derechos humanos

MUJERES CAUTIVAS
Trata de Personas
   Mujeres Cautivas
Trata, prostitución y feminicidio
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/01/2018

Las dos recientes muertes de una modelo argentina y de una venezolana, hicieron sonar las alarmas en México como país de destino de los delitos en materia de trata de personas.

Justo, en este país, donde siete mexicanas son asesinadas cada día, solo un 25 por ciento de los casos son señalados como feminicidio, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La situación para las mujeres extranjeras sin redes sociales de apoyo es peor, sobre todo cuando son expulsadas de sus países de origen por falta de oportunidades, pobreza, pobreza extrema, conflictos armados o la presencia de la delincuencia organizada.

Los casos de feminicidio de las dos modelos extranjeras están ligados por el hecho de que ambas se anunciaban en un sitio web de "escorts" denominado “Zona Divas” en México, aunque existe en casi todo el mundo y muchas otras como “BackPagage”, “Bellas Escorts” y muchas otras, que incluyen Twitter y Facebook.

La argentina Karen Ailen Grodzinski, de 23 años, y la venezolana Génesis Uliannys Gibson, de 24 años, son las dos modelos asesinadas y que se presume fueron víctimas de trata y explotación o esclavitud sexual.

Ambas jóvenes fueron encontradas sin vida en diferentes hoteles. La primera, el pasado 27 de diciembre, en la Ciudad de México y la segunda, el 17 de noviembre, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con medios locales, Karen fue la primera que denunció en redes sociales la desaparición de Génesis, el 16 de noviembre, y quien identificó su cuerpo para posteriormente comunicarse con la familia de su amiga. Diez días después Karen fue asesinada.

Medios locales dieron a conocer que ambas jóvenes llegaron a México por medio de una familia identificada como Santoyo Cervantes que las colocó en dicho portal de "escorts".

Como es su costumbre, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, invadiendo competencias, salió a medios para asegurar que los casos de feminicidio de las modelos sudamericanas Génesis y Karen Ailen no tienen relación entre sí, aunque ambas compartían una amistad, consecuencia de su trabajo en sitios de internet, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido.

Desde el 2006, Nemesio Lugo Félix, de la Policía Federal, estaba investigando a un grupo de tratantes de mujeres que operaba en Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, Chile, Brasil, Costa Rica y México. A principios de mayo del 2006, Lugo fue asesinado cuando iba llegando a su oficina.  Hoy "una de las líneas de investigación que también sigue la policía es una presunta red de trata de mujeres, a quienes contactan en varios países de Sudamérica bajo la promesa de convertirlas en actrices, conductoras, cantantes, bailarinas, pero al llegar a México son obligadas a servir como damas de compañía".

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos, en su Artículo 4, se define como:

…XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén.

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas…

Y en los artículos siguientes se establece que:

…Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley.

Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma… 

A pesar de lo anterior, el portal emitió un comunicado de prensa en el que afirmaron que las "modelos/escorts" solo pagan una cuota mensual por publicitarse en el sitio y argumentaron que las modelos o "escorts" firman un convenio ante notario "en el que declaran que lo hacen bajo voluntad propia y sin ser obligadas a prostituirse".

Sus argumentos fueron desestimados por las declaraciones de una víctima venezolana que logró escapar y pudo rendir su declaración, como lo hicieron ya las 4 víctimas rescatadas en Cuernavaca, Morelos y las 23 rescatadas recientemente en Toluca, Estado de México.

VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y FEMINICIDIO

En los últimos años han asesinado a cuatro colombianas en la Ciudad de México, tres argentinas –incluso una de ellas fue localizada en el anfiteatro de la escuela de medicina del IPN, dos venezolanas y una brasileña a quién privó de la vida Beltrán Leyva en Cuautla, Morelos.

En todos los casos, las autoridades las han criminalizado, imputándoles –“en un acto irresponsable y sin concluir la investigación- que estaban relacionadas o señalándolas como copartícipes de bandas criminales dedicadas al narcotráfico”, decía la periodista colombiana Margarita Solano, en “Lo Político”.

De acuerdo con un informe del periódico El País de España, en los últimos años, la trata de mujeres con fines de explotación sexual ha pasado a ser el segundo negocio más lucrativo en México, después de las drogas. Así lo indica un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero lo que es más preocupante es que algunos militares han entrado a formar parte de la red de secuestros y explotación sexual, así como los narcotraficantes, que ven en este rentable negocio una forma muy jugosa de diversificar sus ingresos y una de las caras más amargas de la violencia de género, según concluyen varios estudios de la ONU.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

 

18/TUZ/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Dos décadas de impunidad
"Se olvidaron de nosotros": Acteal
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo|Familia Luna Pérez, sobrevivientes de la masacre de Acteal. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 22/12/2017

20 años después de la masacre de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 personas en manos de grupos de civiles armados, sobrevivientes y organismos humanitarios coinciden en que el crimen sigue impune, porque los autores materiales fueron liberados paulatinamente desde 2009, bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso judicial en su contra; en tanto la autoría intelectual en la que habrían estado involucradas autoridades estatales y federales, nunca se sancionó.

Los sobrevivientes de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, continúan afectados por las secuelas físicas, emocionales y sociales que dejó ese acontecimiento, explicó el especialista Carlos Martín Beristain, en el estudio que llevó a cabo con ayuda de varios psicólogos, y que se publicó bajo el título “Acteal: resistencia, memoria y verdad”.

A pesar de ello, las personas sobrevivientes persisten en su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2005, para que este organismo emita una recomendación al Estado mexicano, porque aseguran que los civiles armados (paramilitares) que los agredieron, actuaron con aquiescencia del gobierno.

En su argumento señalan que fueron víctimas de la guerra de baja intensidad utilizada como estrategia para anular cualquier adhesión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el marco de la conmemoración de los 20 años de este hecho, el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jan Jarab, visitó la comunidad Acteal, y escuchó los testimonios de las y los sobrevivientes.

El diplomático expresó su solidaridad y se sumó a la exigencia de justicia “para romper este círculo vicioso de la impunidad que prevalece hoy por hoy en México”.

“SE OLVIDARON DE NOSOTROS”

Fernando Luna Pérez tenía 7 años cuando ocurrió la masacre. Su madre, Juana Pérez Pérez, y su hermano Juan Carlos, de 2 años, murieron asesinados. “Fue difícil vivir sin una madre, mi padre estuvo conmigo pero hubo momentos en que no tenía ni para comer”, recuerda.

A pesar de esta situación, Fernando logró estudiar hasta la escuela Preparatoria, después no tuvo recursos para continuar. En 2009 asistió junto a la delegación de sobrevivientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México a pedir que no fueran liberados los autores materiales de la masacre. No fueron escuchados.

“Para el gobierno es como si no hubiera pasado nada. Es una indignación porque no ha habido justicia, se olvidaron de nosotros. Murieron nuestros familiares y no les importó. Se olvidaron de nosotros”, señala.

Micaela y María Vázquez Pérez también son sobrevivientes de Acteal. En la masacre murieron sus hermanas Marcela y Antonia Vázquez Pérez

Viven en una pequeña casa de una sola pieza, en la entrada a la comunidad. Actualmente tienen 32 y 40 años de edad. Se mantienen vendiendo artesanías en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Los recursos que obtienen son insuficientes para poder pagar atención médica que les permita recuperarse de las secuelas que les dejó la masacre.

“Mi papá, Francisco Vázquez Hernández, cuando se murieron mis familiares se puso muy triste. Todavía sobrevivió y apenas el año pasado (2016) falleció… ahora estoy sola. Ojalá tuviéramos un espacio para vender artesanías, ojalá haya justicia, ojalá nos reparen los daños y nos indemnicen”, explica María.

 Antonio Luna Santis también murió buscando justicia.  En la masacre perdió 5 familiares, su hija y tres nietos, Marcela Luna Ruiz;  Alejandro, Juan y Silvia Pérez Luna; y su yerno Miguel Pérez Jiménez.

Se quedó a cargo de sus tres nietas, entre ellas Zenaida, quien perdió parcialmente la vista a consecuencia de un disparo que recibió durante la masacre. Hoy su familia se suma a la petición para que el Estado mexicano sea sancionado por la masacre, y a los sobrevivientes se les repare el daño y sean indemnizados. Esto les permitiría recibir atención médica.

A pesar de este escenario, los sobrevivientes insisten, “nosotros no queremos venganza, lo que queremos es justicia. Ellos, los paramilitares que participaron en la masacre son nuestros primos, son nuestros vecinos… entendemos que fueron engañados, por la pobreza los engañaron, los manipularon. Pero sólo la justicia puede traer la paz, solo la justicia puede impedir otra masacre”.

17/AM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres se unen antes de cumplir mayoría de edad
A debate, matrimonio adolescente en México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/12/2017

Una Acción de Inconstitucionalidad en Aguascalientes para permitir el matrimonio de adolescentes de 16 a 18 años de edad abrió un debate entre dos posturas: por un lado quienes aseguran que se trata de promover la autonomía y libre desarrollo de la personalidad; y por otro quienes sostienen que es una práctica nociva que no permite realizar un proyecto de vida libre de roles de género.

Una postura asegura que negar el matrimonio a adolescentes vulnera derechos; pero, para la otra, prohibir que las y los menores de 18 años de edad se casen no es limitar su autonomía sino abrirles posibilidad para que creen un proyecto de vida sin necesidad de dejar de estudiar, de ingresar a trabajos precarios o de ser padres a edad temprana.

El debate se da en un país donde los grupos eclesiásticos y conservadores insisten en el matrimonio como una institución natural y donde hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de los 18 años de edad, según datos recabados por ONU Mujeres.

REFORMAS A DEBATE

El debate surgió en Aguascalientes, donde el Código Civil decía, en su Artículo 145, que la edad mínima para contraer matrimonio era de 18 años pero establecía una excepción: se podían otorgar dispensas de edad por “causas graves y justificadas” a adolescentes de 14 a 18 años de edad, decisión que sería tomada por un juez.

Sin embargo Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014 y que considera el interés superior de la infancia y adolescencia obligó a los estados a reformar sus leyes para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas o excepciones.

En 2016 el Congreso de Aguascalientes cumplió con su obligación de reformar el Artículo 145 para establecer que “la edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años” y así eliminar cualquier dispensa para evitar que las y los jóvenes contrajeran nupcias.

En respuesta a esta reforma la Comisión de Derechos Humanos del estado, encabezada por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (22/2016) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que en ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre adolescentes de 16 a 18 años.

MATRIMONIO ADOLESCENTE NO INFANTIL

Un caso que abrió la discusión se dio en Nayarit: dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, pidieron el derecho a contraer matrimonio. La pareja estaba embarazada por lo que decidieron casarse pero un juez negó la petición debido a la edad de los contrayentes. Después de interponer un amparo los adolescentes pudieron contraer nupcias. A la fecha hay dos casos de este tipo en Nayarit.

En opinión de GIRE, organización que desde hace 25 años promueve el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, la prohibición sin excepciones al matrimonio adolescente vulnera el derecho de los jóvenes a su vida privada y a la libre personalidad.

Con el ejemplo de Nayarit y enfatizando en que no se trata de matrimonio infantil, GIRE considera que en Aguascalientes como en otros estados se deben establecer casos específicos para descender la edad del matrimonio, lo que permitirá proteger derechos como el acceso a seguridad social, el registro de las y los hijos en la escuela o en el sistema de salud.

La coordinadora de Investigación de GIRE, Isabel Fulda, destacó en entrevista que si se trata de proteger a las niñas de matrimonios forzados, situaciones de violencia y embarazo adolescente, prohibir el matrimonio es una medida al menos superficial porque en estos fenómenos influyen otros factores.

Con esta postura coincide la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) que junto con GIRE y apoyo de la International Planned Parenthood Federation y Data Cívica publicaron el informe “Prohibir sin proteger. El matrimonio adolescente en México”.

Esta investigación busca echar abajo los mitos de estas uniones. Las organizaciones señalan que el matrimonio adolescente no es un problema porque 5 de cada 100 mujeres menores de edad viven con su pareja; de ellas ocho de cada 10 viven en unión libre; y en 2010 había 269 mil mujeres menores de edad casadas y en 2015 la cifra descendió a 248 mil.

Agregan que es un mito que las mujeres se casen con hombres mayores porque 81 por ciento de las menores de edad casadas estaba con un hombre de 25 años o menos y sólo 26 por ciento estaba casada con alguien de 26 años o más. En promedio, en estas parejas hay una diferencia de tres años de edad.

ARGUMENTOS IMPRECISOS

Quienes están a favor de excepciones a los Códigos Civiles señalan que el matrimonio adolescente en ciertos casos permite la autonomía personal, es decir, que las personas menores de edad elijan su proyecto de vida; permite el acceso a derechos, en particular fiscales, patrimoniales y migratorios; y que negar las uniones formales restringe otros derechos.

Estos tres argumentos que sustentan la necesidad de permitir el matrimonio de jóvenes de 16 a 18 años de edad (en Aguascalientes se permitía desde los 14) son imprecisos, dice el coordinador de Asuntos Jurídicos de la Organización Save the Children, Saúl Sánchez Jiménez, entrevistado antes de la presentación del informe de GIRE.

El abogado explicó que el primer argumento supone que a través del matrimonio ambas personas contrayentes tendrán acceso a derechos como heredar, seguridad social o beneficios fiscales, explicación que se basa en un criterio del Poder Judicial sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, mayores de edad.

Para el defensor, es tramposo usar este criterio porque cuando se trata de menores de edad el interés superior supone un escrutinio más estricto de derechos que podrían ser perjudicados pero sobre todo porque no hay datos oficiales que confirmen que el matrimonio en menores de edad realmente tiene beneficios directos para las personas.

A la fecha, explicó, no hay evidencia empírica de que ese acceso a derechos esté sucediendo, es decir, no hay datos de cuántos adolescentes casados accedieron a seguridad social, guarderías, derechos de herencia, créditos para vivienda, etcétera; incluso en algunos casos estar en unión libre o ser soltero no puede ser impedimento para acceder a ciertos beneficios, como registrar a una hija o hijo.

PROTECCIÓN DE ADOLESCENCIA

Hay que preguntar, dice Sánchez Jiménez, dónde está el Estado si los jóvenes se tienen que casar con personas más grandes, o entre ellos, para acceder a derechos. “Significa una verdadera omisión del Estado en términos de cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescencia, lo que significa a su vez la inobservancia a la Constitución, leyes secundarias y sobre todo a tratados internacionales firmados por el Estado mexicano”.

Las reformas para fijar los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio responden a observaciones y recomendaciones de organismos internacionales. Una de ellas es la recomendación general número 21 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Este organismo considera que el matrimonio implica importantes obligaciones, por lo que no debería permitirse antes de que se haya alcanzado de manera plena la madurez y la capacidad de obrar, y destaca que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los menores de edad se casan, especialmente las niñas, y tienen hijos, su salud se puede afectar y su educación se entorpece.

En el caso de México, menciona en entrevista la oficial de Comunicación e Incidencia en México de Save The Children, Ivonne Piedras, de acuerdo con datos de Inegi, quienes se encontraban en uniones formales, no tenía mejores de condiciones de vida ni de vivienda, más del 47 por ciento de niñas y adolescentes casadas tenían al menos un hijo vivo, 80 por ciento ya no estaba en la escuela y casi 70 por ciento se dedicaba al cuidado del hogar.

Además, de lado de la teoría constitucional, un Derecho Humano no se puede restringir así como así, se tiene que llevar un proceso, incluso legislativo, para hacer una restricción que sea lo menos invasiva y por el menor tiempo posible. En este caso la restricción al matrimonio es temporal porque al momento de cumplir 18 años las personas se pueden casar sin mayor problema.

“Así como se restringe a algunos sectores, por ejemplo, en el cine, la televisión; venta de alcohol, estupefacientes, cigarros, bebidas alcohólicas; acceso al trabajo sexual, en fin, de la misma manera es necesario decirles a los chicos, no te metas aquí todavía, aguanta”, explicó.

Con esta postura coinciden Oxfam México, World Vision, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Youth Build International, Inclusión Ciudadana y la Red por la Infancia y la Adolescencia Puebla, entre otras, quienes suscribieron un amicus curiae (documentos con argumentos de expertos) que ya fue presentado ante la Suprema Corte.

¿ADOLESCENTES SE QUIEREN CASAR?

Además de sondeos a pequeños grupos de personas no hay forma de saber si las y los jóvenes se quieren casar, pero lo cierto es que el matrimonio como derecho y como institución está en declive. Inegi registró un aumento en los divorcios y un descenso de los matrimonios. En 2012 hubo 585 mil 434 casamientos y al 2014 se registraron 577 mil 713 matrimonios.

El Informe de GIRE señala que quienes defienden la prohibición absoluta del matrimonio tienden a asumir que toda unión de menores de edad es forzada o con riesgo de violencia. Sin embargo, dice, hay diversas razones por las cuales las personas menores de edad pueden considerar que casarse representa una elección adecuada para su vida y, de acuerdo con su desarrollo progresivo, se les debe escuchar y tomar en cuenta.

A su vez, el trabajo de campo y testimonios recogidos en Oaxaca y Sinaloa por Ivonne Piedras dicen que cuando se pregunta a las adolescentes si fue su voluntad casarse dicen si, “yo quería, yo decidí” pero cuando avanza la charla explican que decidieron casarse o unirse por la presión familiar que las estaba empujando o por querer independencia.

Como ejemplo, una adolescente de Sinaloa decidió casarse y tener su propio hogar pero después no estaba segura de haber tomado la mejor decisión porque ahora tenía que cuidar a su marido y a su bebé. “Se casó porque estaba cansada de vivir en su casa, en un espacio muy chiquito donde vivían 7 familiares, donde se tenía que hacer cargo de sus hermanos, donde había violencia familiar”, explicó la investigadora.

Otro factor es que en ciertos lugares contraer nupcias da un estatus porque ahora se toma en cuenta a las esposas, las escuchan, consideran sus opiniones o porque permanecer soltera “es negativo”, también porque casar a una hija representa quitar una carga económica a la familia. “Hay toda una serie de factores que los están obligando a casarse y podrían ser matrimonios forzados”, señaló Ivonne Piedras.

A ello se suma que cuando salen a la luz argumentos como que las adolescentes deben tener derecho a casarse así como tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado, Saúl Sánchez dice que dos fenómenos distintos se están midiendo con la misma vara porque la interrupción del embarazo es un derecho fundamental que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y con el derecho a decidir sobre el cuerpo, la maternidad y la paternidad.

MONEDA EN EL AIRE

Mientras las posiciones divididas difieren en si hay una relación entre el matrimonio, el embarazo y la maternidad temprana, ambas partes coinciden en que debe haber opciones para las y los jóvenes, acceso a la escuela, a seguridad social, centros de salud accesibles y de buena calidad, buena alimentación y vivienda, entre otras condiciones.

En tanto la moneda está en el aire y la Acción de Inconstitucionalidad que impugna las reformas aprobadas en Aguascalientes en febrero de 2016 se encuentra en análisis a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas en espera de ser discutida por el pleno de los once ministros para ver si puede o no haber excepciones por “causas graves y justificadas” la edad legal para casarse.

De acuerdo con Save The Childrren este concepto de “causas graves y justificadas” que se establecía en el Código Civil de Aguascalientes proviene del Código de Derecho Canónico de 1985 y después de revisar la doctrina civil y familiar en la materia se entiende que las causas graves se relacionan con delitos sexuales y las justificadas con las personas que “han tenido amores con aquel con el que se va a casar”, es decir se tienen que casar si tienen una relación secreta y son descubiertos.

Entonces, en sus orígenes, explica la organización defensora de los derechos de la infancia, este concepto tienen un acentuado sesgo al tema de la sexualidad femenina, de la vida sexual de las mujeres y el bien jurídico tutelado no es si sufrieron un abuso sexual, una violación, algún delito sexual sino la sexualidad de la chica, la honra y la reputación de la familia.

En caso de que la Suprema Corte declare inválidas las reformas dejaría un precedente favorable para que haya dispensas a la edad mínima para casarse y en todo caso tendría que exponer cuándo hay o qué son las causas graves y justificadas para permitir nupcias de menores de edad.

17/AGM/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Necesarias para acabar con discriminación
   
Experta de ONU demanda acciones contra violencia de género en Bahamas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Ciudad de México.- 20/12/2017

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, señaló hoy que Bahamas necesita adoptar una serie de medidas para acabar con la discriminación y la violencia de género.

Después de su visita oficial al país caribeño, la experta independiente de Naciones Unidas, aseguró que deberían consagrar el principio de la igualdad de género en su Constitución.

La discriminación sexual contra las mujeres no está prohibida en todos los ámbitos y el principio de igualdad entre mujeres y hombres no está consagrado en la legislación, lo cual da lugar a un marco jurídico débil para la protegerlas a ellas, recalcó en su reporte.

Šimonović instó al gobierno de Bahamas a aprobar una ley general sobre la violencia contra mujeres y niñas, y acabar con otras lagunas jurídicas al prohibir -por ejemplo- la violación conyugal o permitir que las adolescentes reciban anticonceptivos y otros servicios de salud sin el consentimiento de los padres.

La violencia contra las mujeres está profundamente arraigada en los estereotipos de género persistentes y el patriarcado, apuntó.

“Desde mi punto de vista, la violencia contra las mujeres se oculta, se niega y, lo que es aún más preocupante, se acepta como normal”.

Por ello, añadió la relatora especial, resulta indispensable más educación sobre igualdad de género y violencia de género, además de sistematizar los datos y análisis que permitan revelar el alcance de estos problemas.

Otra de las recomendaciones de la experta de la ONU fue crear más refugios y lugares asistenciales a donde puedan recurrir las mujeres si sufren violencia de género.

También mostró preocupación por la impunidad que tienen quienes cometen violaciones contra mujeres y niñas, y en ese sentido recomendó el establecimiento de tribunales especializados.

17/RED/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Se encontraba en riesgo y no la protegieron, denuncian familiares
Sin culpables: Autoridades se deslindan de feminicidio de Jessica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: María Constanza Terranova
Cimacnoticias | Pachuca, Hgo.- 20/12/2017

Durante su estancia en el Refugio, Jessica fue llamada a comparecer por el juez Porfirio Austria Espinosa con el fin de hacer efectiva la orden de reaprehensión contra CMET. Su argumento: dudaba de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público y, según sus declaraciones, “estaba protegiendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia”.

Debido a que Jessica se encontraba en el Refugio, del cual por seguridad y reglamento no podía salir, no pudo presentarse para rendir declaración.

“Es evidente que hubo una falla, en el sentido de que tenías una víctima, que tenía un peligro altísimo, que había sido agredida, después que había intervenido la autoridad, y que comienza a tener inconvenientes en el Refugio, y no hay una autoridad que atendiera su interés”, señaló el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, Jorge Alberto Huerta Cruz.

En tanto, Jessica declaró haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del personal del Refugio, haber sido obligada a trabajar, limpiar y no recibir ni ella, ni sus hijos, comida en buen estado, así como suficiente agua y papel de baño, además de atención médica.

De sus quejas sobre el personal derivó una llamada anónima a su abogado.

El 6 de agosto, es decir 13 días después de su ingreso, una voz de mujer informó que iban a echar a Jessica del Refugio. Y efectivamente, unas horas después, autoridades del albergue se comunicaron para informar sobre la expulsión necesaria. Sólo logró retardar la salida del refugio un día.

Cuando Jessica y los niños llegaron a la UAPAVIF, donde citaron al abogado y a la familia, los dos niños más chicos se encontraban en mal estado. De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el reclamo de la víctima por mayor atención ante los problemas de salud de sus hijos, fue el motivo de su expulsión.

Este hecho quedó confirmado porque la directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVIF), la médica Nora Sosa, accedió a la petición de la familia de examinar a los niños y determinó que el más pequeño, entonces de 4 años de edad, presentaba una infección y extendió la receta médica para que pudieran comprar el medicamento.

“Dentro de las muchas situaciones hablaban bueno de... esta parte de la insatisfacción de ella de no estar conforme con los servicios que se estaban dando en el Refugio. Que sus hijos estaban enfermos y no los habían atendido.

Que quería agua y los habían regañado porque había tomado una jarra de agua. Cosas así que para mí son… pues meramente técnicas o logísticas del Refugio. Porque ellos tienen un reglamento, no les pueden dejar que lleven jarras de agua a la recámara, pues con vidrio, por el riesgo que conlleva con personas que están con desestabilidad emocional ¿no?”, retiró Sosa.

Pero para la madre de Jessica, no hubo ninguna intención de proteger a su hija.

“Yo estuve presente, nos la sacaron porque tuvieron miedo. Supieron cómo era él y nos la sacaron en un mal estado y malas condiciones de los niños, con vómito, diarrea y temperatura. Ya muy forzada, la persona que los entregó, una doctora, los revisó y les mandó medicamento. Nos dieron un papel, que era lo que ellas querían que dijera. Y no lo aceptamos. Mi hija Verónica les dijo: Así no es. Yo quiero que sea como se debe’. Entonces redactó otro pero ellos agarraron y lo rompieron”, recordó la madre.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, aseguró que la unidad de Pachuca solicitó la transferencia de las víctimas a un sitio de alta seguridad en la Ciudad de México pero Jessica fue quien no aceptó.

Sin embargo, al solicitar un documento que pruebe esta afirmación, tanto a la Red Nacional como a la funcionaria de la Secretaría de Salud que sostiene el mismo argumento, ninguna lo mostró.

Una vez fuera del Refugio, el 7 de agosto de 2014, Jessica y sus tres hijos fueron trasladados a una casa que prestaron a su abogado, en la colonia Providencia, en la zona conurbada de Pachuca.
Allí esperarían a que Gerardo, hermano de la víctima, hiciera los arreglos necesarios para trasladarlos a Los Cabos, en Baja California. Pero el 14 de agosto, es decir siete días después, CMET encontró la casa y asesinó a Jessica y a Gerardo con arma de fuego.

Antes de huir, el militar amenazó a los vecinos que salieron a ver lo que sucedía. Gerardo murió en el acto, en la calle. Jessica murió de camino al hospital.

Una semana después, el 21 de agosto, dictaron la orden de reaprehensión contra el presunto feminicida, quien sigue prófugo. De acuerdo a lo declarado por la familia de las víctimas, porta armas de uso exclusivo del Ejército, balas expansivas y granadas.

A tres años del feminicidio de Jessica, sus tres hijos viven con sus abuelos y su tía, aún sin poder estar bajo su tutela legal por falta de acción de las autoridades correspondientes. Acerca de la atención psicológica que deberían recibir, su abuela comentó que en el Centro de Salud de Tulancingo les dijeron “que no hay lugar”.

Tanto a la abuela como a una de las tías “les recomendaron tomar un curso de crianza antes de brindar atención a los niños”.

SIN CULPABLES

Como respuesta a la recomendación R-VG-001-17 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, producto de la denuncia de Verónica González Mandujano, con fecha del 10 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia inició 17 días después, una investigación interna contra el Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura (órgano regulador de las competencias judiciales) necesitó de una recomendación de Derechos Humanos para notar estas irregularidades. En los tres años que transcurrieron desde el feminicidio, no advirtieron, o decidieron no actuar, sobre la serie de procedimientos dudosos del juez.

En cuanto a la Secretaría de Salud, iniciaron un proceso contra la médica del Refugio Nora Sosa, el cual aún no concluye. Nadie ha respondido por los hechos acontecidos en 2014.

Respecto al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, señalado directamente en la Recomendación de la Comisión Estatal, no existe información pública al respecto, y cuando se solicitó una entrevista con su área de Comunicación, no hubo respuesta.

La recomendación de Derechos Humanos sigue sin cumplirse. El victimario está libre. Las víctimas, especialmente los hijos de Jessica, quienes actualmente tienen 14, 9 y 7 años de edad, no reciben atención de ningún tipo por parte del Estado mexicano, y las autoridades judiciales han dejado cabos sueltos como la responsabilidad de las personas involucradas en el secuestro y tortura de la joven asesinada.

En Hidalgo la organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15 municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec) seguido de Tulancingo y Tizayuca.

El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013, con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.

17/MCT/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral
Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2017

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.

Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.

“LA LEY GOLPISTA”

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.

Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES

Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.

Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.

Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.

Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.

“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.

De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.

“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.

PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS

Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.

Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.

Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.

Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.

“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.

Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.

El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.

SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI

Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.

“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.

La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.

Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.

Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.

DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES

A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.

En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.

De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.

Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.

Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.

Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.

Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.

La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.

Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.

17/HZM/MMAE/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Su presunto agresor pertenece al Ejército mexicano y está libre
Sin culpables: feminicidio de Jessica González Mandujano
CIMACFoto: César Martínez López
Por: María Constanza Terranova
Cimacnoticias | Pachuca, Hgo.- 19/12/2017

Las omisiones y actuaciones por fuera de la ley del personal de la Secretaría de Salud, de la Procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo condenaron a la muerte a Jessica González Mandujano, víctima de violencia de género por su pareja.

En julio de 2014 el capitán CMET (omitimos su nombre completo para respetar el principio de presunción de inocencia que establece el Nuevo Sistema de Justicia en México) asesinó a la que fue su pareja por más de 14 años. Hoy el victimario sigue en libertad.

Cuando Jessica conoció a CMET, él era teniente del Ejército mexicano y rondaba los 30 años mientras que ella, menor de edad en ese momento, aún no terminaba la secundaria. Ambos se veían sin el consentimiento de la familia de la joven. Después de pocos meses de noviazgo, Jessica se mudó a Chiapas para vivir con el militar. Allí tuvieron a sus tres hijos.

“Pues no, la verdad es que no tuvieron mucho noviazgo. Él venía y la buscaba y la buscaba. Me decía: ‘ahorita vengo, voy a la tienda’. Pero yo creo que lo veía porque una vecina me decía ‘vi a Jessica con ese señor que parece su papá’. Entonces le decía: ‘pero Jessica, mira que esa persona no te conviene, estás jovencita, ahorita estás para escoger no para arrebatar’; pero yo creo que ella estuvo siempre amenazada. Ella me dijo después que cuando la golpeaba, le decía: ‘Si tú le dices a tus padres, los mando a matar’”, aseguró en entrevista, la madre de la víctima.

Cuando la pareja y los tres hijos regresaron a Hidalgo, la familia González Mandujano fue testigo de numerosas situaciones de violencia y amenazas hacia Jessica. El 13 de octubre de 2013 inició la primera denuncia judicial sobre la situación que sufría a manos de CMET. Esta se hizo efectiva hasta el 30 de mayo de 2014.

“En ocasiones le ponía la pistola en la cabeza. Una vez fui a su casa y empezaron a discutir. Estaba mi hermano el fallecido, su esposa, los niños y yo. De momento empezaron a discutir, siempre por celos. Entonces ella le dijo ‘¿quieres que diga todo lo que eres?’ Él se molestó y dijo: ‘tú dices y sabes lo que pasa’ Y le puso la pistola en la cabeza. Ese día sentí que la sangre se me fue. Ella tenía una radiografía con una fisura en la cabeza que le había hecho con la pistola”, dijo en entrevista la hermana de la víctima.

Jessica rogó por secretismo en su denuncia ante los funcionarios del Ministerio Público de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, pues temía las represarías de CMET, quien fue notificado y posteriormente aprehendido en los primeros días de junio de 2014. Tras pagar fianza, fue puesto en libertad dos días después.

Posterior a ello, el Ministerio Público omitió notificar tanto al presunto asesino, como a Jessica sobre una orden de restricción emitida con el objetivo de salvaguardar a la víctima. Además la instancia no aseguró que las medidas de protección se hicieran efectivas.

En violación a esta medida, CMET irrumpió en la casa que había compartido con Jessica en Tulancingo. Allí la violó y torturó. Luego de lo sucedido, Jessica informó a un abogado asignado por pedido de un coronel de la 18 zona militar.

“CMET llegó en la madrugada, se metió como delincuente y me sentó en una silla y me amarró de pies y brazos en ella con cinta negra y a ponerme una bolsa en la cabeza. Eso me lo hizo de la una de la mañana hasta las cinco y media de la mañana. Xfa (sic) si les llegan estos mensajes no los deje sin darle importancia”, se lee en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal consultada, en la que destaca que este es uno de los mensajes de texto que Jessica envió a su abogado.

El abogado acudió al Ministerio Público para presentar las pruebas de la violación y la tortura y de esta manera reclasificaran la averiguación iniciada por violencia familiar a violación sexual. Los agentes públicos se rehusaron a hacerlo e iniciaron una averiguación por el primer delito con fecha del 19 de julio de 2014.
Posteriormente CMET volvió a irrumpir en la casa de la víctima. Esta vez la secuestró junto con sus tres hijos.

“¡La secuestró! También el día que lo agarren él tiene que decir dónde están esas personas, a dónde llevó a Jessica y a los niños. La violó ahí, estando los niños y estando la familia donde los llevó. Ella se escapó como pudo. Llegó con los niños espinados, arañados porque bajaron de un cerro, señorita yo no sé dónde fue esto. Y llegó a la carretera y pidió ayuda. Se fueron a levantar el acta, pero nunca procedía nada”, narró la madre de Jessica.

Todo lo relatado sucedió en presencia de los tres menores de edad: la violación, la tortura con choques eléctricos, los golpes y amenazas. Esta vez, cuando Jessica fue a levantar la denuncia, sí la clasificaron como violación. De acuerdo al testimonio de un agente público del Ministerio, volvieron a solicitar una orden de reaprehensión contra el acusado al Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.

La familia González Mandujano, desesperada por protección, acudió a la 18 zona militar, antiguo lugar de trabajo del presunto feminicida para solicitar apoyo. Allí les explicaron que no podían hacer nada y los derivaron al DIF. En esta instancia los volvieron a canalizar a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, que depende de la Secretaría de Salud estatal.

En dicha unidad realizaron una evaluación psicológica, la cual determinó que Jessica era víctima de una violencia extrema. Además padecía depresión, estrés postraumático y ansiedad. En línea con este diagnóstico le dieron ingreso el 25 de julio de 2014, junto con sus hijos, al único refugio para mujeres que hay en Pachuca, Hidalgo.

En Hidalgo a organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15 municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec) seguido de Tulancingo y Tizayuca.

El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013, con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.

17/MCT/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Ayuda humanitaria no llega para embarazadas
   
Conflicto agrario en Chenalhó ha provocado 5 muertes de niñas y mujeres
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 20/12/2017

Personas desplazadas de las 8 comunidades de Chalchiuitán afectadas por este problema de límites con Chenalhó, rechazaron el dictamen del Tribunal Agrario dado a conocer el pasado 13 de diciembre, en el que se les quita su derecho a la tierra donde vivieron hasta antes de su desplazamiento forzado.

Insisten en que de acuerdo a los títulos primordiales de principio de siglo XX, esa tierra en la que tienen sus viviendas y sus campos de cultivo, ha sido parte de Chalchiuitán, aún cuando ahora legalmente el Tribunal Unitario Agrario le da la titularidad de la tierra a Chenalhó.

Las personas que tuvieron que desplazarse de sus comunidades, dijeron que no aceptarán la reubicación ni el dinero que les ofrece el gobierno (hay que señalar que se trata de no más de 50 mil pesos por familia). Informaron que impugnarán el dictamen del Tribunal Unitario Agrario ante el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una asamblea realizada en la plaza central de ese municipio, explicaron que “las autoridades afirmaron que es mentira que haya ganado Chenalhó, que hay un empate, porque no fue en favor de uno ni de otro, pero la gente se rió”, aseguraron los pobladores consultados. Agregaron que otro acuerdo tomado es que cambiarán de abogado, con el argumento de que “no ganaron el caso porque el defensor no hizo bien su trabajo”.

DEPRESIÓN Y EFECTOS EMOCIONALES

Raymundo Luna Pérez, de 18 años de edad, originario de la comunidad Chenmut, Chalchiuitán, ingirió un herbicida para suicidarse luego que cayó en depresión a causa del desplazamiento forzado que enfrentaban junto con otras 5 mil personas a las que el Tribunal Unitario Agrario les negó el derecho a la tierra que habitaron hasta el día de su expulsión, ocurrida el 18 de octubre pasado.

La salud física y emocional de los desplazados se agrava cada día, explicaron organismos defensores de Derechos Humanos y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes dan asistencia médica y llevan alimentos que ciudadanos y comunidades han donado, a las personas desplazadas.

El pasado 17 de diciembre, a 3 meses de que tuvieron que abandonar sus viviendas, la muerte de Raymundo Luna se sumó a la de otras 10 personas que han fallecido tras el desplazamiento al que han sido sometidos, como consecuencia de la disputa por la tierra que sostienen con sus vecinos de Chenalhó.

En el caso de Raymundo, de acuerdo a su padre, Mariano Luna, estuvo sometido al estrés y depresión producto del desplazamiento, hasta que el pasado 3 de diciembre intentó suicidarse al ingerir el herbicida. Su padre lo localizó momentos después, y logró que médicos lo atendieran. Sin embargo no se recuperó, y tras dos semanas de convalecer, el pasado domingo falleció.

También han fallecido Catarina Sánchez Pérez, por sufrimiento fetal; Ernestina Sánchez Pérez, recién nacida, su madre se encontraba viviendo bajo lonas; Adriana de Jesús Pérez Pérez, de dos años y Maura Pérez Luna, de un año, por enfermedades respiratorias y hambre.

Domingo Girón Luna de 70 años, Marcelino Gómez López de 80 años, María Domínguez Gómez de 57 años y Mariano Pérez Aguilar de 67, han muerto por enfermedades respiratorias y por hambre. A estas muertes se suma la de Samuel Luna García, quien murió asesinado el 18 de octubre, cuando inició el desplazamiento forzado.

Diversos organismos humanitarios que trabajan en Chiapas exigieron a los gobiernos federal y estatal el urgente reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno para que eso obligue a las instituciones a la utilización y aplicación de protocolos efectivos que garanticen la seguridad e integridad personal a las personas desplazadas.

Piden de manera urgente la instalación de campamentos específicos para desplazados, condiciones de seguridad para evitar que sigan siendo amedrentados por los civiles armados que los expulsaron de sus comunidades, y para garantizar ayuda humanitaria integral y la búsqueda de garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

El gobierno de Chiapas, por su parte, informó ayer a través de un comunicado de prensa, que solicitó ayuda de la ONU para asistir a las personas desplazadas. En el mismo comunicado anunció que “para inicio de 2018” llegará a esta región, personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que buscará poner en marcha la producción de alimentos en la zona donde están los desplazados.

17/AM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   El feminismo en la construcción de la paz
   
Feministas contra las guerras y las fronteras
Imagen retomada del portal Pikara Magazine| Alrededor de mil personas se manifestaron en Santurtzi contra las guerras. / Foto: J. Marcos
Por: J. Marcos*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- 18/12/2017

El movimiento feminista vasco ha clamado contras las guerras, que empiezan en el Puerto de Bilbao, de donde parten barcos con armamento, y contra las fronteras. Estas son algunas de las imágenes que ha dejado una jornada de lucha, reivindicación y unión.

“Las feministas hemos opuesto a las guerras y hemos reivindicado la vida contra la destrucción y la muerte que acarrean. Las Mujeres de Negro en Serbia, en Palestina e Israel y en la guerra de los Balcanes, la Ruta Pacífica en Colombia o el Foro Social en Euskal Herria son ejemplos, entre otros muchos, del valiente posicionamiento de las mujeres en los momentos de conflicto y también de la necesidad del feminismo en la construcción de la paz”.

Para ver la nota completa ir a:  http://www.pikaramagazine.com/2017/12/feministas-contra-las-guerras-y-las-fronteras/

*Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

17/JM/LGL








DESDE LA LUNA DE VALENCIA
DERECHOS HUMANOS
   Desde la Luna de Valencia
Propuesta navideña
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.- 18/12/2017

Inevitablemente se acercan las fechas navideñas. Inexorablemente son tiempos de regalos y de buenos deseos. Incluso las personas a las que no nos gustan estas fechas, acabamos pronunciando la manida frase del "felices fiestas" como consecuencia de la catarsis colectiva que sufrimos socialmente. En fin, hay que pasarlas.

Este año propongo, a quien pueda leer esto, una reflexión como idea de regalo navideño. Y es la siguiente: ¿Qué pasaría si acabáramos (de una puñetera vez) con el patriarcado? ¿Nos lo pedimos?

Si definimos el patriarcado como: "Una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna.

El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible. El patriarcado es el constructo primario sobre el que se asienta toda sociedad actual” tendremos pistas para poder preparar nuestra petición de regalo navideño que, al tiempo, podría ser nuestra estrategia colectiva para iniciar una campaña colectiva para sensibilizar contra este sistema opresor.

La terrible alianza entre los sistemas capitalista y patriarcal está renovando su ofensiva contra los cuerpos de las mujeres y las niñas y, de ese modo, reforzar su poder sobre ellos.

Tenemos ejemplos recientes y muy dolorosos sobre lo que digo. La violación en grupo de los malnacidos de la manada a una joven en Pamplona en julio del 2016 y el posterior juicio, incluidos algunos comentarios de los abogados de los malnacidos, la agresión sexual a una adolescente de 15 años por parte de tres jugadores de fútbol de la Arandina, la proposición de ley de Ciudadanos para regular los vientres de alquiler, los recortes de derechos a las jóvenes menores de edad para interrumpir voluntariamente sus embarazos, la cosificación masiva de los cuerpos de mujeres y niñas con el fin último de incitar a consumir y también a consumirlos por parte de los puteros, la hipersexualización de los cuerpos de las niñas siendo incluso bebés con el objetivo de vender, nos hace ver que esa perversa alianza funciona. Y funciona bien.

Desde el feminismo la cuestionamos cada día y clamamos contra ella demostrando cotidianamente que es una alianza perversa y dolorosa que condiciona nuestra cotidianeidad e incluso nos destroza la vida con sus formas violentas de manifestarse o por los corsés que nos impone con su heteronormatividad sexual.

Sé que es una ilusión, pero quiero pensar que poco a poco y denuncia tras denuncia podremos ir recortando esos efectos perversos en nuestras vidas. Quiero pensar que el trabajo que mucha gente realizamos cada día en sensibilizar sobre la desigualdad que generan en todos los ámbitos de la vida estos sistemas opresores tiene resultados.

Que a la infancia que escucha en sus clases que mujeres y hombres han de ser iguales se les quede un poso para plantar cara a ese sistema y aprendan a relacionarse en igualdad de condiciones en todos los rincones de su vida. Que en sus planes de estudio se integre la educación afectivo-sexual que les ayude a entablar unas relaciones más simétricas y menos basadas en estereotipos que solo buscan someter a las mujeres.

Que de cada asamblea de trabajadores y trabajadoras en donde se expliquen las clausulas de los convenios en donde se esconde la desigualdad, sean esos mismos compañeros y compañeras los que las denuncien y exijan unas condiciones de trabajo y retribuciones igualitarias. Y que a su vez haya más mujeres en las negociaciones de esas condiciones de trabajo y de salarios.

Que cada persona con responsabilidad política, sea en un Ayuntamiento pequeño o en las Cortes Generales, se acuerde de ponerse las gafas moradas a la hora de tomar decisiones para que estas no impliquen desigualdades en demasiadas ocasiones ocultas pero reales. Y que se impulsen planes de igualdad para caminar hacia una ciudadanía más equitativa en sus condiciones de vida cotidianas.

Que los medios de comunicación sean mucho más escrupulosos con los lenguajes que utilizan tanto escritos como audiovisuales y con la forma de redactar determinadas noticias para que todas las personas nos podamos ver reflejadas correctamente en esos marcos informativos.

Que se nos dejen de cosificar nuestros cuerpos y se consideren cuerpos humanos de pleno derecho a todos los niveles, incluso en la salud. Y, por tanto que se invierta en investigación para saber qué tipo de enfermedades padecemos como mujeres y con cuerpos de mujeres y qué tratamientos son los más adecuados, dejando de ser ciudadanas de segunda a quienes nos recetan medicamentos que han sido diseñados y probados en cuerpos de hombres, puesto que era el universal sobre el que se estudia medicina, farmacia. Y por tanto que la salud de las mujeres deje de ser "esa gran desconocida" incluso para nosotras mismas.

Que se apliquen las leyes ya vigentes en esta materia para que desde las diferentes instituciones y comenzando por el Gobierno Central se impulsen las medidas ya aprobadas para construir una sociedad menos violenta con las mujeres y la infancia y, por tanto más igualitaria en todos los aspectos.

Si, ya sé que puede parecer una carta a las Reinas Magas, pero creo que es necesaria la implicación no solo de todos los agentes socializadores (familias, escuela, iguales, medios de comunicación) sino también de cada una de las personas de buena voluntad y que tenga claro que otras realidades son posibles. Con mucho trabajo, por supuesto, pero posible al fin y al cabo.

Esa es mi propuesta navideña de este año. De ella parto cada día cuando suena el despertador. Y soy consciente que hay muchas personas que hacen lo mismo cada día. Por eso mismo creo que, aún siendo complicado e incluso a veces pareciendo imposible, realmente no lo es.

Seguiremos trabajando cada día en todas las propuestas y proyectos en los que podamos colaborar para caminar hacia esa sociedad menos violenta con las mujeres y la infancia y más equitativa entre todas las personas. Esa es mi apuesta personal. ¿Y la tuya?

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

17/TMC/LGL








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