aborto

NACIONAL
SALUD
   Movimiento Laico Nacional pide aprobar iniciativa de EPN
Llaman a legisladores a respetar Estado laico
El Movimiento Laico Nacional realizó conferencia de prensa para presentar documento contra iniciativa provida | CIMACFoto: Gema Villela Valenzuela
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/09/2016

El Movimiento Laico Nacional llamó a las y los legisladores a rechazar la iniciativa Provida impulsada por el Partido Encuentro Social (PES), que pretende modificar el artículo 4 constitucional para “proteger la vida desde la fecundación” e imponer un solo modelo de familia, ya que advirtieron, atenta contra el Estado laico.
 
En conferencia de prensa las representantes de las agrupaciones civiles que conforman el Movimiento Laico Nacional exhortaron a su vez al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa de Enrique Peña Nieto para legalizar el matrimonio igualitario y que legislen “ajenos a preceptos religiosos”.
 
También informaron que entregarán a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Nereida Plascencia Pacheco, un documento en el que argumentan el por qué la iniciativa presentada por la diputada del PES Norma Edith Martínez Guzmán, no debe ser aprobada.
 
Indicaron que la pretendida modificación al Artículo 4 de la Constitución Federal vulnera los “derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al seguir definiéndolas como seres destinados a la reproducción”.
 
Como ejemplo mencionaron que la legislación de la Ciudad de México es la más avanzada por establecer el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), hasta la semana 12 de gestación y que la Constitución Política del país debe responder al respeto de los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Recordaron que el derecho al aborto es reconocido por el Comité de los Derechos Humanos de la ONU y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) por lo cual recomendó al Estado Mexicano armonizar sus leyes federales y estatales relativas al aborto.
 
Argumentan también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que “el embrión no es persona y por lo tanto no es titular del derecho a la vida” y que la protección de la vida sólo es realizable a través del “respeto, protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres” en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica.
 
Sobre el principio de laicidad, sostiene que el Artículo 40 de la Constitución Mexicana es muy claro al establecer que es “voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal”.
 
En cuanto a los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, dijeron que establecer un modelo único de familia y definir la figura del matrimonio como “heterosexual”, contraviene a la Jurisprudencia emitida en el 2015, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde declara como “inconstitucionales” los códigos civiles de los estados donde el matrimonio es entendido como la unión  entre un hombre y una mujer, que tiene como finalidad la procreación.
 
Finalmente el Movimiento Laico Nacional llamó a la ciudadanía a que “en este contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos en el país defienda los derechos ganados y las libertades reconocidas en las leyes que promueven el bienestar colectivo y la convivencia pacífica en la pluralidad”.
 
En la rueda de prensa estuvieron María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir; Adriana Luna Parra, de Las Constituyentes; Patricia Bedolla, del Comité de Diversidad Sexual de Morelos; y María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
 
16/GVV/LGL








EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   En Diálogo
Dilación de AVG una violación a la LGAMVLV
Ni una asesinada más | Foto: Silvia Núñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 20/09/2016

Las acciones de emergencia y de coordinación para decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) se demoran por un proceso de “chance” a los gobiernos estatales para que atiendan lo que en 9 años han dejado de lado: política pública y presupuestos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
 
En un encuentro de los organismos de la sociedad civil promotores y solicitantes de las Alertas en 20 entidades de la República con el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizado el 5 de agosto en Guadalajara, se coincidió en que más que atender a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se ha dedicado a administrar procesos que postergan la demanda de las Alertas.
 
En dicho encuentro y en razón de la serie de cuestionamientos y propuestas, se acordó por unanimidad, abrir el diálogo sobre las Alertas con el Ejecutivo Federal a través de una solicitud que haría la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SNPASEVIM); seguimos a la espera de respuesta.
 
La LGAMVLV señala claramente en su artículo 24 que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
 
Los tres preceptos se cumplen en el caso de Cajeme, Sonora, pero también se cumplen en el resto del país. Se posterga 6 meses más después de 15 meses y 24 días que han transcurrido desde que fue solicitada por la Red Feminista Sonorense. Y en vez de instrumentar las acciones de emergencia y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Estatal lanza una campaña perniciosa “Sonora libre de Alerta”.
 
A ello se suma el hecho de que México pospuso la presentación de su informe- la cual debió ser en junio pasado- al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a 2018.
 
En ese informe, el Estado mexicano debió informar sobre las acciones que implementó a raíz de las recomendaciones hechas por el mismo Comité en 2012 referentes a la violencia y a la AVG como lo que establece el numeral 14 y que tiene que ver con la Armonización Legislativa y derogación de leyes discriminatorias.
 
El numeral 16 que se refiere a la Aplicación y cumplimiento con la Ley General de Acceso y el mecanismo de Alerta de Género; el 18 que tiene que ver con la Actuación ante Desapariciones de mujeres y niñas; el  21 que hace recomendaciones sobre la trata de personas, el numeral 33 sobre la actuación ante el aborto y aplicación de la NOM-046.
 
Es evidente que la actuación de la Secretaría de Gobernación –Conavim- y el Gobierno federal, ha inhibido la aplicación de la Ley y desatendido a CEDAW.
 
*Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense.
16/LBO/LGL








OPINIÓN
Aborto
   DESENREDO
Debate necesario
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 13/09/2016

Urge el intercambio de ideas ecuánime, en lugar de repetir esquemas de la Inquisición.
 
La problemática social que existe en Guatemala a raíz del elevado número de embarazos no deseados que ocurre, plantea la necesidad de reflexionar acerca del aborto. Piensen por un lado en el hombre que fue condenado recientemente en Quiché por abusar sexualmente de sus dos nietas (una de 14 y otra de 10, la primera tuvo un hijo), sin duda que él merece una sentencia, pero y ellas… cómo será posible que tengan una reparación digna.
 
Por otro, nadie puede negar que en este país las interrupciones de embarazos se realizan todos los días, mujeres de todos los estratos sociales recurren a esta respuesta; obviamente quienes son pobres enfrentan los mayores peligros.
 
Según el Ministerio de Salud y Seguridad Social de Guatemala, en 2015 registró 4 mil 431 embarazos en mujeres de 10 a 14 años de edad, los que de acuerdo al ordenamiento legal de este país fueron producto de violaciones sexuales.
 
Después de ver un programa televisivo que condena el aborto, imposible dejar de señalar que si bien cualquier medio puede sumarse a esa posición porque ello está respaldado por la libertad de expresión, es anti-ético recurrir a la mentira como argumento o a los recursos amarillistas para ganar adeptos. Si pretenden desalentar a quienes recurren al aborto mediante ese tipo de mensajes, lo que hacen es replicar las prácticas de aquellos retrógradas que condenaron a la hoguera a personas que pensaban diferente.
 
Hay que utilizar los medios para dar a conocer diferentes opiniones para que el público usuario tenga elementos para tomar sus propias decisiones. En nada contribuye al libre intercambio de ideas cuando se asegura de manera tajante que quienes interrumpen el embarazo irremediablemente tendrán secuelas nefastas o ignorar que esa práctica es legal en otros países, donde se efectúa de manera segura ya que los Estados proporcionan los servicios de salud necesarios.
Con la idea de contribuir al debate, vale conocer lo dicho por la antropóloga mexicana, Marta Lamas, quien explica que el aborto es una respuesta universal ante un embarazo no deseado, y distingue tres causas: a)  fallas de los métodos anticonceptivos; b) las que tienen que ver con carencias sociales; c) las que se relacionan con la condición humana: irresponsabilidad, “descuidos” y violaciones sexuales.
 
Asegura que si una mujer aborta no afecta los derechos de nadie, “los derechos de una mujer nacida no son equiparables con los derechos de un embrión (y esto no quiere decir que los embriones no deban ser protegidos cuando las mujeres quieran llevar a término un embarazo, sino eso: que no son equiparables).”
 
Al hablar del tema es evidente que aumenta la masa crítica que defiende la libertad y la importancia de los derechos, ya que quienes consideran válido el aborto NO pretenden que sea una obligación para nadie, por ello reclaman que quienes están en contra, tampoco quieran imponer sus creencias. El aborto es un tema polémico que requiere reflexiones colectivas con ecuanimidad y respeto, igual hay otras problemáticas como la anticoncepción, la violencia obstétrica, la mortalidad materna. Se bienvenido el Foro Parlamentario de Mujeres, presidido por la diputada feminista Sandra Morán, quien seguramente promoverá el debate entre mujeres que piensan diferente sobre los aspectos mencionados.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
16/RHA/LGL
 








NACIONAL
SALUD
   42 por ciento de aseguradas falleció por causas ligadas a la maternidad
Contar con Seguridad Social no garantiza reducción de Muerte Materna
Foto: Asociación Mexicana de Partería
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/09/2016

En México, durante 2014, casi 40 por ciento de las mujeres que fallecieron por alguna causa de muerte materna tenían escolaridad básica incompleta y 10.4 no tenía escolaridad, es decir que eran analfabetas y además vivía en condiciones de pobreza, señaló la investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Guadalupe Ramírez Rojas.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la experta advirtió que el hecho de que las mujeres cuenten con seguridad social y servicios de salud, no asegura que tengan una buena atención y orientación médica para ayudar a reducir el riesgo de Muerte Materna (MM) ya que en 2014,  un 42 por ciento de embarazadas que contaba con seguridad social, falleció por causas ligadas a la maternidad.
 
En 2014, la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 38.9 fallecimientos, por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo plazo venció en 2015, era de 22.
 
Ramírez Rojas dijo a Cimacnoticias que para lograr el nuevo compromiso establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a reducción de MM, es necesario incrementar el acceso a la educación y generar más empleos para las mujeres ya que quienes fallecen por esta causa, siguen siendo las mujeres en condición de pobreza.
 
La investigadora añadió que 10 por ciento de las mujeres que fallecieron ese mismo año, eran hablantes de alguna lengua indígena pero aún las que son bilingües, no comprenden totalmente el idioma español, por lo que recomendó que este dato debería ser tomado en cuenta por el personal del sector salud a la hora de brindar atención y asesoría médica.
 
Agregó que 42 por ciento de las defunciones registradas en 2014, fueron por causas directas de muerte materna; de ellas, la causa principal fue hipertensión durante el embarazo con un 20 por ciento y las hemorragias durante en el puerperio (etapa después del parto que dura hasta 40 días) representan un 14.3 por ciento de las causas directas de los decesos.
 
El aborto es la tercera causa directa de muerte materna con un 9.2 por ciento.
 
Las causas de muerte materna indirecta, que son aquellas enfermedades crónicas que padecían las mujeres antes de embarazarse, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, lupus y otros padecimientos, representaron un 31 por ciento.
 
Por lo anterior, las mujeres que tienen una enfermedad crónica deben recibir una mejor orientación por parte del personal de salud, para que les expliquen los riesgos que representa un embarazo para su salud.
 
De acuerdo con datos del OMM, 43.3 por ciento de las mujeres acudió durante el primer trimestre de su embarazo al control prenatal, de ellas un 22.6 por ciento tuvo entre 3 a 5 consultas prenatales y el 30 por ciento tuvo más de 5 consultas. De manera que las mujeres sí cuentan con información sobre la importancia de acudir a consultas médicas durante el embarazo, precisó Ramírez Rojas.
 
La investigadora agregó que 72 por ciento fue atendida durante el parto en un servicio de salud, 42 por ciento se atendió en un hospital o clínica de salud y sólo un 5.2 por ciento tuvo su parto en el hogar con atención de parteras.
 
16/GVV/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
Dónde están las Buenas Noticias
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2016

Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
 
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres crecen y crecen. Y son tan graves, que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
 
En un pincelazo hecho por varias organizaciones el pasado 24 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” -que se realizó del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-
las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
 
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66 por ciento del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas del funcionariado que busca cuidar las espaldas a su gobernador.
 
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
 
En Chiapas, por ejemplo,  12 por ciento de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa, durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres sino de la saña con la cual se les asesina; por ejemplo, en Guerrero, donde las mujeres están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
 
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres; situación que se ha visto agravada en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para el 2018.
 
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016; de acuerdo con investigaciones hechas por la doctora Lourdes Enriquez, en 8 años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco -que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no- pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
 
De estas 600 mujeres en reclusión, 60 por ciento fueron juzgadas por aborto y de ellas, 40 por ciento bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo cual implica una aberración jurídica, explicó Enriquez.
 
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la ausencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el ejecutivo federal para los próximos 2 años.
 
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que mandata nuestra Constitución.
 
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
 
16/LLH/LGL








INTERNACIONAL
   Informe Sombra sobre Belém do Pará
Chile: leyes deficientes e insuficientes para proteger derechos de las mujeres
Imagen retomada del sitio insmujer.cl
Por: Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
Cimacnoticias/SEMlac | Santiago, Chile.- 24/08/2016

“El Estado violenta cuando no permite interrumpir el embarazo de una niña producto de una violación”, señaló Gloria Leal, directora Ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer, al referirse a los embarazados forzados de niñas ante la prohibición total del aborto en el país.
 
Esa es una violencia institucional que atenta contra los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Chile en el marco de la entrega del Primer Informe Sombra de Chile para el seguimiento que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará”.
 
Este fue uno de los temas a los que se refirieron 11 organizaciones feministas y de mujeres: la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, el Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC), el Colectivo contra la Violencia Gineco-Obstétrica, la ONG Raíces, la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, Corporación humanas, Corporación MILES Chile, y la Casa de Memoria José Domingo Cañas; coordinadas por la Fundación Instituto de la Mujer en el informe señalado.
 
El texto fue enviado al Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de esta Convención MESECVI, que fue firmada en Chile en 1994, ratificada en 1996 y que además ha sido ratificada por 32 de los 34 países miembros de la OEA; sin embargo, no es cumplida fielmente por Chile.
 
LEY, DEFICIENTE E INSUFICIENTE
 
“La actual ley chilena contra la violencia intrafamiliar en su Artículo 1 plantea que la ley tiene como objeto prevenir, sancionar, erradicar y otorgar protección a la víctima, pero desde un enfoque familiarista, deficiencia que -aún a 11 años de la Ley de Violencia Intrafamiliar- no incorpora los distintos tipos de violencia que vivimos las mujeres, ni a la diversidad de mujeres, y mucho menos los distintos espacios donde se vive, puesto que solo se refiere al mundo del hogar”, señaló a SEMlac la Directora Ejecutiva del Instituto de la Mujer.
 
Leal Suazo agregó que “falta incorporar el espacio público como la calle, los medios de transportes, el trabajo, e incluso la violencia ejercida por los medios de comunicación que cada día naturalizan la violencia con sus prácticas y publicidad sexista”.
 
El informe denuncia múltiples violencias que no son enfrentadas eficientemente por parte del Estado y hace referencia a las mujeres privadas de libertad, a las lesbianas, trabajadoras sexuales, niñas, las estudiantes, mujeres mapuche, entre otras. Entiende la violencia contra las mujeres y niñas como una cuestión que sucede en los ámbitos público y privado y en sus distintas formas, complejidad no contemplada en la legislación chilena.
 
Herminda González, presidenta de la Fundación Margen, indicó a SEMlac que “para nosotras es muy importante participar de este Primer Informe Sombra de la Convención Belém do Pará, pues nos da la posibilidad de denunciar todos los abusos y la violencia institucional que vivimos las trabajadoras sexuales; para que se nos reconozca que somos mujeres, que existimos en este territorio y que no tenemos que ser violentadas”.
 
Añadió que es relevante “contar al mundo la represión policial que vivimos el día a día con las compañeras, cuando los policías abusan de su autoridad y se llevan a compañeras a las comisarías y las hacen desnudarse, o en los servicios de salud pública, donde las compañeras son atendidas para su control de salud sexual siendo mal atendidas”.
 
 LEYES IGNORAN TIPOS DE VIOLENCIA
 
Además de la criminalización de los abortos en Chile, el informe denuncia la inexistencia de legislación respecto de la violencia gineco-obstétrica o el acoso callejero; así como de regulaciones actuales para la criminalización de la protesta social con abusos por parte de la fuerza pública, de la que han sido víctimas estudiantes y mujeres e infancia mapuche, expuestas a torturas por parte de la policía, como desnudos forzados y humillaciones en las comisarías.
 
La sociedad conyugal contempla que el varón, por defecto, es el administrador de todos los bienes del matrimonio, incluidos los que la mujer herede; y dentro de la ley de violencia intrafamiliar no está contemplada la que viven las lesbianas por parte de parejas mujeres, denunciaron.
 
Tampoco existen estadísticas respecto de los femicidios/feminicidios totales, puesto que solo se contabilizan los que caben en la ley, o sea, aquellos íntimos y perpetrados a mujeres mayores de edad; ni se lleva conteo de femicidios/feminicidios frustrados, cuestión relevante si se quiere comprender la magnitud que alcanza la violencia extrema en el país.
 
Para Gloria Leal, “Chile sigue en deuda con las mujeres, los poderes del Estado legislan leyes, pero estas carecen de presupuesto adecuado para cubrir todas las necesidades de las mujeres que viven violencia, no existen programas de reparación, incluso el Estado no protege a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas y muchas veces le entrega la tuición al padre femicida/feminicida.
 
“O cuando no hay una familia detrás, niñas y niños llegan a desprotección de SENAME”, dijo y señaló que lo que se requiere es “una política pública integral que contemple prevención, atención, protección y reparación, pero con recursos estables y programas realmente adecuados para las mujeres, y que el Estado les asegure a vivir una vida libre de violencia.
 
“Cuando el Estado no entrega lo necesario está violando los derechos humanos de las mujeres y las niñas de este país”, indicó.
 
16/TVA/GGQ








NACIONAL
Interrupción Legal del Embarazo en México
   Familia del padre se opone
Miriam, presa 9 años sin pruebas, enfrenta nuevo proceso para ver a su hijo
Archivo CIMACFoto
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/08/2016

Miriam, recién liberada tras nueve años de cárcel acusada sin pruebas de homicidio por un parto fortuito que causó la muerte del feto, enfrenta un nuevo proceso jurídico, ahora de tipo civil, para que la dejen convivir con su hijo de 10 años, a quien no ve desde su prisión.   
 
En 2008, Miriam tenía 26 años, vivía con su pareja y con el hijo de ambos, de 2 años de edad. Era, dice a Cimacnoticias esta mujer guerrerense,  “reservada”, se dedicaba al trabajo en el hogar y  prefería mantenerse en silencio cuando se presentaba algún problema o alguna situación en contra.
 
El 25 de noviembre de ese año, tuvo un accidente, una caída en el interior de su casa que la desmayó y la provocó un “parto fortuito”, en el que murió el feto, de siete meses de gestación, y a ella le causó  una hemorragia posparto.
 
Su pareja la llevó al hospital y el médico que atendió a Miriam pidió a sus familiares que le llevaran el cadáver del producto, tras lo cual reportó a la policía la comisión de un delito. Ese mismo día, agentes la sacaron del hospital, para llevarla ante el Ministerio Público. “No era un interrogatorio, ellos me decían: fuiste tú. Lo hicieron con violencia. Y luego en los separos los policías me esposaron y delante de mi hacían sus necesidades”, relata Miriam.
 
Debido a que su salud era delicada, la regresaron al hospital y al día siguiente la trasladaron a los separos, de donde fue llevada al Penal de Las Cruces en Acapulco la madrugada del 28 de noviembre. “Me dolía mucho el cuerpo, la nuca y las caderas. Los médicos del hospital habían dicho que debía tomar medicamentos (para el dolor y para evitar infección), pero en el penal no había atención médica ni medicinas”, recuerda Miriam.
 
Su madre y su hermana consiguieron medicinas. Su madre buscó apoyo legal. El primer abogado “solo nos quitó el dinero, se dejaba manipular por el Ministerio Público”. Acusada de homicidio, enfrentó un juicio que, con irregularidades, duró cuatro años y fue sentenciada a 20 años de prisión por homicidio.  
 
Durante su encierro, Miriam recibió las visitas de su madre y hermana, pero a su hijo ya no lo volvió a ver, porque se quedó a vivir con el padre y éste dejó de visitarla en la cárcel. Al principio la madre de Miriam visitaba al niño los fines de semana, hasta que el padre y su familia le negaron el contacto con su nieto.
 
En 2015, la asociación civil Asilegal conoció el caso, pidió revisión de sentencia, ya que no había pruebas del delito y fue además víctima de violencia institucional y de violencia obstétrica, al ser vulnerado su derecho a atención médica.  
 
Dentro del penal, Miriam vivió la rutina carcelaria, pases de lista y vigilancia continua, y trató de rehacer su vida. Tuvo así un tercer embarazo y nació su segundo hijo. “Fue difícil porque, si no hay médicos y medicinas para las reclusas, menos para los niños”, dice. 
 
El pasado 16 de agosto, un juzgado le dictó sentencia de libertad y ordenó la reparación de daños para Miriam, al reconocer que no había pruebas suficientes de que haya cometido el delito. Regresó así a la casa de su madre, con su segundo hijo de 5 años de edad.
 
Ahora quiere recuperar a su hijo de 10 años y esa es su motivación para continuar con el juicio civil para lograrlo. “Lo tomo por buen plan, antes era una persona muy callada, no peleaba, pero estar ahí te hacer crecer, te haces más ágil de pensamiento y te empiezas a defender”, dijo.
 
Mientras tanto, Miriam espera que en los próximos días el Ministerio Público no apele la sentencia de absolución, con lo cual se le reparará el daño y le permitirá continuar en su empeño por reintegrarse a la vida de su primer hijo. 
 
16/GVV/GGQ








OPINIÓN
Interrupción Legal del Embarazo en México
   MUJER SONORA
El efecto Citlali
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 23/08/2016

No ha pasado ni un mes de que explotó el caso Citlali, la niña de 13 años de edad que tuvo un embarazo producto de una violación sexual, y ya se expandió por el mundo. Tuvo su origen en el poblado Miguel Alemán, comisaría perteneciente al municipio de Hermosillo, Sonora.
 
Territorio de migrantes, mayormente indígenas de diversas etnias. Unos vienen a las pizcas, terminan y se van. Otros encuentran en ese poblado un hogar que los acoge para ser jornaleros agrícolas en forma permanente o en algún otro oficio que les dé para vivir, asentados en un solo lugar, dejando un tiempo su vida nómada en busca siempre del sustento a través de la movilidad.
 
Ahí nació Citlali, así la bautizamos cuando hicimos la primera nota en donde dábamos a conocer que en Sonora una niña de 13 años fue agredida sexualmente por un compañero de su padre y que, como producto, tuvo un embarazo forzado.
 
Denunció el mismo día del ataque, pero el Ministerio Público nunca le informó que, si así lo decidía ella, podrían suministrarle la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.
 
Tampoco le informaron de la profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual (ITS). Todo está ordenado por la NOM-046, normatividad que establece quiénes son los responsables de cumplir la ley, incluido el personal médico que la atienda por la violencia sexual que sufrió.
 
Como nada de eso sucedió, no se aplicó la NOM-046, ni se siguió el protocolo de investigación de delitos contra la libertad y seguridad de las personas, vigente en Sonora desde el 16 de mayo de 2016.
 
Citlali presentó un embarazo producto de la violación, y entonces su lucha fue por lograr interrumpir el embarazo, y para que tuviera una sanción ejemplar al agresor.
 
NORMA BAJO OBSERVACIÓN

La noche del lunes 15 de agosto la pesadilla se presentó para otra joven. Fue en la colonia Las Quintas de Hermosillo en donde una adolescente de 16 años caminaba cuando fue atacada por un hombre que la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente para violarla.
 
La jovencita fue auxiliada por la gente que presenció su situación al verla tirada y semidesnuda, llamaron a los servicios de emergencia por lo que fue atendida de inmediato.
 
La directora del Hospital Infantil de Sonora siguió el protocolo que dicta la NOM-046 suministrando la PAE y los medicamentos correspondientes para evitar ITS.
 
Estos son los únicos casos que han requerido la necesaria aplicación de la NOM-046, pero son de los que nos hemos dado cuenta porque son tratados en los medios de comunicación, gracias a la denuncia pública de las propias víctimas.
 
El impacto del caso Citlali logró que, al sentirse observados, los operadores de justicia, así como los prestadores de servicios de salud, hayan tenido más cuidado en cumplir su responsabilidad. Pero no siempre fue así.
 
ANTES DE LA NOM-046
 
En enero de 2003, una situación similar ocupó planas recurrentes en algunos medios. Se trataba de una niña de diez años de edad, con ocho semanas de embarazo producto de una violación. Era una niña residente de Nogales, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, que se ubica a 275 kilómetros de Hermosillo.
 
En esa ocasión los medios le daban seguimiento con titulares como: “Niña violada no puede abortar”, lo cual sustentaban con entrevistas a funcionarios y funcionarias que argumentaban que la interrupción del embarazo era un delito y que no había forma de cumplir con la causal no punible del Código Penal de Sonora, pues no estaban reglamentadas las causales no punibles.
 
La NOM-046 no existía en el universo jurídico argumentativo de quienes exponían, de acuerdo con nuestra legislación, la imposibilidad de practicarle el aborto a la niña.
 
Dos días después de ese titular vino otro: “Aborta niña violada, lo inmaduro de su cuerpo no soportó el producto”. Se produjo un aborto natural, una expulsión del embrión por el propio organismo de la niña. Una especie de alivio llegó a quienes daban seguimiento al caso, pues la injusticia en el ejercicio de derechos de la víctima, se había resuelto de forma natural.
 
DE PAULINA AL EFECTO CITLALI
 
En los casos más recientes, el de Citlali y el de la adolescente de Las Quintas en 2016 permitieron que, de un mes a otro, el cumplimiento de la norma se haya hecho presente sin restricciones.
 
El personal médico se apresuró a seguir los mandatos legales para proteger a la víctima de una segunda violencia como lo es un embarazo forzado, considerado como tortura, de acuerdo al Comité contra la Tortura de la ONU, que fundamenta así que se pueda prestar el servicio de aborto a la petición de la niña de Cananea en 2014, aunado a la Ley General de Víctimas y la propia NOM 046.
 
Sin duda es el efecto Citlali el que destapó la inoperatividad de la NOM-046, no obstante que la Secretaría de Salud haya reportado que casi en su totalidad el personal de salud del estado de Sonora estaba capacitado en la normatividad.
 
Citlali ya trascendió, mientras espera con su familia justicia por la agresión de que fue objeto en mayo pasado.
 
Paulina en 1999 y Citlali en 2016, ambas de trece años, las dos de origen indígena, pobres, mujeres,  niñas, han dejado un legado. Con su dolor han construido un marco legal: novedoso cuando ocurrió la agresión a Paulina; existente, pero inoperante cuando violentaron a Citlali.
 
Sin embargo, ambas han contribuido a que las y los responsables de aplicar la NOM 046, y quienes con su trabajo acercan la justicia a las víctimas, sean más cuidadosos en cumplir con las disposiciones a las que están obligados.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/GGQ








NACIONAL
Interrupción Legal del Embarazo en México
   Presentaron “Realidades y falacias en torno al aborto”
Código Penal de la CDMX, guía para homologar causales de ILE en el país
Aspecto de la presentación del libro “Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos” en el Colmex | Foto retomada de Twitter: @elcolmex
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/08/2016

Todos los estados del país deben homologar las causales que permiten el aborto, tomando como ejemplo el Código Penal de la Ciudad de México, que lo despenaliza hasta las 12 semanas de gestación, con el fin de que ya no se criminalice a las mujeres que interrumpen un embarazo por diversas circunstancias.  
 
Así lo propuso Susana Lerner, maestra en Demografía por El Colegio de México (Colmex) y autora, junto con Agnés Guillaume y Lucía Melgar del libro “Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos”, editado por El Colmex y presentado ayer en esa casa de estudios. 
 
La también socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que la tasa anual de abortos en México es de 35 mil aproximadamente, por cada mil mujeres, en contraste con lo que ocurre en países considerados desarrollados, que tienen una tasa por debajo de 20 mil, según datos oficiales.
 
Dijo también que, más allá de las cifras, preocupa la realidad que viven las mujeres en nuestro país, porque, si bien en las 32 entidades federativas se permite la interrupción legal del embarazo, cada estado reconoce diferentes causales y son también diversos los obstáculos que enfrentan las mujeres para hacer efectivos sus derechos.    
 
Entre estos obstáculos está la resistencia del personal médico y de los agentes del Ministerio Público a cumplir con la ley, por desconocimiento de la norma o incluso bajo el argumento de la objeción de conciencia. Y muchas veces son los propios médicos y autoridades judiciales quienes acusan a las mujeres de cometer el delito.
 
INNECESARIO ENCARCELAR MUJERES
 
Al respecto, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero --quien comentó el libro junto con el doctor Arnoldo Kraus, especialista en bioética, la senadora Marta Tagle, la investigadora Ivone Szasz y la directora de El Colmex, Silvia Guiorguli-- afirmó que no es razonable y es innecesario encarcelar a una mujer que se ve obligada a tomar la decisión de interrumpir un embarazo.
 
La legisladora Marta Tagle informó que las restricciones que existen para la interrupción del embarazo tienen a 679 mujeres en prisión, acusadas por homicidio agravado en razón de parentesco, por lo que podrían pasar más de 30 años en prisión, aunque se trate de casos donde las mujeres viven en pobreza o en los que ni siquiera haya sido un aborto inducido.  
 
De acuerdo con los códigos penales estatales, la causal legal que existe en todos los estados del país es que el embarazo sea consecuencia de una violación sexual. 
 
Otras causales que se consideran son: cuando hay riesgo grave para la vida de la mujer, permitida en 24 estados; alteración genética en el producto, válida en 16 estados; inseminación artificial no consentida, en 13 entidades, y situación económica, en dos.
 
De ahí la propuesta de homologar las causales de aborto en toda la República, tomando como ejemplo el Código Penal de la capital del país, calificado como “de avanzada” por la ministra en retiro Sánchez Cordero. 
 
Tagle advirtió que desde 2008 en 17 entidades del país se han aprobado normas contra la interrupción legal del embarazo, bajo el argumento de la protección a la vida desde “la concepción”, siendo Veracruz el caso más reciente. Y todo esto, dijo Sánchez Cordero, dentro de una “embestida de las iglesias”.

EL LIBRO
 
“Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos”, escrito por  Susana Lerner, Agnés Guillaume y Lucía Melgar y editado por El Colmex, analiza los argumentos que se dieron durante las audiencias públicas convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de la aprobación, en 2007, de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y de la acción de inconstitucionalidad que se promovió contra ésta. 
 
Su objetivo, señalan las autoras, es contribuir a una reflexión rigurosa y fundamentada acerca de esta compleja cuestión, desde la perspectiva del derecho a la salud y los derechos humanos, en el contexto de la política de población en México y de las evidencias científicas acerca del impacto de los marcos jurídicos en la salud y bienestar de las mujeres.
 
16/GVV/GGQ








INTERNACIONAL
Aborto
   La Corte tucumana argentina revisará el caso
Liberan a Belén, acusada de homicidio tras sufrir aborto espontáneo
Foto: Archivo La Gaceta
Por: Milva Benítez y Josefina López Mac Kenzie, corresponsales
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg.- 17/08/2016

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, en Argentina, ordenó la libertad de “Belén”, la joven de 27 años de edad encarcelada desde hace dos años y medio por un aborto espontáneo, juzgada y condenada a ocho años de prisión por el delito de homicidio agravado. 
 
El diario tucumano La Gaceta informó que este 16 de agosto el máximo tribunal de esa provincia ordenó la libertad y determinó que el expediente del caso vuelva a la Sala III de la Cámara Penal (tribunal que en marzo pasado dictó el fallo condenatorio), para que instrumente “la liberación efectiva de Belén”.
 
Con el fallo, firmado por los vocales de la Corte Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, sólo se revocó la prisión preventiva pero Belén –nombre ficticio para resguardar su privacidad– continúa el proceso en su contra, por lo que en próxima fecha la Corte decidirá si es culpable o no de homicidio. 
 
La Corte tucumana tenía en revisión la condena de Belén, que se encontraba en apelación porque, mientras los jueces aseguraron que dio a luz en un baño de un hospital y “asesinó” al feto, quienes lucharon por su libertad sostienen que se trató de un aborto espontáneo.
 
De acuerdo con  la iniciativa Innocence Project Argentina, las autoridades sanitarias alegan que, el 21 de marzo de 2014, Belén ingresó al Hospital Avellaneda por padecer cólicos renales y diarrea, y una hora más tarde fue al baño, donde dio a luz. Sin embargo, para esta agrupación no hubo peritajes que comprobaran esos dichos.
 
JUICIO MAL ENFOCADO
 
En una entrevista reciente, la diputada nacional Soledad Sosa dijo a Cimacnoticias que esperaba la libertad de la joven, aunque advirtió que el caso se estaba analizando desde el punto de vista criminal y no desde la salud ni los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
 
Apenas este fin de semana, cientos de personas tomaron las calles de Tucumán para reclamar justicia, una marcha que se extendió a distintos puntos del país. En la ciudad hubo masivas concentraciones en la puerta de la Corte Suprema de Justicia nacional y luego se realizó una marcha desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo.
 
El fallo judicial provocó alegría y esperanza en militantes feministas y de Derechos Humanos, así como agrupaciones como Amnistía Internacional y Católicas por el Derecho a Decidir en el país sudamericano, que exigen justicia al considerar esta historia como un caso emblemático de violación a los derechos de las mujeres.
 
La noticia también provocó comentarios de alegría en las redes sociales. Las organizaciones que acompañan la causa consideraron como un logro de su lucha la liberación de la joven y comenzaron a pedir lo que sigue: la anulación de la condena por la que se le encerró. 
 
16/MB/JLMK/GGQ 








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