aborto

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Vivir sin violencias, en equidad
Paro de Mujeres 8M, fuerza vital que recorrió el país
Imagen de Citlalli López Velázquez
Por: la Red Nacional de Periodistas
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017

La fuerza del Paro de Mujeres, que se realizó ayer en decenas de países del mundo, en protesta por la violencia contra las mujeres y en demanda de una vida libre de violencia, se manifestó en México, en prácticamente todas las ciudades del país. De ello dan cuenta las corresponsales y colaboradoras de Cimacnoticias en Oaxaca, Veracruz, Edomex, Chiapas, Puebla, pertenecientes a la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género.   
 
OAXACA TIEMBLA
 
Amas de casa, activista, familiares de mujeres asesinadas, profesionistas, docentes, jubiladas y mujeres  indígenas de Oaxaca se sumaron al Paro Internacional 8M en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que se realiza el 8 de marzo y marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo.
 
Bajo la jornada “Oaxaca Tiembla, las Mujeres Paramos”, exigieron un alto a la violencia feminicida, al acoso sexual, a las agresiones y a las violaciones a sus derechos. Fueron acompañadas por un contingente Transexual, adultos mayores y ONG.
 
Denunciaron que durante los primeros 98 días del gobierno actual encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, se han acumulado 26 feminicidios y seis casos de violencia política.
     
VERACRUZ, RECLAMO POR AVG 
 
Las desaparecidas y las víctimas de feminicidio fueron el centro de la misma exigencia: Justicia y Alerta de Género ya.
 
¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡No queremos flores, queremos derechos! ¡Basta de simulación queremos acción!, fueron las consignas que lanzaron mujeres, estudiantes, enfermeras, maestras, madres de familia, abuelas, jubiladas, oficinistas, estilistas, vendedoras, empleadas, cocineras, investigadoras, activistas, feministas, quienes caminaron desde el Tranvía del Recuerdo al Zócalo, acompañadas por jóvenes, adultos y la comunidad LGBTTI  
 
Exigieron justicia por los 55 feminicidios y reclamaron al Gobernador Yunes y al Fiscal Wincker que reconozcan solo 10 asesinatos; también demandaron justicia por las 70 mujeres trans víctimas de crímenes de odio, y señalaron la escasa justicia en el caso de los Porkys, violadores de una menor de edad. 
 
EN EDOMEX,  PROTESTA CONTRA EL FEMINICIDIO
 
El Día Internacional de la Mujer en el Estado de México, no obstante  ser la primera entidad en donde se decretó la Alerta Contra la Violencia de Género (AVG), en once municipios, organizaciones civiles y autoridades municipales aseguran que la violencia y  los feminicidios no cesan. 
 
Diversas actividades se realizaron, en demanda de que se erradique este flagelo, pues cerró el año 2016 con 263 asesinatos de mujeres, de acuerdo con cifras de la  organización “Mujeres en Cadena”.  Ecatepec, uno de los once que mantienen la AVG, encabeza la cifra de asesinatos de mujeres, seguido de Nezahualcóyotl, Atizapán, Naucalpan, Acolman, Chimalhuacán, Toluca, Cocotitlán, Mexicaltzingo, Tezoyuca, Chalco, Nicolás Romero, Tenancingo, Lerma, Ixtlahuaca y Texcoco.
 
En Naucalpan,  vecinas plasmaron en lienzos blancos sus manos con pintura rosa, sobre las escaleras de la presidencia municipal y exigieron mejores condiciones de seguridad para frenar la violencia en este municipio, que  el año pasado  cobró la vida de 28 mujeres, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
 
CHIAPAS, ABORTO LEGAL
 
Para exigir políticas públicas en contra de la violencia hacia las mujeres, este 8 de marzo marcharon en Tuxtla Gutiérrez más de un centenar de mujeres.
 
La marcha partió del parque de la Juventud –al poniente de la ciudad- y llegó al Congreso del Estado,  donde se hizo un pronunciamiento para exigir el aborto legal en Chiapas, políticas públicas para evitar la violencia en contra de las mujeres, la liberación de presas políticas y mejores condiciones laborales.
 
Ana Silvia Gómez del Centro de Lengua y Cultura zoque pidió la libertad de su compañera presa Silvia Juárez Juárez del municipio de Tecpatán, que fue encarcelada por diferentes delitos como medida de represión por su lucha en contra de la extracción de hidrocarburos en aquel municipio.
 
PUEBLA, EL RECUENTO DE LA VIOLENCIA
 
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer incluyó conversatorios sobre la violencia de género, la proyección de un documental y un monólogo, una marcha que llegó al zócalo de la ciudad y una actividad para denunciar a los docentes acosadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
 
En la facultad de Antropología, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) presentó los resultados de un análisis sobre feminicidios y violencia sexual en Puebla, que hizo de forma conjunta con el portal LADO B.
 
Entre los hallazgos se encuentran que son mujeres de 21 a 30 años las principales víctimas de feminicidio, en promedio ocurre un feminicidio a la semana en el estado y uno de cada tres victimario resultó ser la pareja sentimental de la víctima.
 
De los 149 casos de feminicidio que abarcó la investigación de 2013 a 2015, 53 por ciento cumplen con la causal de exposición pública, el 45.6 por ciento con lesiones o mutilaciones infamantes, 28.9 por ciento con lesiones previas, 27.5 por ciento con perfidia o abuso de confianza y 22.8 por ciento con violencia sexual.
 
*Con información de Citlalli López Velázquez, Sandra Segura, Evelia Barrón, Sandra de los Santos, Samantha Paez Guzmán, Alondra García Lucatero, Ana Alicia Osorio, Juan Ramón Nava
 
17/RPVG/GG
 








INTERNACIONAL
Aborto
   Reclaman estudiantes en Argentina
   Primera de dos partes
En el aula, el tema de aborto debe incluir la vida cotidiana de mujeres
CIMACFoto: Archivo
Por: Florencia Alcaraz*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 01/03/2017

En un aula de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una clase de Bioética, una joven estudiante quiere acortar el abismo que existe entre la academia y la vida cotidiana de las mujeres. El profesor dice: “El aborto es ilegal y solo se autoriza en determinados casos de violación”.

La estudiante Corina Bertone, con el emblemático fallo FAL de la Corte Suprema en la mano (que autoriza el aborto en casos de violación), responde: “La interrupción del embarazo es legal en todos los casos de violación y cuando corre riesgo la salud de la mujer embarazada”. Y replica el docente de Bioética: “Es un fallo que no se aplica siempre, lo que importa es la ley”.  

Y el abismo vuelve a ensancharse. Aborto, misoprostol, Aspiración Manual Endouterina (AMEU): palabras que parecen proscritas en la fábrica de médicos y médicas más importante del país.

Cada año, 60 mil mujeres son internadas en Argentina por complicaciones que son consecuencias de abortos inseguros. Las cifras: En 2015, según una nota de Luciana Peker publicada en Las 12 (suplemento del diario Página12), hubo 500 interrupciones legales dentro del sistema de salud público. Otras 2 mil 894 más fueron acompañadas en sus abortos seguros, libres y de calidad por las Socorristas en Red. Alrededor del 30 por ciento de los embarazos terminan en aborto espontáneo.

MANTO DE SILENCIO

El aborto, inducido o espontáneo, es una posibilidad real para mujeres gestantes en edad reproductiva y para el sistema de salud. La interrupción legal es un derecho desde 1921. Sin embargo, en la UBA la práctica está cercada por un manto de silencio. Un silencio que robustece el modelo médico hegemónico y sufre de anacronismo: mientras la formación académica está encapsulada, la realidad social demanda cada vez con más fuerza que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Además del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que este año llegó por sexta vez al Congreso; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Nuevo Encuentro y Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto presentaron en septiembre un pedido para que la administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT) reconozca al misoprostol como medicamento obstétrico.

En noviembre, Católicas por el Derecho a Decidir presentó un “pronto despacho” ante el Ministerio de Salud de la Nación para que el Estado produzca y distribuya misoprostol y mifepristona, los dos medicamentos identificados por la Organización Mundial de la Salud como la forma de acceder a un aborto seguro.

El reclamo no es solo nacional: en su último informe el comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) exigió al gobierno acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.

ENSEÑANZA VS. REALIDAD

“La carrera de Medicina de la UBA se encuentra desfasada respecto a la regulación vigente en Argentina, especialmente la emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, el marco general de derechos humanos y los estándares de salud que promueve la Organización Mundial de la Salud y Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) en lo que refiere al aborto”, señala la socióloga y becaria del CONICET, Ana Mines Cuenya, en un artículo académico.

Mines Cuenya investigó la percepción de las y los estudiantes de esta carrera sobre el tratamiento del tema en su formación. Entrevistó a 24 futuros médicos y médicas entre 2013 y 2014 de las distintas etapas de la carrera, que está planificada en dos ciclos de tres años cada uno.

Las conclusiones dan cuenta del desfasaje y de estudiantes autodidactas: Más de la mitad nunca escuchó hablar del misoprostol durante el curso. Un grupo más pequeño afirmó sí haber escuchado, pero, en su mayoría, en el marco de un listado de ejemplos de medicamentos que pueden producir abortos como efecto secundario. Solo tres estudiantes dijeron manejar más información sobre misoprostol. En esos tres casos lo habían estudiado por su propia cuenta.

Primero, fueron las propias mujeres quienes aprendieron a usar el misoprostol, comercializado para el tratamiento de úlcera, para interrumpir embarazos no deseados. Pero a esta altura ya es un medicamento recomendado internacionalmente y por el propio Ministerio de Salud de la Nación en distintas guías de atención destinadas a los profesionales de equipos de salud.

En 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce en el catálogo Aborto Sin Riesgos. Guía Técnica de Políticas para los Sistemas de Salud. Lo define como un medicamento abortivo, seguro y eficaz. Se trata del único método abortivo reconocido que permite la autoinducción de abortos de manera segura antes de la semana doce de gestación incluida.

El misoprostol contribuye a evitar muertes y complicaciones por aborto inseguro en distintas partes del mundo. “No se habla de aborto y cuando aparece se niega la práctica, los profesores dicen que en el país no se hacen abortos porque es ilegal”, cuenta a MU Corina Bertone, estudiante de quinto año de la carrera.

Eso, dice Corina, “es mentirles a los estudiantes y es enfrentarlos a una realidad que no van a saber manejar. En Farmacología, por ejemplo, se nombra el misoprostol y se dice que es una contraindicación de aborto. Que no se puede dar a una mujer embarazada. Hay mucha hipocresía porque desde el Ministerio de Salud se hacen cuadernillos en donde se explica la práctica. El propio Estado te manda un manual donde dice que tienes que usar misoprostol.

Entonces, ¿por qué en el pregrado no lo vemos?”

Corina, la alumna que se plantó en la clase de Bioética con el fallo FAL en la mano, está sentada en un bar cerca de la Facultad donde pasa gran parte del día. Cuando terminó la secundaria, vino desde La Pampa persiguiendo el sueño cinematográfico de estudiar medicina para “salvar vidas”. Con el paso de los años, encontró en la militancia, en el Bajo Flores, más herramientas para trabajar en salud que en las aulas de la UBA. Junto con otras y otros doce estudiantes están armando la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir, que se lanzará el año que viene.

*Artículo tomado de la Revista Mu, de la cooperativa argentina La Vaca.

17/FA/GG
 


aborto   CEDAW   Argentina   






INTERNACIONAL
Aborto
   Revela informe de OSC
Criminalización del aborto: exclusión, persecución y cárcel para salvadoreñas
CIMACFoto: Gladis Torres
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 21/02/2017

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigor un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.
 
Además, en enero de 1999, se reformó el Artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y a partir de la cual más de veinticinco países en el mundo han liberalizado sus leyes sobre aborto.
 
El Salvador, junto con unos pocos países como Polonia y Nicaragua, restringió las condiciones en las cuales el aborto está permitido. A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246 mil 275 abortos con una incidencia del 11.1 por ciento en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19 mil 290 abortos, de los cuales el 27.6 por ciento ocurrieron en adolescentes.
 
En febrero de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, reiteró que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo a las mujeres y jóvenes, pues ante la necesidad de interrumpir el embarazo, muchas acuden a abortos clandestinos Estos datos sobre aborto son estimaciones, pues dada la ilegalidad de la práctica, no es posible tener datos confiables.
 
VULNERACIÓN ABSOLUTA
 
La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.
 
El informe “Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador”, publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,  documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en el país, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos.
 
Primero, el análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionador y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.
 
Segundo, el informe aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo que revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. El análisis usa las distintas variables como la edad, la escolaridad, la ocupación y el nivel de ingresos, entre otras, para ilustrar cómo las consecuencias de una legislación tan restrictiva crea patrones de violación a los derechos humanos, que afectan sobre todo a las mujeres en situación de más vulnerabilidad en El Salvador.
 
El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, como el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas y las resoluciones judiciales dictadas en los procesos. El estudio revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, entienden que tienen la obligación legal de denunciar a las pacientes ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial.
 
Estas denuncias resultan problemáticas, no sólo por la violación al secreto profesional que suponen, sino también porque las mujeres dejan de buscar los servicios de salud que necesitan si no se garantiza la confidencialidad. Esto es particularmente preocupante en los casos de las mujeres que tienen emergencias obstétricas o requieren cuidado post aborto.
 
LOS PROCESOS JUDICIALES
 
En el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. La investigación cuantitativa muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico:
 
– El 68.22 por ciento de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.
 
– De las mujeres procesadas, 6.98 por ciento eran analfabetas, 40.31 por ciento tenían algún tipo de educación primaria, 11.63 por ciento tenían estudios de bachiller y 4.65 por ciento tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios).
 
– El 73.64 por ciento de las mujeres son solteras y sin pareja.
 
– El 51.16 por ciento de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78 por ciento contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.
 
– El 57.36 por ciento de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48 por ciento de las denuncias proviene de los familiares y vecinos.
 
– El 49 por ciento de los casos las denuncias no tienen fundamento y son archivadas.
 
– En el 46.51 por ciento de los casos el delito se tipifica como homicidio, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 años de prisión.
 
– En el 43.41 por ciento de los casos se aplica la detención provisional, en donde las mujeres deben ir a la cárcel durante el proceso.
 
– En el 51.94 por ciento de los casos las mujeres son defendidas por defensores públicos.
 
Los datos muestran que las 129 mujeres procesadas se encontraban, en su mayoría, en situación de pobreza. Ellas han sido excluidas de la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas para enfrentar el poder sancionador del Estado.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG
 








INTERNACIONAL
   República Dominicana
Periodistas piden al Congreso despenalizar el aborto por tres causales
Imagen retomada de Cladem
Por: Mercedes Alonso Romero
Cimacnoticias/SEMlac | Santo Domingo, Rep Dom .- 13/02/2017

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Constitución CDMX
Las Constituyentes enfocan baterías hacia leyes secundarias
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/02/2017

No basta que los Derechos Humanos de las mujeres estén en la Constitución Política de la Ciudad de México, falta que se plasmen en las leyes secundarias que elaborará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), expresó la colectiva Las Constituyentes.
 
En conferencia de prensa, las mujeres que integran esta agrupación ciudadana informaron que buscarán incidir en el proceso de armonización legislativa para que los derechos planteados en el texto constitucional –promulgado el 5 de febrero– sean una realidad.    
 
La activista Gloria Tello Sánchez dijo que estarán pendientes de cómo los derechos se traducen en procedimientos, en políticas públicas y cómo se llevan a la práctica a fin de que los grupos de derecha no decidan sobre el cuerpo de las mujeres.
 
Durante el proceso de redacción de la Carta Magna de la capital del país, esta agrupación ciudadana presentó ocho propuestas, entre ellas una para elevar a rango constitucional el derecho al aborto, propuesta que no quedó redactada de esa forma.
 
En el Artículo 11 de la Constitución capitalina se dice que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos”.
 
En opinión de la activista Esperanza Olguín Hernández, se utilizó un eufemismo para no reconocer el aborto, por lo que trabajarán intensamente para que el artículo se traduzca en una legislación secundaria que garantice a las mujeres su derecho a decidir sobre sus cuerpos.  
 
Aunque no se dio marcha atrás en los derechos de las mujeres, Olguín Hernández hizo un llamado a las y los asambleístas para que escuchen a la ciudadanía y no haya retrocesos en las leyes reglamentarias.
 
La agrupación consiguió que la Asamblea Constituyente retomara la propuesta de reconocer los derechos de las personas transexuales, transgénero y travesti, como parte de la población de la diversidad sexual, en el Artículo 16 sobre grupos de atención prioritaria.
 
También lograron la creación del Sistema Público de Cuidados, que quedó en el Artículo 14; el derecho al tiempo libre que se plasmó en el Artículo 18 y el reconocimiento del trabajo del hogar en el Artículo 15.
 
Entre quienes hicieron este pronunciamiento estuvieron Ana Flores Ceseña, Hazel Virgina Davenport Fentanés, Libia Edith Alonso Sánchez, Minerva Ramírez, Mónica Pedroza, Nancy Correa, Rosalinda Pimientel Bermúdez, Verónica Palafox Girón, Yazmín Pérez Haro, Yndira Sandoval Sánchez y Rosa María Cabrera Lotfe.
 
TRANSITORIOS
 
Los Artículos Transitorios de la Constitución Política establecen plazos para que, una vez publicada la ley fundamental, se expidan las leyes reglamentarias; por ejemplo, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, la ALDF deberá expedir las leyes relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México.
 
En la misma fecha se deberán expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad; mientras los ordenamientos que rigen a los organismos autónomos deberán estar listos a más tardar el 30 de abril de 2019.
 
En otros casos, las fechas límite son en tres años como la legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus trabajadores, que tiene que expedirse a más tardar el 31 de julio de 2020,  pero la totalidad del orden jurídico deberá estar armonizado en esta misma fecha.
 
Por lo pronto, se prevé que mañana la ALDF reciba en sesión solemne la Constitución Política capitalina y el acervo documental de la Asamblea Constituyente para iniciar el análisis y discusión de las leyes secundarias. Una de las prioridades será  la ley electoral que deberá estar lista a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral de 2018.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
   “Ganamos”, tiene “cimientos feministas”
Constitución de la CDMX, la mejor del país: Marcela Lagarde
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/02/2017

“Es la mejor Constitución del país y es mucho mejor en muchos aspectos que la Constitución federal vigente. Es extraordinaria, hay que leerla, entenderla, es una Constitución que tiene como eje los Derechos Humanos, es un nuevo paradigma”, asegura la antropóloga feminista y fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Marcela Lagarde y de los Ríos.
 
La Constitución Política de la Ciudad de México es la ley fundamental que necesitan las capitalinas porque tiene como eje los Derechos Humanos: los nombra, dice cómo acceder a ellos, los hace justiciables y establece mecanismos para realizarlos, afirma Lagarde y de los Ríos. 
 
Diputada externa por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la antropóloga Marcela Lagarde fue electa en junio de 2016 para integrar la Asamblea Constituyente y desde allí promover un texto constitucional que reconociera la autonomía y libertad de las mujeres que viven o transitan por la capital del país.
 
CIMIENTOS FEMINISTAS
 
En campaña como candidata por el PRD, Lagarde dijo que trabajaría para que el cimiento del texto constitucional fuera la filosofía feminista de los Derechos Humanos y que se reconocería que “las mujeres y los hombres nacen y viven libres e iguales entre sí”, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
 
Tras ser electa como diputada constituyente fue nombrada presidenta de la Comisión Carta de Derechos, el organismo parlamentario que recibió más iniciativas ciudadanas y de legisladores, y desde donde dirigió las sesiones parlamentarias para nutrir la Carta Magna de una visión humanista.
 
En diciembre, una vez que entregó el dictamen de la Comisión que presidió, declaró que la Carta Magna plantearía un nuevo modelo económico y social porque se había incluido el desarrollo sostenible y sustentable contrario a los modelos de depredación; los principios de solidaridad económica y social; y el concepto de ciudad productiva.
 
Ahora, al concluir el trabajo legislativo, este 30 de enero, y hacer una evaluación sobre este proceso, dice que todos los Derechos Humanos tienen un correlato en el modelo de desarrollo que impulsa esa Constitución; y un modelo económico y social que, asegura, es solidario.
 
Además rescata que esta Carta Magna, que regirá la capital a partir del 17 de diciembre de 2018 establece principios para un buen gobierno, la no corrupción y la participación de la sociedad civil con mecanismos como el referéndum y la revocación de mandato.
 
“GANAMOS”
 
La Constitución capitalina reconoce, garantiza y hace justiciable el derecho a la salud sexual, salud reproductiva; la creación de un sistema de cuidados para aligerar las cargas domésticas de las mujeres; derechos para trabajadores; la prevención, investigación y sanción de la violencia obstétrica; y la autonomía de niñas, niños y adolescentes, entre otros derechos.
 
“Ganamos”, expresa Marcela Lagarde, al señalar que en la Constituyente se enfrentó al interés soterrado de convertir a las mujeres en objeto con propuestas de legisladores y ciudadanos para “proteger la vida desde la concepción” o para incluir la “alienación parental”, término jurídico que se usa para argumentar que las mujeres que se separan de sus parejas incitan a sus hijas e hijos a odiar a sus padres.
 
Estos temas fueron desechados, pese a que la intención de “proteger la vida” generó dos debates: primero se intentó incluir en el Artículo 11 y después en el Artículo 14, cuando en la penúltima sesión el domingo 29 de enero el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, propuso incluir el término.
 
“Ese debate lo esperábamos, los sabíamos, dice Lagarde. No fue casualidad dejarlo al final, como el último debate de la Constitución. Hicimos una enorme presencia de las feministas de la Constituyente, aliadas, participamos juntas, en tribuna, en las mesas, en los dictámenes, en todo y ahí se sentía”.
 
Al final el documento no incluyó estos conceptos. “No pasó esta conversión de las mujeres en objeto y que nos afecta a todas aunque haya quienes dicen que sólo 3 de cada 5 viven violencia, las vivimos todas, de una forma u otra”, afirma.
   
“Ya lo sabía, lo he estudiado, ustedes me conocen, lo he vivido, pero ahora ha sido tan revelador que en esa frase –pequeña frase– hay una perversión para acotar a las mujeres como cosas en este mundo, enfrentadas a algo terrible: el producto de su sexualidad”.
 
La académica, reconocida como una de las más influyentes feministas de América Latina, concluye su experiencia en la Asamblea Constituyente, recordando que el 31 de enero al finalizar el trabajo parlamentario, mujeres de todos los partidos gritaron juntas “50-50, Ni más menos, paridad”. 
 
17/AGM/GGQ








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Derechos SyR, igualdad de salario, autodeterminación…
Constitución de la CDMX sí reconoce derechos de las mujeres
La constituyente Olga María del Carmen Sánchez Cordero en una sesión de la Asamblea | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017

Pese a la opacidad con que actuó la Asamblea Constituyente, y al embate de posiciones ultraconservadoras, el movimiento de mujeres alcanzó lo que parecía complicado: el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres en la primera Constitución Política de la Ciudad de México
 
Las feministas lograron que las y los diputados constituyentes incluyeran en la Carta Magna de la capital los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la igualdad de salario entre mujeres y hombres, un Sistema de Cuidados y el derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y voluntaria.
 
La Asamblea Constituyente llegó a los acuerdos casi en la recta final del plazo constitucional para concluir el texto, que se cumplía el 31 de enero.
 
Estos derechos por los que luchó durante décadas el movimiento de mujeres se enuncian en los artículos 8 al 17 de la nueva Constitución, así como en el 48 y el 57. 
 
OBSTÁCULOS
 
Estos artículos tuvieron una primera aprobación el 11 de diciembre, cuando la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente avaló su redacción. Sin embargo, constituyentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), presentaron reservas, por lo que tuvieron que llevarse al pleno.
 
MATERNIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA
 
Las reservas implicaron muchas horas para el desahogo porque, por un lado, se defendió el avance que ha logrado la Ciudad de México, más que ninguna otra entidad del país, en el reconocimiento de los derechos de la población femenina; y, por el otro, se intentó hacer retroceder esos logros e incluir en la Constitución posiciones alejadas del Estado laico y los derechos humanos.  
 
PAN, PRI, Verde y Encuentro Social intentaron modificar el Artículo 11 para incluir “la “protección de la vida desde la concepción”, lo que hubiera cancelado el derecho a la maternidad libre y voluntaria, como ha sucedido en 17 entidades, bajo la misma consigna, desde 2008.
 
A contracorriente, el 4 de enero, la Asamblea Constituyente finalmente protegió el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad al desechar esas propuestas, porque la autodeterminación personal implica también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), vigente desde 2007 en el Código Penal de la CDMX. 
 
PATICIPACIÓN POLÍTICA
 
La Carta Magna capitalina también incluye en su Artículo 12 la participación política paritaria, es decir la participación de igual número de mujeres y hombres. De esta manera, quedan claras las bases para que ley electoral no solo garantice la paridad, sino que que promueva la participación femenina en la política.
 
MADRES TRABAJADORAS
 
En el Artículo 13, que habla sobre educación, la nueva Constitución de la CDMX señala que las autoridades serán responsables de ampliar las jornadas escolares, de manera progresiva, hasta un máximo de ocho horas, en apoyo a las madres trabajadoras.
 
SISTEMA DE CUIDADOS
 
Y en el Artículo 14 la primera Constitución capitalina garantiza el derecho de las mujeres a que la entidad aplique un Sistema de Cuidados para atender a la niñez, adultos mayores o personadas con discapacidad que en general son cuidados por mujeres.
 
De acuerdo con la Reforma Política de la Ciudad de México, que decretó expedir una Carta Magna para la capital, una vez que esta sea aprobada y  expedida, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
 
17/AGM/LGL/GGQ
 








NACIONAL
   Discute reservas de artículos
Constituyente desecha propuesta para proteger la vida desde la concepción
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/01/2017

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México dio el último paso para garantizar en la Constitución Política capitalina el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad al desechar una vez más la propuesta de incluir el “derecho a la vida”.
 
La madrugada de este domingo 29 de enero se desechó la propuesta del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe Echartea, de modificar el artículo 14 del texto constitucional para incluir el derecho a la vida desde “el momento de la concepción y hasta la muerte natural”.
 
Con la propuesta, de nuevo el PAN –apoyado por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) – trató de introducir esa frase tal como lo hizo el 6 de enero cuando intentó que quedara en el artículo 11 constitucional.
 
Después de tres horas de discusión, la reserva al artículo 14 –apartado que incluye el derecho a la ciudad solidaria, al cuidado, alimentación, salud, nutrición, vivienda, agua y saneamiento– se desechó tal como sucedió en días pasados con la propuesta de modificar el artículo 11.
 
Al exponer sus argumentos a favor de la vida “desde la concepción” el diputado y presidente del PAN en la Ciudad de México, señaló que su partido se pronunciaba “por abrir el debate del derecho a la vida sin revivir viejos debates sobre la penalización de las mujeres que interrumpen su embarazo”.
 
Su exposición causó varias preguntas de diputadas y diputados que lo cuestionaron sobre su posición y es que no quedaba claro si la propuesta era incluir la palabra “vida digna” o “vida desde el momento de la concepción” al artículo que decía “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como la mejora continua de su existencia”.
 
A favor de esta reserva se pronunció el diputado abanderado por el PVEM y presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Amando Martínez Gómez, conocido por su rechazo al aborto y quien dijo que de no incluir en el texto constitucional dicho termino sería un “despropósito lógico-jurídico”.
 
El diputado constituyente fue apoyado por  Lizbeth Rosas, Armando Martínez y Hugo Erick Flores.
 
En tanto que la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, reconocida por promover la justicia con perspectiva de género y apoyar la despenalización del aborto en la capital del país hace una década, aclaró que este artículo regularía la calidad de vida de las personas y no podía quedar como un derecho absoluto.
 
Otras feministas de larga trayectoria que se pronunciaron en contra de la reserva fueron las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y Lol Kin Castañeda; de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gabriela Rodríguez Ramírez y Elvira Daniel Kabbaz; y de Movimiento Ciudadano (MC), Esthela Damián Peralta.
 
La constituyente y presidenta de la organización civil Afluentes, Gabriela Rodríguez, dijo que en esta discusión se estaba jugando la libertad y la vida de las mujeres porque en otros 18 estados donde sus constituciones locales protegen la “vida desde la concepción o fecundación” se encarcela a las mujeres por abortar.
 
Por su parte la académica y presidenta de la Comisión Carta de Derechos, Marcela Lagarde, expuso que en caso de modificar la redacción del artículo que establecía el derecho a la vida digna o de calidad y se introducía otro concepto se estaría desvirtuando la Constitución capitalina.
 
Finalmente de los 89 constituyentes presentes, 56 votaron a favor de incluir el término y 33 en contra pero al no alcanzar mayoría calificada de 60 votos a favor se eliminó la reserva del texto constitucional que deberá estar listo este 31 de enero.
 
17/AGM








NACIONAL
Derechos Sexuales y Reproductivos
   Medida de Trump se extenderá a OSC que atienden malaria y VIH
En riesgo, sostenibilidad económica de organizaciones de salud sexual y reproductiva
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/01/2017

Cualquier organización civil que atienda la salud –como prevenir la malaria, el zika o el VIH– y a la par haga acciones de planificación familiar, no podrá recibir fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y si lo hace deberá dejar de lado su trabajo en salud reproductiva de las mujeres.
 
Así lo advirtió la organización mexicana Balance, que promueve la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y quien expuso las consecuencias del decreto que el pasado 23 de enero firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reestablecer la Ley Mordaza (Global Gag Rule, por sus siglas en inglés).
 
En un comunicado la organización señaló que esta ley, también conocida como Política de la Ciudad de México (porque se dio a conocer en esta ciudad hace más de 30 años) fue instaurada por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan en 1984 para prohibir que ese país brinde ayude económica a cualquier organización civil que mencione, trabaje o preste servicios de aborto.
 
Balance aclaró que las restricciones en el uso de fondos de la USAD existen desde hace décadas y están contenidas en el Helms Amendment, que impide, desde 1973, que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero para realizar abortos.
 
Sin embargo el decreto que se firmó el lunes expande los alcances de la de 1984 a todos los fondos enfocados a salud en general. Es decir, que ahora las organizaciones que trabajan para eliminar la malaria, responder al VIH, atender la salud de la niñez, también deberán obedecer a la Ley Mordaza o no podrán recibir los recursos.
 
“Este cambio hará que la nueva versión de la política sea 15 veces más atroz que la de Reagan. Esta decisión es una manera de coartar las decisiones y autonomía de miles de mujeres, restringiendo el acceso a otros servicios de salud, así como el acceso a información y servicios de aborto seguro”, explicó la organización.
 
La Ley Mordaza, señala Balance, se usará para controlar la manera en la que las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de planificación familiar fuera de Estados Unidos utilizan sus fondos.
 
Ahora cualquier organización de salud que reciba fondos de la USAID será forzada a elegir entre promover, proveer y/o defender el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo o perder los recursos que obtienen para promover otros servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Lo más grave, alertó la agrupación mexicana, es que las organizaciones que tienen financiamiento de la USAID para temas de salud y que han conseguido recursos de otras fuentes de financiamiento para trabajar en el tema de aborto, deberán dejar de promover la interrupción voluntaria del embarazo para continuar recibiendo recursos de Estados Unidos.
 
Esa es la razón del riesgo de la sostenibilidad económica de organizaciones que brindan vacunas, mosquiteros para reducir el riesgo de malaria y zika, que tienen programas para mejorar la salud durante el embarazo, métodos anticonceptivos, que brindan atención médica para personas que viven con VIH o que generan estrategias con el gobierno para reducir la mortalidad y morbilidad durante el embarazo, parto y puerperio, entre otras.
 
Esta orden ejecutiva de Trump –anunciada a un día de que cientos de mujeres latinas, afroamericanas, musulmanas y estadounidenses salieran a las calles a protestar por las políticas racistas, antinmigrantes y sexistas del mandatario– arriesgará la sostenibilidad de organizaciones civiles de otros países, sin importar el estatus legal del aborto en cada Estado.
 
Así los servicios que brindan organizaciones en todo el mundo para apoyar las acciones de sus gobiernos en países en desarrollo para mejorar las condiciones de salud están en riesgo.
 
“Esta es una muestra de que el colonialismo sigue vigente y que los países desarrollados de manera frontal y directa amenazan la soberanía de los países en desarrollo. Las consecuencias reales en la vida de las personas no se toman en cuenta. Tenemos que analizar y hacer visible la gran dependencia de muchos países al financiamiento de Estados Unidos”, expuso Balance. 
 
La agrupación también aseguró que cortar los recursos para aborto –tema considerado un problema por el gobierno estadounidense– sólo orilla a las mujeres a buscar abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud.
 
17/AGM
 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Recaban firmas
Se solidarizan con Planned Parenthood
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 27/01/2017

La decisión de Trump de retirar los fondos federales a las ONG internacionales que realicen abortos u ofrezcan información sobre esta posibilidad ha tenido una respuesta inmediata: la recogida de firmas en solidaridad con Planned Parenthood.
 
La presidenta de las Afiliadas de Planned Parenthood de California, Kathy Kneer, anunció hace unos meses que en las semanas y meses siguientes esperan estar bajo ataque en varios frentes por la administración del presidente Donald Trump. “Será más importante que nunca permanecer juntos para asegurar que las puertas de Planned Parenthood permanezcan abiertas y que nuestros centros de salud continúen con el cuidado a las comunidades que más lo necesitan, mujeres de bajos ingresos, inmigrantes, gente de las minorías, la comunidad LGBT y más”.
 
En cada gobierno conservador se han opuesto a Planned Parenthood debido a que, dentro del cuidado de salud para mujeres, proveen servicios de aborto.
 
La organización proporciona otros programas de gran ayuda a la mujeres, como son contracepción y cuidado reproductivo, exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual y tratamientos, cuidado prenatal y primario así como miles de exámenes de cáncer a más de 850 mil californianas.
 
Planned Parenthood recibe alrededor de 500 millones de dólares en subsidios federales y reembolsos de Medicaid.
 
*Este artículo fue retomado del portal feminista Tribuna Feminista
 
17/RED








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