Para este año México será evaluado por este Comité quien determinará si el Estado cumplió con esta recomendación en materia de derechos sexuales y reproductivos, entre otras temáticas correspondientes a la violencia cometida contra las mujeres.

INTERRUPCIONES LEGALES EN CDMX

En tanto, en los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) de la Ciudad se han practicado 188 mil 224 abortos seguros de abril 2007 a diciembre de 2017.

De estos, 132 mil 843 corresponden a mujeres habitantes de la urbe, el otro 28 por ciento, son mujeres que se trasladan de otros estados de la república debido a las leyes restrictivas que enfrentan.

Principalmente provienen de entidades cercanas. Del Estado de México acudieron 48 mil 458 mujeres al servicio de ILE, de Puebla mil 119 mujeres, de Hidalgo 959, Morelos (685), Jalisco (486) y de Veracruz (415).

Un 46 por ciento de las mexicanas que abortaron de forma legal en la capital tenían entre 18 y 14 años de edad por lo que cursan estudios de secundaria y preparatoria. Asimismo las estadísticas del programa indican que 28 por ciento acudió en las primeras cuatro semanas de gestación, únicamente uno por ciento lo hizo en la doceava semana.

Etiquetas

Aborto, derecho a decidir, criminalización de mujeres por aborto, Derechos sexuales y reproductivos,

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
SALUD
   Ciudad de México registró el mayor número de casos
En un año 479 mujeres criminalizadas por tener un aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 09/01/2018

Al cierre de 2017 en México 479 mujeres fueron investigadas por el delito de aborto, de acuerdo con el nuevo registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En diciembre pasado la dependencia de la Secretaria de Gobernación (Segob) informó que en la nueva metodología para clasificar y registrar la incidencia delictiva incluiría delitos como aborto, violencia familiar, trata de personas y feminicidio, aunque de este último los datos se publicarán hasta el próximo 20 de enero.

Sobre el ilícito de aborto que por primera vez comienza a registrar el SESNSP, de enero a noviembre del año pasado, la Ciudad de México fue la entidad con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto, 74 mujeres fueron acusadas tener o practicar la interrupción del emabarzo.

La capital está seguida de Baja California donde se concentró 15 por ciento de las investigaciones iniciadas contra mujeres que interrumpieron un embarazo (72 casos en total).

En tanto, en el Estado de México 38 mujeres fueron criminalizadas por practicar un aborto. En Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, mientras en Guanajuato y Jalisco se registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

EL DERECHO AL ABORTO

Entre las cifras del Secretariado resalta el caso de la capital del país, ya que a pesar de que es la única entidad en la que se puede interrumpir un embarazo de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación; después de este periodo el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario, de acuerdo con el Artículo 145 del Código Penal.

En todo el territorio nacional la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para las víctimas de violación sexual ya que las mujeres pueden solicitar un aborto en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda.

En caso de que la víctimas sea menor de 12 años de edad es necesario que acudan con un tutor, así lo establece la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046).

Asimismo, en México el aborto es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley de cada estado, por ejemplo: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y cuando la economía precaria de las mujer se agrava al continuar el embrazo.

Debido a que la aplicación de estas causales varían en cada estado, en 2012  el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano armonizar las leyes estatales relativas al aborto (recomendación 33).

El Comité CEDAW asegura que es necesario eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y se vean orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo por lo que recomendó al gobierno mexicano asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046.

Este año el Estado será evaluado por el Comité para conocer el avance de estas recomendaciones en el acceso de las mujeres a derechos como la salud y otros ámbitos de sus derechos.

17/HZM








ESTADOS
SALUD
   En 2014 tuvo una tasa de 82.75 nacimientos por cada mil adolescentes
Embarazo adolescente va en aumento en el Edomex
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 02/01/2018

La tasa de fecundidad en adolescentes en el Estado de México (Edomex) se incrementó en seis años; en 2014 la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) reportó 82.75 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 a los 19 años de edad, cifra superior a la de 71.63 que registró en 2009.

Un informe sobre salud reproductiva en el Edomex que en 2017 realizó la organización Ipas México, muestra que en 2014 la entidad rebasó la media nacional de fecundidad adolescente que era de 77.04 nacimientos.

La organización especializada en salud sexual y reproductiva con sede en México, señala que en 2009 el Edomex se mantuvo dos puntos debajo de la media nacional (reportada en 69.20), sin embargo, en 2014 ascendió a la quinta posición entre las entidades del país con la mayor tasa de fecundidad en ese grupo de edad.

De acuerdo con Ipas presentar un embarazo en la adolescencia no sólo puede truncar los estudios, las relaciones sociales y el proyecto de vida de las mujeres, ser madres a corta edad les implica un riesgo a su salud.

En 2014 los hospitales de la Secretaría de Salud del Edomex atendieron a 40 mil 410 egresos de jóvenes por causas relacionados con un embarazo, de ellas 3 mil 841 tuvieron un parto. La segunda causa de atención se debió a los abortos con 3 mil 569 casos, seguido de las enfermedades hipertensivas en el embarazo con mil 491 casos y finalmente los casos de hemorragias con 745.

Estos datos que recolectó la agrupación a partir de la información del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) revelan que la atención a mujeres embarazadas menores de 20 años de edad representó 26 por ciento del total de egresos obstétricos de dicha entidad en 2014 (154 mil 449 casos).

Además, el informe precisa que en 13 años (2002 a 2014) han fallecido 17 adolescentes en el Edomex por someterse a un aborto inseguro, pues en este estado las mujeres sólo pueden interrumpir un embarazo en cuatro circunstancias: cuando es producto de una violación; es un aborto imprudencial o culposo; la mujer esté en peligro de muerte; o por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto.

ADOLESCENTE EGRESAN SIN ANTICONCEPCIÓN

Es importante destacar, indica la organización civil, que después del parto de las 36 mil 841 adolescentes mexiquenses un 42 por ciento egresó sin un método anticonceptivo o sin especificar si se les brindó, hecho que resulta preocupante si se considera que a nivel nacional la Enadid (2014) indicó que 56 por ciento de las adolescentes embarazadas no planeó o deseó el embarazo.

Las mexiquenses entre los 15 a 19 años de edad que aceptaron algún método en el postparto fueron 21 mil 565; un 49 por ciento optó por el dispositivo intrauterino (DIU), seguido de algún método hormonal como pastillas (32 por ciento) y únicamente un siete por ciento escogió un implante subdérmico o la oclusión tubaria (obstrucción de las trompas uterinas). 

En tanto, al 40 por ciento de las mujeres menores de 20 años de edad que egresaron por un aborto (3 mil 569) no se le otorgó un método anticonceptivo, subraya el reporte. 

“Es necesario en particular, prevenir el embarazo no deseado y atender el significativo aumento de la fecundad entre adolescentes con políticas efectivas que garanticen una cobertura anticonceptiva universal, oportuna y adecuada a sus necesidad, así como la prevención y atención de la violencia sexual”, recomienda finalmente Ipas México.

18/HZM

 








INTERNACIONAL
SALUD
   Senado aprueba modificaciones a sistema penal
   
Obligados hospitales públicos de Bolivia a realizar abortos bajo 5 causales
Especial
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 11/12/2017

El pasado 5 de diciembre el Senado boliviano aprobó el artículo 157 del nuevo sistema penal que garantiza la realización de abortos en los hospitales públicos del país en los siguientes supuestos: para prevenir riesgos presentes o futuros para la vida y la salud integral de las mujeres embarazadas; por malformaciones incompatibles con la vida; sea consecuencia de una reproducción asistida no consentida; de una violación o incesto, y cuando se trate de niñas y adolescentes.

La inclusión del artículo sobre aborto surgió a partir de las recomendaciones que hicieron el Comité contra la Tortura y de la CEDAW (organismos de las Naciones Unidas) al Estado Plurinacional de Bolivia, más una sentencia constitucional de 2014 que exhortó a la Asamblea Legislativa a encarar y resolver el problema de los abortos inseguros.

El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna de las bolivianas. Desde 1971, en la época de la dictadura, existían seis artículos que penalizaban distintas formas de aborto. Y había uno llamado “aborto impune” que establecía que no era punible cuando se tratara de violación, incesto o estupro o cuando pusiera en riesgo la vida de la mujer.

El artículo sobre el aborto (el 157) está en el marco de la revisión de todo el sistema penal: no es sólo un código sino un sistema nuevo que tiene 700 artículos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la presidenta de la comisión de Constitución en Diputados, Susana Rivero, y la presidenta de Constitución del Senado, Adriana Salvatierra, llevaron adelante el proceso legislativo.

“Armamos una articulación entre legisladoras y la sociedad civil, organizaciones sociales para armar una estrategia que nos permitiera avanzar, entendiendo que el resultado no es lo que la mujeres pretendíamos -una despenalización total- pero sí un avance en la progresividad de los derechos de las mujeres”, explicó a Cosecha, Roja Rivero.

Se distribuyeron roles, diseñaron un sólo artículo con varios párrafos donde queda claro que no se despenaliza totalmente pero define las causales. “El gran avance, más allá de las causales, es la obligatoriedad para que el sistema público de salud le otorgue a las mujeres este derecho de manera gratuita sin condición, tutelaje, sin que ningún médico evalúe. Simplemente la mujer establecerá cuál causal y podrá dirigirse a un centro de salud público donde será asistida en las mejores condiciones”, dijo la diputada.

En Bolivia hubo y sigue habiendo mucha resistencia de los grupos antiderechos y religiosos tanto evangélicos como católicos, que han utilizado a los médicos para que aleguen la libertad de conciencia.

“Esta fórmula que logramos las legisladoras bolivianas de respetar la esa libertad pero obligar al sistema público a que en cada centro de salud haya un médico no objetor. Es lo que creemos que va a viabilizar la ejecución plena de este derecho de las mujeres”, dijo Rivero.

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.

17/RED/LGL








ESTADOS
SALUD
   Ejecutivo estatal propuso reformas al Código Penal
Rechaza congreso de Coahuila despenalizar aborto después de 12 semanas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coa.- 30/10/2017

El intento por despenalizar el aborto en Coahuila, fue desechado por las fracciones legislativas en el congreso del estado, debido a la presión de organizaciones sociales y actores políticos que estaban en contra de la propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdés.

La “Asociación de Mujeres de la Laguna”, se pronunció en contra de la decisión de la legislatura saliente, que tuvo la oportunidad de cambiar la criminalización a la que se somete a las mujeres que incurren en esta práctica.

Se trata de alrededor de 10 organismos integrados en esta causa y a favor  de la despenalización del aborto en Coahuila. Aseguraron que la actual penalización es inoperante, pues desde hace 20 años que se tipificó el delito no ha habido ni una condena absolutoria o condenatoria por este delito.

El proyecto de reforma integral al Código Penal de Coahuila, buscaba despenalizar el aborto para que se pudiera practicar después de las 12 semanas de embarazo, sin límite para llevarse a cabo la interrupción, siempre y cuando el producto tuviera malformaciones graves, cuando estuviera en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo fuera producto de una violación.

El Ejecutivo estatal hizo llegar al Poder Legislativo un documento de más de 2 mil páginas con la propuesta del nuevo Código Penal y su exposición de motivos. El tema más polémico fue la flexibilización del aborto consentido.

Pero los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Unión Democrática de Coahuila, Partido Social Demócrata, Nueva Alianza y Primero Coahuila, acordaron que la LX Legislatura no haría ese cambio a pesar de que la propuesta estaba sustentada en brindar mejores condiciones para las mujeres que decidieran poner fin a su embarazo, en cualesquiera de las causales permitidas en la legislación.

“El mero remedio penal para el aborto ha sido inútil y además, una fuente inextinguible de innumerables abortos clandestinos: los que muchas veces realizan gente impreparada y en circunstancias de insalubridad o desatención que originan muertes, lesiones y graves peligros para la mujer”, justificaba la propuesta del Ejecutivo estatal, enviada al congreso estatal en septiembre pasado.

La integrante de la “Red de Mujeres de La Laguna”, Adriana Romo, indicó que con lo anterior se demuestra la doble moral, tanto del Ejecutivo, como de los diputados, ya que el primero manda una propuesta a favor de los derechos de las mujeres y los segundos la rechazan por cuestiones ideológicas y de partido.

Indicó que precisamente el derecho a decidir por parte de las mujeres es fundamental para protegerlas y en cambio en el legislativo, se prefiere anteponer la ideología de un partido o creencias personales.

“Por un lado, en el discurso hablan de estar a favor de los derechos de las mujeres, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero en algo que es primordial, básico e indispensable para que las mujeres, están en contra”.

Dijo que al igual que en otros casos quedó en evidencia la pobre discusión que tuvieron para decidir que debería quedarse igual el Código Penal en el tema del aborto, porque no tomaron en cuenta la opinión de asociaciones que conocen el tema y que representan a las mujeres.

En tanto, los diputados locales del PAN celebraron el acuerdo logrado entre todas las bancadas del congreso local para “defender la vida del ser humano desde la concepción”, al decidir la no despenalización del aborto en Coahuila y mantener las consideraciones sobre el tema vigentes en el Código Penal, informó la legisladora Lariza Montiel.

La legisladora del PAN resaltó que se manda un mensaje a la sociedad de Coahuila, que en el caso del congreso local están a favor de la vida, asimismo se conservan las causales bajo las cuales no se va a criminalizar a la mujer que decida interrumpir un embarazo, como el caso de violación.

EN CONCORDANCIA CON NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Ante los ataques por parte de grupos conservadores y de derecha, el gobernador aseguró que la propuesta no era la legalización del aborto, sino evitar que las mujeres sean procesadas en el sistema penal.

En la reciente reforma al sistema penal acusatorio, el aborto dejó de ser considerado un delito grave, por lo que no es necesario aplicar la pena de prisión, sino que se puede acceder a “penas alternativas”.

Apuntó que nunca buscará la legalización del aborto en la entidad y que solamente está respaldando lo que ya se encuentra en la actual legislación en la materia.

17/SN/LGL

 








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